El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que el Gobierno Vasco persigue construir “un contexto que traiga diálogo y acuerdo” para acabar con la legislación de excepción una vez finalizada la actividad terrorista de ETA, un contexto que se enmarca en los últimos acuerdos sellados entre PNV y PP en materia presupuestaria o financiera. Urkullu respondía así al requerimiento del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, quien preguntó en el Pleno de control por los movimientos que hará el Ejecutivo de Lakua al respecto. Según Urkullu, es necesario entrar en un escenario en el que haya “una aportación positiva y constructiva, tanto por parte del Gobierno de España como de otros agentes, también la izquierda abertzale”.

Urkullu remitió a Arzuaga al documento Zuzen Bidea elaborado por el Gobierno Vasco en 2014 y recordó que en el mismo se plantean propuestas para abandonar la situación de excepcionalidad. “Abogamos por la modificación de la Ley Orgánica 7/2003, aquí está la clave, en su modificación, dado que el uso de la violencia y de su amenaza han desaparecido de manera fehaciente y definitiva”, explicó Urkullu, quien también defendió que “los juzgados de vigilancia penitenciaria del ámbito territorial de la cárcel en que se encuentre interna la persona presa” aborden su situación, o por “buscar el máximo acuerdo para aplicar las recomendaciones expresas que vienen realizando tanto instituciones como organismos internacionales de derechos humanos”.

Por su parte, Arzuaga explicó que a su juicio Zuzen Bidea “puede ser un buen marco para empezar a trabajar”, pero “el Gobierno español es el agente que se tiene que mover, no hay que hacer un planteamiento de bilateralidad, hay que moverse para garantizar los derechos humanos”, dijo.

El parlamentario de Bildu recordó cómo el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, “realizó una visita al Estado español en el 2008, y en su informe posterior decía que el marco legislativo español para la lucha contra el terrorismo se ha elaborado en función de la lucha contra ETA”. Se trataba, dijo Arzuaga, de una legislación “ad hoc”, con medidas como “la detención incomunicada, la competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, o la posibilidad de mantener a los sospechosos en prisión provisional con un periodo de hasta cuatro años. Esa situación no ha cambiado tras el desarme y eso no se puede negar”, afirmó. - T.D.