MADRID - La sombra de la corrupción volvió a sobrevolar ayer muy cerca del despacho de Mariano Rajoy. Según las pesquisas de la Guardia Civil en el caso Púnica, el Partido Popular de Madrid financió parte de los gastos de la campaña de las elecciones generales de 2008, a las que Rajoy concurrió como cabeza de lista, con dinero público del gobierno autonómico madrileño. Según el informe al que tuvo acceso Europa Press, el PP de Madrid habría cubierto de ese modo parte de los gastos de la campaña, como la publicidad exterior, los trípticos, los voluntarios que reparten propaganda, y el telepronter que utilizan los candidatos para leer su discurso.

El presunto amaño se realizaba a través de Fundescam, una fundación del partido. Siempre según esas informaciones, el PP pagaba a una empresa de papelería por un tríptico electoral, y ese mismo gasto se lo endosaba Fundescam al gobierno regional enmascarado bajo otro concepto. A través de este mecanismo, se cubrieron hasta 200.620 euros de gasto electoral. El encargado de dar el visto bueno a estas subvenciones por parte del gobierno regional fue su entonces vicepresidente Ignacio González, ahora en prisión provisional por el caso Lezo. En ese momento, la presidencia la ostentaba Esperanza Aguirre, quien ha dimitido recientemente de todos sus cargos.

Esta información ha aflorado tras el análisis del pendrive requisado al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. En esos documentos se ha apreciado la coincidencia entre los gastos electorales y los que propiciaron las subvenciones del gobierno madrileño. Es el caso del apartado referido a la publicidad exterior, donde aparece el concepto “carteles” vinculado a la empresa Emfasis por un importe de 2.389 euros, la misma cantidad e idéntica empresa que aparecen en la factura falsa bajo el concepto “edición de programas de cursos y seminarios”.

sobrepasar el límite Según el informe, Fundescam usó la subvención para “abonar gastos electorales aportando facturación falseada, enmascarando los conceptos realmente facturados en la campaña electoral por otros que pudieran tener un encaje con la finalidad de la subvención y de la fundación”. Ve “prácticas irregulares” tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008 basadas en el uso “de Fundescam para pagar gastos electorales y el desvío de subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid con este mismo propósito”. En el expediente de la subvención, se recoge un documento firmado por Gutiérrez y el exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría donde certificaban la realización de los trabajos y de cursos que no tuvieron lugar. Según esas informaciones, González aprobó la subvención. Se concedió en noviembre de 2008 y sirvió para cubrir los gastos de las elecciones que habían tenido lugar en marzo.

Las investigaciones de la Guardia Civil han señalado en los últimos meses la existencia de una corriente de donaciones empresariales que se utilizarían para pagar gastos electorales. En algunos casos, podría haber ayudado al PP a concurrir a las elecciones con más dinero del que permite la ley, que establece limitaciones para preservar el principio de igualdad de oportunidades entre partidos. Ayer mismo trascendió otro informe según el cual el exconsejero madrileño Francisco Granados, presunto cabecilla de la red Púnica, recaudó 2,1 millones de empresarios y entregó 1,6 a Gutiérrez para sufragar las elecciones autonómicas de 2011 y las europeas de 2014. La Fiscalía Anticorrupción da por buenas esas deducciones y cree que “la investigación ha ido demostrando una sucesión de roles en los pactos de corrupción que, si empezaron en la esfera local, han culminado en funciones de recaudación y de intermediación entre las grandes empresas del Ibex y la gerencia regional de su partido”.

En cuanto a las ya mencionadas elecciones generales de 2008, en las que Rajoy se enfrentó a Zapatero para conseguir la presidencia española, el PP logró el mejor resultado obtenido por un partido de la oposición en toda la historia de la democracia. Obtuvo 154 escaños y, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, logró 100.000 votos más que en las generales que habían tenido lugar cuatro años antes. Informes de los fiscales anticorrupción fijan en hasta 685.000 euros la cantidad que desbordó el gasto permitido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en esos comicios.

La principal línea de defensa del presidente español ha consistido siempre en asegurar que sus altas responsabilidades en el partido no le dejaban tiempo libre para preocuparse por detalles menores de las campañas locales. En resumen, desconocía las irregularidades que podrían haberse producido. Así lo ha asegurado en el caso Gürtel, cuyo epicentro se sitúa fundamentalmente en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. En el caso del informe de la Guardia Civil hecho público ayer, los manejos de la trama Púnica habrían salpicado a las elecciones generales de 2008, donde fue cabeza de lista.