caracas - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió ayer de que si se destruye la revolución bolivariana “iría a las armas”, y que “lo que no se pudo lograr con los votos lo haríamos con las armas”. Este discurso ha sido tomado por la oposición venezolana como la aceptación por parte del presidente de que el país “vive en una dictadura”.
La jornada de ayer fue de especial violencia ya que la pelea alcanzó al interior de la sede parlamentaria, con enfrentamiento entre diputados y policías, con un ataque a la Asamblea Nacional de manifestantes armados con cohetes pirotécnicos y rematada cuando un helicóptero sobrevoló el Tribunal Supremo y, arrojó dos bombas contra el edificio, aunque no se reportaron heridos en esta acción.
Un agente de la policía científica de ese país hurtó un helicóptero con el que sobrevoló y abrió fuego contra las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo (TSJ) en Caracas, y asoció a este hombre con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El ministro de Comunicación venezolano, Ernesto Villegas, explicó que la aeronave fue hurtada de la base aérea militar de La Carlota, en Caracas, y que el responsable es Óscar Pérez, inspector adscrito a la división de transporte aéreo de la policía científica (CICPC).
disparos contra el edificio El ministro señaló que “el complotado” voló la aeronave hasta el Ministerio de Interior en el centro de la capital y “efectuó alrededor de 15 disparos contra la edificación”, mientras en la terraza de ese organismo se realizaba un “agasajo” con unas 80 personas. Se refería a una entrega de premios a periodistas.
Luego, se dirigió a la sede del Poder Judicial donde “fueron efectuados disparos y lanzadas al menos cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada”. Según Villegas, estos ataques forman parte de “una escalada golpista contra la Constitución y sus instituciones”, y aseguró que Pérez está siendo investigado por sus “vínculos con la Agencia Central de Inteligencia” y la embajada de Estados Unidos en Venezuela.
En el balance de la jornada hay que registrar una nueva muerte, esta vez se trata de un militar en el estado de Aragua, que recibió un tiro en una pierna.
El presidente fue contundente en su discurso de ayer en un acto público en Caracas: “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”.
Maduro pidió al mundo que escuche esta advertencia y subrayó que su Gobierno es “la única opción de paz” que tiene el país.
La amenaza de Maduro fue calificada por el jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, como una aceptación de que Venezuela vive una dictadura violenta, y señaló que el presidente es “quien está buscando que Venezuela vaya al caos”, además de buscar su “permanencia en el poder”.
Por este discurso los opositores también responsabilizaron a Maduro de que grupos civiles, que salieron a la calle tras el ataque del helicóptero, armados con artefactos pirotécnicos atacaran la sede del Legislativo, después de que se produjera un choque entre algunos diputados y miembros de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) dentro del edificio.
Estos grupos lanzaron cohetes pirotécnicos hacia el interior del Parlamento, a cuyos parlamentarios culpan de la violencia. Los parlamentarios y trabajadores permanecieron encerrados dentro del Palacio unas cuatro horas hasta que estas personas se retiraron. En el momento del asedio, la Cámara discutía el rechazo al uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para el control de las protestas públicas y, además, para pedir a la Fiscalía que investigue estas actuaciones que “atentan contra los derechos humanos”.
Maduro señaló que se habían desplegados fuerzas especiales para dar con “el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista”.
El presidente culpó al partido opositor Primero Justicia (PJ) de tomar “un rumbo de violencia” y dijo que sus principales líderes “están al frente de todos los hechos violentos” que se han conocido.
Las autoridades en Venezuela detuvieron a 216 personas por los saqueos a 68 comercios y por otros actos vandálicos ocurridos durante la noche del lunes en el céntrico estado Aragua, donde además falleció un militar tras recibir un disparo en la pierna durante la ola de saqueos.
Esta situación se produce en el marco de una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno que se inició el pasado 1 de abril, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 76 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía.
‘guerra’ en la fiscalía El Supremo de Venezuela difundió ayer una sentencia que señala que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la ejecución de análisis forenses, entre otras atribuciones de fiscal. Según el Supremo, la Defensoría del Pueblo “puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras”.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció ayer que desconocerá las sentencias que han emitido “unos ilegítimos magistrados” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió que esos fallos sean anulados y juró que defenderá la vigencia de la actual Constitución “hasta con la vida”. - Efe
