Caracas - Un grupo de simpatizantes del Gobierno venezolano irrumpió ayer por la fuerza en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, y causaron heridas a algunos diputados que se encontraban en el recinto para una sesión en conmemoración del Día de la Independencia de ese país. A los pocos minutos fueron detenidos por la policía que custodiaba la sede parlamentaria. El diputado opositor José Manuel Olivares denunció en la red social Twitter la entrada de “grupos paramilitares” en el Parlamento venezolano, en un mensaje que publicó junto a dos fotos en las que puede verse al diputado Armando Armas con sangre en la cabeza y parte de su camisa. Posteriormente, el grupo de cerca de 30 personas violentas que entraron en la Asamblea fueron expulsadas por la seguridad de la misma y detenidos por la policía.
Estas personas -muchas vestidas de rojo y armadas con palos y artefactos pirotécnicos- asaltaron la sede del Legislativo durante una sesión conmemorativa de los 206 años de la independencia venezolana, celebrada por los opositores que controlan la Cámara.
Los asaltantes ingresaron hasta los jardines de las instalaciones arremetiendo contra todos los presentes. El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, reportó al menos a cinco diputados heridos, entre ellos los parlamentarios Juan José Molina, Armando Armas, Américo de Grazia, Richard Blanco, Juan Guaidó, además de otros siete trabajadores del Parlamento agredidos.
La cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional informó también de agresiones a los diputados Luis Carlos Padilla, Leonardo Regnault y Nora Bracho. Aunque los manifestantes fueron detenidos al poco tiempo por los efectivos de la Guardia Nacional responsables de la seguridad del recinto, las entradas y salidas de la Cámara permanecían tomadas por grupos de manifestantes oficialistas.
El fotógrafo de la Agencia Efe Cristian Hernández fue despojado de su equipo de trabajo y agredido por el grupo violento, al igual que otros reporteros en el lugar. Los opositores responsabilizan al cuerpo militar que custodia el Palacio federal legislativo de permitir el acceso de los manifestantes afectos al Gobierno, para impedir que se celebrara la sesión
“que se haga justicia” El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó ayer y pidió que se investiguen los hechos violentos que se originaron este miércoles en el Parlamento, donde un grupo violento de personas irrumpió y agredió a varios diputados y trabajadores del lugar. “Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia”, afirmó el jefe de Estado desde un desfile cívico militar en Caracas en conmemoración al Día de la Independencia del país.
Nicolas Maduro afirmó que fue informado de que hubo unos “hechos extraños” en la Cámara y que se produjeron “unos hechos de riña, de violencia”. Aseguró que no acepta violencia “de nadie” y pidió cuidar el clima de paz en el país, sobre todo, resaltó, por las venideras elecciones de candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. “Paz, quiero paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. Que se investigue y se diga la verdad”, sostuvo.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, señaló en la misma red social que solicitó a las “autoridades competentes” que se abra “una exhaustiva investigación” de los hechos en la que resaltó que participará la institución que dirige, con el fin de “determinar la responsabilidad de los culpables”.
la fiscal general, enjuiciada La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una chavista convertida en la principal figura de oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, quedó al borde de la destitución y de ser enjuiciada por un proceso iniciado por el chavismo después de rebelarse contra los planes oficialistas.
Ortega es la funcionaria de más alto rango que se ha opuesto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro en medio de una crisis institucional y una ola de protestas antigubernamentales que mantiene en el clímax la trama venezolana.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebró la audiencia oral para evaluar la solicitud de “antejuicio de mérito” y determinar si existen elementos para enjuiciar y separar de su cargo a la titular del Ministerio Público por haber incurrido en una supuesta “falta grave” contra su investidura. Los señalamientos contra la fiscal, que se negó a presentarse a la audiencia, son de carácter “ético y moral” por impugnar la designación de una treintena de magistrados que componen el máximo tribunal, el mismo que ahora debe juzgarle, por supuestas irregularidades cometidas en su elección.
La acusación se hizo ante el pleno de los magistrados por el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas “faltas graves” en el desempeño de sus funciones. Carreño acusó a Ortega de “ponerse en antagonismo con el poder judicial” y “con el poder ejecutivo”, después de que la funcionaria recriminase al TSJ haber roto “el hilo constitucional” y acusase al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de practicar “terrorismo de Estado”.
El fundamento de la acusación de los chavistas contra su exaliada se sustenta en que esos magistrados fueron elegidos en un proceso que contó con el aval del Ministerio Público, y que ahora la fiscal Ortega niega, por lo que en la denuncia también se le acusa de mentir. - Efe