gasteiz - Durante cuarenta, cincuenta, y hasta casi sesenta años, decenas de personas han cargado en Euskadi con el peso de haber sido víctimas ocultas, no reconocidas, a veces hasta culpabilizadas desde ciertos sectores, personas que llegaron a vivir su sufrimiento desde el miedo. Ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la comisión de Derechos Humanos del Parlamento, recibieron el informe definitivo en el que se detalla lo ocurrido, cuantitativa y cualitativamente, a estas personas, víctimas entre 1960 y 1978 de vulneraciones de derechos humanos causadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial.
Saliendo del olvido, el texto final elaborado por la Comisión de Valoración del Decreto de 107/2012 que ha trabajado durante más de tres años en sacar a la luz lo ocurrido a todas estas personas, habla de “las secuelas, de los impactos. Se han vivido muchos sufrimientos escondidos, guardados, y ahora queremos que sean escuchados para construir una memoria incluyente”. Así explicaba Carlos Martín Beristain, coordinador y redactor del texto, las claves de un trabajo que ayer entregó junto a otros miembros de la comisión, como Álvaro Gil Robles, Sabino Ormazabal, Monika Hernando y Aintzane Ezenarro; al lehendakari y al secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández.
Han salido del olvido 187 personas, reconocidas como víctimas al amparo del decreto de 2012, y pidieron hacerlo 219 en total, pero muchos casos fueron rechazados por presentarse fuera de plazo, o porque, cuarenta años después, las autorías o las secuelas no pudieron ser clarificadas. En todo caso, no se descarta que su reconocimiento “pueda tener cabida” en el futuro. Por otro lado, el recurso presentado por la Administración central ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a parte del articulado del decreto ha provocado que cerca del 25% de las víctimas se hayan quedado, al menos de momento, sin indemnización económica.
Sea como sea, Martín Beristain, que ha trabajado con víctimas de múltiples conflictos en todo el mundo, quería insistir ayer en el hecho de que el trabajo realizado sobre los casos anteriores a 1978 quería ir más allá de habilitar una ventanilla, el objetivo más prosaico de aquel decreto aprobado en la legislatura de Patxi López y desarrollado posteriormente bajo el primer mandato de Urkullu. “Queríamos recoger sus testimonios para entender lo que vivieron y para poder hacer un buen trabajo con la sensibilidad humana necesaria”, señaló el coordinador del proyecto, quien aludió a “dolores escondidos durante mucho tiempo, que nunca han tenido un espacio de acogida”.
Quizá por eso, porque durante muchos años se dio la espalda a estas personas, “mucha gente llegó con miedo, porque era la primera vez que las instituciones les han abierto la puerta”, explicó Martín Beristain, que definió el trabajo realizado como “una manera de sanar una herida. Mucha gente ha dicho -añadió-, por fin, esto es verdad, esto nos ha pasado”, y con su reconocimiento se podrá construir “una memoria positiva”.
Los datos recogidos en Saliendo del olvido ya fueron presentados el año pasado, pero en esta ocasión, dijo el coordinador del trabajo, se da cuenta también de “las metodologías de trabajo de forma más específica, de las tipologías; se escuchan las voces de las víctimas, porque al margen del análisis y la estadística hay personas”.
los casos Son personas que murieron o sufrieron graves secuelas tras sufrir disparos de pelotas de goma o incluso de bala en manifestaciones de toda índole, o fueron asesinadas por agentes en discusiones particulares, o violadas durante registros domiciliarios, o torturados reiteradamente en sucesivas detenciones. Están recogidos además los casos de las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada durante una protesta obrera.
Las secuelas de estas víctimas van desde las incapacidades laborales, hasta la depresión y la ansiedad, delirios y pesadillas, si sobrevivieron; o las repercusiones económicas para familias con menores a su cargo que con su familiar perdieron además su fuente de ingresos.
Además, en la presentación del informe se recuerda que hay más víctimas que las 187 reconocidas. “Algunas no se consideran víctimas, sino luchadores antifranquistas; otras están aún muy afectadas por lo vivido, otras han tratado de dejar atrás su experiencia y no quieren hablar de lo sucedido”, y por último “otras aún no se sentían con la confianza suficiente para hablar”, se señala en el texto.
Se han dado casos de familias que trataron de olvidar, pero que a la vez retuvieron la documentación relacionada con la pérdida de su familiar, lo que les ha permitido acceder a la reparación cuatro décadas después. Además, se explica cómo quienes militaban en diferentes colectivos “tuvieron, por norma general, más posibilidad de ser recordadas y reivindicadas”, al contrario de lo que sucedió con quienes eran ajenos a sindicatos, partidos o asociaciones. “Su recuerdo se borró con mayor facilidad”, se afirma en Saliendo del olvido.
Comisión de Valoración. En una primera parte del informe se da una visión global del trabajo de la comisión y de los casos presentados.
Tipos de vulneraciones. El informe divide los casos en manifestaciones, controles de carretera, operaciones policiales, altercados, sucesos del 3 de Marzo, fusilamientos sin respeto al debido proceso, violencia sexual y torturas.
Impacto y reparación. En este apartado se analizan las secuelas causadas por estos hechos y documentadas por la comisión, de tal forma que se pueda entender el impacto y consecuencias de las agresiones, a partir de los relatos de las víctimas.
Resumen. El informe se cierra con la recogida, de forma sintética, de todos los casos presentados ante la comisión, sustituyendo los nombres de las víctimas por iniciales por respeto a la privacidad de las mismas.
187
El Gobierno Vasco ha reconocido a 187 de las 219 personas que quisieron acogerse al decreto de 2012. Las que se quedaron fuera presentaron sus solicitudes fuera de plazo, o no quedó clara la autoría o secuelas de la agresión. El 75% de las 187 víctimas ha percibido una indemnización.
