barcelona - El conseller de Empresa y Conocimiento del Govern catalán provocó ayer un terremoto político al poner en duda que el referéndum de independencia del 1 de octubre vaya a tener lugar, al menos en sus actuales términos. Jordi Baiget llegó a decir que todo puede reducirse a una repetición de la consulta del 9 de noviembre de 2014, cuyo resultado no se aplicó, no fue vinculante, y se diseñó como un proceso participativo con voluntarios. En una entrevista concedida a El Punt Avui, también sembró las dudas sobre su implicación personal y su disposición a arriesgar su patrimonio ante la amenaza del Estado español. La entrevista llegó en el peor momento para el Govern, en puertas de presentar hoy la ley con la que pretende dar cobertura al referéndum unilateral y proyectar la idea de que no va a dar marcha atrás, mostrar que va en serio y que el plebiscito tiene todas las garantías. Puigdemont optó por cortar de raíz las especulaciones cesando al conseller por pérdida de confianza, una decisión que también es un aviso a navegantes para el resto del Govern. Paradójicamente, su sustituto será el conseller de Cultura, Santi Vila, próximo a las tesis de Baiget y el único que salió ayer en su defensa. La decisión de Puigdemont, que rumió hasta última hora y que se hizo pública a las 21.00 horas, busca asegurar un Ejecutivo sin fisuras pero ensombrece el acto de presentación de la ley del referéndum previsto para hoy.

En las últimas jornadas han surgido voces que ponen en duda la voluntad de algunos cargos de la antigua Convergència. Se trataría de algunos casos aislados, recelosos de llevar la apuesta hasta el final si va a provocar inhabilitaciones en cascada y consecuencias penales y para su patrimonio. La CUP, los socios con quienes el Govern mantiene una relación tirante y con altibajos, aseguraban la semana pasada que algunos miembros del Ejecutivo no quieren desafiar al Estado ni arriesgar su patrimonio, y plantean repetir la experiencia el 9 de noviembre. Se da la circunstancia de que Baiget se expresó en su entrevista en términos prácticamente idénticos a los que había denunciado la CUP, y dio pábulo de ese modo a las especulaciones de la formación anticapitalista. La CUP se apoyaba, sobre todo, en que el Govern ha declarado desierto el concurso para fabricar las urnas, una decisión en la que ve gato encerrado y no se la explica con el argumento de que ninguna de las dos empresas que optaban a la adjudicación era solvente. Algunas informaciones apuntaron entonces a que el vicepresident Oriol Junqueras, de ERC, se había ofrecido a firmar en solitario el concurso para asumir la responsabilidad.

En ese contexto, Baiget dio ayer más argumentos a la CUP, que pidió su dimisión. La formación ya había amenazado la semana pasada con “reventar” la legislatura si el Govern da un paso atrás, aunque Puigdemont cortocircuitó ayer ese riesgo con el cese del conseller. Baiget había quedado en una posición muy comprometida porque ha lanzado precisamente el mensaje contrario al que pretendía proyectar el Govern y ha sembrado la sombra de la sospecha sobre su intención de ir hasta el final. En cualquier caso, ayer recibió el apoyo del PDeCAT. Unas horas después, Puigdemont daba la sorpresa.

Baiget aseguró en su entrevista que la “fuerza” del Estado provocará probablemente que el Govern no pueda celebrar el referéndum. “¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión”, dijo. En ese contexto, puso sobre la mesa su plan alternativo. “Irán tan en contra que quizá tendremos que hacer algo diferente, y algo diferente se puede parecer a un 9-N. Por esto, cuando bandeamos el 9-N, cuando decimos que ahora no haremos un 9-N, a mí estas declaraciones no me gustan, nos cierran puertas”, añadió. A su juicio, la diferencia con la consulta de 2014 va a consistir en que se va a superar de largo la participación registrada en aquel momento.

También se pronunció sobre las consecuencias penales que pueda tener un acto de desobediencia. “Yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio. Pensamos en la familia. Nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias”, dijo. También insinuó que su opinión la comparten otros cargos del Govern. Según dijo, una parte del Ejecutivo catalán no está en el núcleo duro de la toma de decisiones, “y esto genera lo que genera”.

El propio Baiget reapareció ayer en público para ratificarse en sus declaraciones y añadir que sería irresponsable no pensar en otras opciones por si Madrid tumbase el referéndum. El PDeCAT fue el único en salir en su defensa al asegurar por boca de su coordinadora general, Marta Pascal, que el referéndum se hará, y que el conseller no ha querido desmarcarse de nada, aunque seguramente podría haberse expresado mejor. “En cualquier caso, les puedo garantizar que él tampoco fallará”, zanjó.

Desde ERC, socios de la antigua Convergència en la coalición Junts pel Sí, su portavoz Sergi Sabrià fue más distante. “Los temores son lícitos, pero tenemos que hacerlo con el convencimiento de que lo que hacemos es bueno para el país por encima de los riesgos personales”, sentenció. El vicepresident Junqueras puntualizó que el Govern está preparando un referéndum vinculante que, por lo tanto, poco se va a parecer al plebiscito de 2014.

aviso de puigdemont Quien no ha dado señales de recular ha sido el president Puigdemont. El líder del Govern avisó ayer de que no aceptaría ser inhabilitado por el Tribunal Constitucional. “No lo acepto. Al día siguiente vendré a trabajar igual”, zanjó en una entrevista con la agencia italiana AGI, recogida por Europa Press. La Abogacía del Estado analizará hoy el acto de presentación de la ley del referéndum por si pudiera actuar ya en su contra.