madrid - El futuro del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, pende de un hilo y su dimisión o destitución podría ser cuestión de horas. Él mismo ha vinculado su permanencia en el cargo a la reunión que mantendrá con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el mismo que le llamó para el cargo hace menos de tres meses y que ahora podría abrirle la puerta de salida para sacudirse, en parte, el escándalo desatado tras conocerse que su pupilo posee el 25% de una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Panamá heredada de su padre, a cuyo nombre figura un chalé de lujo en Collado Villalba (Madrid). El cerco se ha estrechado aún más al conocerse que ocultó al propio fiscal general y al órgano de control interno de la Fiscalía la sociedad en Panamá de la que es copartícipe
A la espera de lo que ocurra en el encuentro que mantendrá de manera inminente con su jefe, Moix va perdiendo aliados en el camino y, por el contrario, aumenta el número de los que reclaman su destitución al Ejecutivo, que es en definitiva quien los nombra a través de diferentes órganos interpuestos.
Ya ni siquiera cuenta con el aliento del Gobierno español, que la víspera, por boca del presidente Rajoy, le trasladó su total confianza pese a la filtración de sus negocios en Panamá. Sin embargo, desde ayer ya no le defiende y descarga toda la responsabilidad sobre el futuro de Moix en la Fiscalía General del Estado. En realidad es lo mismo que el propio fiscal Anticorrupción ha consagrado ya que en declaraciones a la prensa fió su continuidad a una “conversación pendiente” con Maza que podría producirse hoy mismo.
Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, echaron balones fuera cuando les preguntaron por Moix y las peticiones para su cese de varios partidos y de instancias de la judicatura. La número dos del Ejecutivo de Rajoy esquivó el asunto recordando que es al fiscal general del Estado al que corresponde nombrar y remover al jefe Anticorrupción. “Si el Consejo Fiscal -órgano de control interno de la Fiscalía- ha puesto en marcha un nombramiento, nosotros respetamos la autonomía fiscal, y cuando se trata de un caso como este la decisión le corresponde a la Fiscalía”, aseveró.
En la misma línea se expresó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró que el fiscal jefe Anticorrupción ha ofrecido “toda la información” sobre el origen de su patrimonio y recalcó que es al fiscal general al que corresponde “en su caso” proponer un expediente para removerle. Es más, llegó a asegurar que no está puesto “ahí por la confianza del Gobierno”. A renglón seguido, señaló que Moix ya ha realizado declaraciones sobre su patrimonio y el origen del mismo, con “transparencia fiscal” sobre su situación. “Esas son sus declaraciones y creo que ha dado toda la información”, manifestó.
A estas horas nadie puede asegurar que el fiscal jefe de Anticorrupción a continuar en el cargo, ni siquiera el propio fiscal jefe. Su primera reacción el lunes, tras conocerse la filtración de sus negocios en Panamá, fue la de revolverse y aferrarse a su puesto. Sin embargo, ayer rebajó la rotundidad a la hora de asegurar que no iba a dimitir con la que se expresó el martes y despachó las preguntas de los periodistas comentando que no tiene “ningún apego al cargo”, y que “de la misma forma que me has puesto me pueden quitar”, en alusión directa al decisivo encuentro pendiente con el fiscal general del Estado.
mal cálculo Asimismo, reconoció que calculó “mal” las repercusiones que podía tener una sociedad panameña, con el agravante de que ocultó esta información al Consejo fiscal en el momento de acceder a su cargo. De hecho, apuntó que, si no informó a sus superiores antes de ser nombrado fue porque consideró “irrelevante este asunto ya que no había incompatibilidad” para el ejercicio de la función. Defendió la legalidad de la sociedad que comparte con sus hermanos, Duchesse Financial Overseas, desde 1988, y no entró en consideraciones éticas sobre la conveniencia de que un fiscal Anticorrupción tenga sociedades pantallas en paraísos fiscales.
Los principales partidos estatales pidieron al Gobierno español la destitución inmediata de Moix. El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, dijo ayer que espera que Maza actúe de inmediato, por considerar que “recurrir a herramientas que usan los corruptos” es incompatible con la “ejemplaridad” de su cargo.
Desde Podemos, Íñigo Errejón, aseguró que Moix debería dimitir si tiene “un poco de decencia” ya que, a su juicio, “cada día recibimos una prueba de que es el señor menos idóneo para estar en esa posición”. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió la comparecencia en el Congreso del fiscal jefe de Anticorrupción para que explique “el por qué y el cómo” para que así puedan valorar “no solo la legalidad, sino también la ética de la situación”.
También la Asociación de Fiscales considera que debe poner su cargo a disposición del fiscal general del Estado porque ve “comprometida la imagen de imparcialidad de la institución”. La asociación, mayoritaria en la carrera y de corte conservador “no se cuestiona la legalidad de la actuación de Moix, pero sí advierte que las últimas informaciones suponen un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal”.
