GASTEIZ. El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes interponer este recurso contra la denominada Ley de "Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999", que se registró ayer en el TC.
El pasado martes, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, explicó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había decidido recurrir esta norma porque con ella se quería "burlar" la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Según De Andrés, un Ejecutivo, en este caso el vasco, "no puede asumir la tarea judicial de otorgar responsabilidad penal y reparar y reconocer a las víctimas. Es una tarea que depende del ámbito judicial".
El Gobierno español considera que la comisión de valoración que crea la ley, de carácter administrativo y que será la encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial, porque ésta es una labor que corresponde a los jueces.
También se ha recurrido el reconocimiento del derecho a las prestaciones asistenciales, al considerar el Gobierno que se vulnera la normativa básica en materia de Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno vsco no tiene constancia oficial del registro de este recurso, pero fuentes del Ejecutivo han asegurado que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya adelantó el pasado viernes al portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, el sentido de este recurso.
El Gobierno vasco expresó el mismo viernes su "profunda decepción" por el acuerdo del Consejo de Ministros porque, a su juicio, "contraviene el mandato del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los derechos de las víctimas".
La ley se aprobó hace casi un año por el Parlamento Vasco y su objetivo era continuar con el camino emprendido en 2012 por el Gobierno vasco para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha.
De hecho, en su día, esta ley fue considerada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, una "pieza necesaria" para construir la convivencia.
La ley vasca de víctimas policiales fue acordada por el PNV y el PSE el año pasado e incorporó la práctica totalidad de las enmiendas socialistas, la mayoría de ellas tendentes a dotar a la norma de la máxima seguridad jurídica y evitar que el Gobierno central la recurriese por vulnerar la Constitución o infringir competencias exclusivas estatales.
Por ello se eliminaron todas las alusiones a la "represión ilícita" y se excluyeron como víctimas a las personas que fallecieron o resultaron heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta.
