Madrid fiscalizará los gastos del Govern para impedir el referéndum del 1-0

La advertencia/amenaza la hizo ayer pública Iñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura y portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo del PP exigirá a la Generalitat la remisión semanal de certificados individuales a una serie de cargos. Serán los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro. El Ministerio de Hacienda se encargará de la verificación de la información que envíen dichos cargos y, si constatara que se está llevando dinero público a la celebración del referéndum, trasladará el asunto a las autoridades competentes.

Méndez de Vigo aseguró que la decisión adoptada por el Gobierno español se cimienta en las sentencias del Tribunal Constitucional que, según sus palabras, “ha dejado claro que este referéndum ilegal no puede ser pagado con dinero público”. Por ello, el acuerdo del Ejecutivo del PP “es una actuación preventiva a favor del bienestar y de la prosperidad de todos los catalanes, garantizando que el dinero que debe ir a servicios públicos no vaya a financiar un referéndum ilegal”. El portavoz del Ejecutivo de Rajoy no especificó si lo acordado ayer supone la antesala para que, en un futuro próximo, el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución. “El acuerdo de hoy es lo que es, y es muy importante”, se limitó a señalar Méndez de Vigo.

Desde el Gobierno español se recuerda que lo aprobado ayer no se trata de una medida nueva, ya que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó en noviembre de 2015 un acuerdo para garantizar que el Govern prestaría sus servicios en favor del interés general. Entonces se dejó claro que los recursos del FLA destinados a la financiación del déficit, que ya se desembolsaban directamente a los proveedores, solo se podrían destinar a abonar facturas de servicios públicos fundamentales. El objetivo era constatar que los gastos no contravenían el ordenamiento jurídico, y, para ello, ya se exigía a la Generalitat conexión telemática con su sistema para tener control directo e las facturas. Con la decisión adoptada ahora, ese control aumenta, ya que se exige a la Generalitat que la remisión de los datos sea semanal y que haya certificados individuales de una serie de cargos.

El acuerdo que será publicado en el BOE, previsiblemente hoy, se convierte, según señalaron fuentes próximas al Gobierno español, en “una bomba de relojería para Oriol Junqueras”, vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat y hombre sobre el que, especialmente, recae el peso político del referéndum. Además, estas mismas fuentes de Moncloa admitieron que el Gobierno pretende con esta actuación recordar a los funcionarios, interventores y máximos responsables de la consellerias su responsabilidad individual en el caso de que firmen algún gasto relacionado con el referéndum.

Efecto contrario ¿Qué opina la Generalitat de la amenaza del Gobierno español? El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió de que si el Gobierno español “corta el grifo a Catalunya”, el Estado se vería afectado ante los mercados. “Si cortan el grifo, su Estado se emboza. No pueden cortar el grifo a Catalunya porque les afecta directamente. La lectura de los mercados financieros sería que el Estado ha dejado de ejercer su responsabilidad”, aseguró. Sobre si Catalunya perdería los fondos del FLA si se celebrara el referéndum, Aragonès afirmó que “el Gobierno quiere poner en peligro los pagos que se hacen a través del FLA, pero creemos que es propaganda. Sabe perfectamente que la reputación de nuestras finanzas y las suyas están cruzadas. Los impagos de la Generalitat afectan al Estado español porque es el último responsable. Es quien recauda los impuestos que pagamos”.

La decisión del Gobierno español tampoco cuenta con el beneplácito del PSOE, que considera que “no es la solución” para afrontar el conflicto catalán. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría trasladó la decisión, a posteriori, al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y a Patxi López, secretario de Política Federal.

Desde Ciudadanos, aliado del Ejecutivo del PP, su portavoz en el Parlament catalán, Carlos Carrizosa, afirmó que las transferencias del FLA son “para cuestiones que importan a todos los catalanes” y rechazó que el Gobierno español use esos recursos como “condicionamiento político ante lo que pueda realizar el Govern. Sin embargo, fuentes próximas a la dirección del partido en Madrid apoyaron la medida porque “el Gobierno de España tiene que pensar en todos los catalanes y Puigdemont no debe poner en riesgo los servicios básicos”.

Fondo Liquidez Autonómica. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es una línea de crédito creada por el Gobierno español en julio de 2012 en el contexto de la grave crisis económica que azotó al Estado. Está concebida para que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados. Catalunya ha recibido de este fondo, desde 2012, más de 63.000 millones de euros; este año, la cuantía es, por ahora, de 3.600 millones.