bilbao - La izquierda abertzale ha introducido en el debate político la discusión sobre el modelo turístico vasco, especialmente en el caso de Donostia, cuando hasta ahora era una cuestión que había permanecido al margen de la contienda partidista y el consenso había sido la nota dominante en el Parlamento Vasco. La propia EH Bildu pactó con el PNV la vigente Ley de Turismo, y votó a favor de ella en julio de 2016. La ley nació con la clara paternidad de las dos formaciones abertzales, mientras que el socialismo marcó distancias brindándole un apoyo crítico, y el PP se abstuvo.
En ese momento, la coalición abertzale participó activamente en su diseño con aportaciones de su cosecha. La norma fijó como requisito para alcanzar la máxima categoría hotelera que el establecimiento sea capaz de atender a sus clientes en euskera y que respete los derechos laborales, lo que se traduce en que no tenga en su expediente ninguna sanción de la Inspección de Trabajo. Pero, sobre todo, el objetivo declarado de la ley era aflorar los pisos turísticos clandestinos para que paguen impuestos y cumplan las condiciones de higiene y salubridad que los hagan habitables para los clientes. Ese es precisamente un punto clave del debate sobre el turismo donostiarra en este momento. Hace un año, EH Bildu daba su apoyo al proyecto porque consideraba que era “una buena ley que cuenta con el apoyo del sector y que ha sido mejorada con aportaciones” de la coalición, según explicaba Iker Casanova.
La principal novedad de la ley consiste en fijar la obligación de que los pisos turísticos se inscriban en el registro del Gobierno Vasco antes de iniciar su actividad y el consiguiente arrendamiento. Los propietarios tienen que presentar una declaración responsable de inicio de actividad turística ante la Administración vasca. De lo contrario, tendrán la consideración de establecimiento clandestino y se expondrán a ser sancionados. Una misma persona no podrá ofertar habitaciones en más de una vivienda. Ahora mismo hay unos 1.100 pisos turísticos inscritos, y se estima que casi la misma cantidad estaría operando de manera irregular.
En cualquier caso, la ley fija unos criterios muy generales, y los detalles sobre el número máximo de habitaciones que se pueden alquilar en una misma casa o el régimen de funcionamiento quedan al albur de un posterior reglamento. En la actualidad se sigue trabajando en este campo, con unas dificultades que no se ocultan a nadie porque los pisos turísticos llevaban años trabajando bajo otra regulación, y otros han proliferado rápidamente, en muchas ocasiones en condiciones de ostracismo y clandestinidad. Donostia está trabajando en una ordenanza que será aprobada el 29 de agosto y que introducirá varios requisitos para limitar la oferta en la Parte Vieja y la zona de Gros, por citar algunos de los casos más paradigmáticos.
En los últimos tiempos se ha producido un viraje súbito en el consenso entre EH Bildu y el PNV. La coalición abertzale presentaba como argumento hace unas semanas en el Parlamento Vasco que el Gobierno, a su juicio, no está actuando con celeridad y con la debida diligencia para implementar el acuerdo de hace un año. Esta protesta ha pasado a un nuevo estadio con la convocatoria de una manifestación por parte de las juventudes de Sortu, Ernai, el día 17 en plena Aste Nagusia donostiarra. También han aparecido algunas pintadas en las que se insta a los turistas a que se vayan a su casa, aunque Ernai se desvinculó ayer de ellas en declaraciones a Efe.
Esta controversia está adquiriendo una dimensión muy política en un contexto en el que colectivos juveniles y ligados a la CUP han dado un salto cualitativo en sus demandas protagonizando sabotajes a autobuses turísticos en Barcelona. En ámbitos cercanos al PP se establece un paralelismo entre esas acciones y la kale borroka, y aventuran que Ernai emprenderá el mismo camino en Euskadi con una campaña de acoso a los visitantes, aunque las juventudes de Sortu están tomando distancias con las pintadas que han aparecido en Donostia y desde varios sectores se llama a la prudencia ante estas interpretaciones.
preocupación por la imagen El Gobierno Vasco se ha mostrado muy molesto con la izquierda abertzale porque entiende que sus argumentos están muy forzados, no solo por el consenso que existió en torno a la Ley de Turismo con la propia EH Bildu, sino porque el caso de Euskadi no aguanta una comparación con el modelo mediterráneo, donde sí son patentes los efectos de la saturación hotelera, los problemas del precio del suelo y el ocio nocturno. En el Ejecutivo interpretan que la izquierda aber-tzale trata de mantener el pulso político con un nuevo argumento, y temen que pueda dañar la imagen de la comunidad autónoma y proyectar que es un territorio hostil, justo ahora que comenzaba a remontar el vuelo tras los años en los que su imagen se vio lastrada por la violencia. El turismo genera unos 100.000 empleos y representa el 6% del PIB, cifras que redoblan la trascendencia de este debate. El Gobierno vasco espera que cese esta campaña y que pueda reconducirse a través del consenso.
