vitoria - El documento base con las 15 propuestas para regenerar el sistema vasco de coberturas sociales ya está sobre la mesa de los grupos con representación en el Parlamento Vasco. Las cuantías máximas y los requisitos mínimos para que una persona pueda ser beneficiaria de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI); la gestión de expedientes por parte de Lanbide; y los controles para prevenir e impedir el uso irregular, el abuso y el fraude en los cobros de esta prestación son algunos de los principales asuntos que, a lo largo de las semanas siguientes deberán ser analizados y evaluados.
El objetivo final es corregir las deficiencias detectadas sin desvirtuar el espíritu del sistema. O, como subrayaba ayer la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la renta social “es una solución y no un problema”. Apelaba en este sentido a la responsabilidad social de todas las fuerzas políticas y les animaba a valorar la red de protección social en su conjunto. Un paquete de medidas elaborado con la participación de colectivos implicados en el tejido social vasco más desfavorecido que, entre otras muchas cuestiones, refuerza su apuesta por generar oportunidades de empleo para las personas perceptoras de la RGI.
Además, las familias con hijos a su cargo tendrán un trato preferente ya que una de las novedades planteadas en ese documento de trabajo es reducir a 2 años el tiempo mínimo de empadronamiento para acceder al sistema. Para el resto de demandantes se mantendrían los 36 meses; y para todos los casos, sería obligatorio acreditar la residencia efectiva en la Comunidad Autónoma Vasca. La parlamentaria jeltzale Amaia Arregi aplaudía este planteamiento ya que, según recordaba, hay familias con menores a su cargo “que se están enquistando en situaciones de pobreza”.
Otro de los puntos de mejora sugeridos en el documento de trabajo y abierto al diálogo entre los grupos parlamentarios hace referencia a la interpretación del concepto Unidad Convivencial. Se plantea la modificación de su definición para ajustar la prestación al domicilio: una RGI por vivienda y no como hasta ahora cuando es posible que varias personas beneficiarias tengan el mismo padrón. Así se evitarían este tipo de situaciones que, además de generar un agravio comparativo, complejizaban la gestión de la prestación por parte de Lanbide.
No obstante, la consejera Artolazabal dejo claro que se estudiarán y fijarán las excepciones oportunas a fin de impedir situaciones injustas. De esta forma, la propuesta de mejora contenida en el documento base habla con carácter general de un máximo de una RGI por cada domicilio con independencia de la vinculación familiar o no de los residentes en el piso “y computándose los ingresos del conjunto de las personas que allí viven”. La consejera explicó en este sentido que la normativa actual fijaba su atención en las personas individuales y la propuesta “busca favorecer a las familias”.
El dinero La consecuencia directa de esta revisión de la consideración formal y legal de la Unidad Convivencial -que pretende acabar con los abusos- sería la modificación de la fórmula que establece la cuantía básica de la prestación y de los complementos asociados. El nuevo sistema, ilustraba la consejera, se articularía sobre una base de 450 euros para todas las unidades de convivencia, con independencia del tamaño y estructura de la misma. “El sistema de complementos por cada persona adulta residente en la vivienda -decía Artolazabal- será variable en función del orden de la persona en el hogar”. Por el titular se percibirán 200 euros, la pareja 160 euros y 100 por el resto de adultos que convivan en la vivienda, con un máximo de cuatro”. Los complementos por menores a cargo serán de 120 euros por el primero, 84 por el segundo, 60 el tercero y cuarto, 48 quinto y siguientes. Los complementos por monoparentalidad, discapacidad o violencia de género serán de 100 euros.
El nuevo sistema mantiene la diferencia prestacional a favor de las personas pensionistas que actualmente existe y la cuantía máxima de RGI para cualquier composición familiar ascenderá a 1.200 euros al mes, detallaban fuentes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
Artolazabal explicó que estas cuantías se han fijado tras realizar un trabajo técnico “arduo” en el que se han utilizado “datos objetivos” para calcular “el nivel mínimo requerido por una persona o un hogar para tener unas condiciones de vida dignas”. “Las cantidades de los complementos por adultos y menores son superiores o iguales a las que ahora tienen”, sostuvo. Este paquete de medidas complementaría a las ya adoptadas para corregir algunas de las funcionalidades de la RGI: cruce de datos con la Seguridad Social; protocolo de actuación con las Policías Locales para verificar residencias; huella dactilar digital...
Save The Children considera positivos los complementos por menores a cargo ya que se da protagonismo a este colectivo dentro de la unidad convivencial, “al tiempo que se visibilizan las necesidades económicas de las familias con hijos a cargo frente a los perceptores individuales”. Además, la inclusión de las familias monoparentales “es una buena medida que debe mejorarse hasta su equiparación [160 euros] a las unidades convivenciales compuestas por parejas”, describía ayer, Eva Silván, presidenta de esta ONG.
Hasta la fecha se establece como requisito de acceso no disponer de bienes inmuebles diferentes del que constituye la vivienda habitual, así como de bienes mobiliarios superiores a un umbral determinado. Esas limitaciones pueden estar dificultando el acceso a la prestación a personas que, si bien superan esos límites patrimoniales, tienen ingresos regulares de muy baja cuantía que impiden satisfacer sus necesidades básicas. Se proponen varias líneas de trabajo para corregir estas disfunciones “llegando, en determinados casos, a ni siquiera tomarlos en consideración”.
También se propone fijar los usos de la RGI que se puedan considerar “inadecuados” y requerir la información necesaria sobre el uso de la prestación por parte de determinadas personas beneficiarias, siempre que existan indicios fiables de usos inadecuados”.
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La propuesta preliminar de cuantías plantea que una persona sola accedería a una prestación de 650 euros (450 de base+200 por titular); una pareja a 810 euros (450+200+160 por pareja); y una pareja con dos hijos a 1.014 euros (450+200+160+120 por primer hijo+84 por segundo). Y serían 60 euros por el tercero y cuarto, y 48 euros por el quinto y siguientes.
