La afección de la corrupción al Partido Popular, más que a una gota malaya, se asemeja cada vez más al boquete que un iceberg provocó en el casco del Titanic. Ya hay exdirigentes del partido que se han precipitado por la borda, es el caso de Ignacio González, detenido el día 19 y actualmente en prisión incondicional, y de Esperanza Aguirre, que el pasado lunes dimitió de los últimos cargos que le quedaban en la formación. El capitán del trasatlántico, Mariano Rajoy, tampoco es inmune a esta deriva. De hecho, su citación a declarar en la Audiencia Nacional como testigo por el caso Gürtel, algo insólito en un presidente del Gobierno español, supuso el inicio de dos semanas horribilis para los populares que han culminado con la moción de censura anunciada por Podemos contra el mandatario.

No ha pasado un día sin que este partido se haya despertado con uno, dos o más casos de corrupción que han afectado a miembros de sus filas. Es más, el testimonio que Rajoy prestará en la Audiencia Nacional -erigida en una suerte de Génova II por la cantidad de cargos que están compareciendo en su interior-, sin la asistencia de un abogado y con la obligatoriedad de decir la verdad, será la culminación a un repunte de tramas, comisiones, desvíos de fondos, detenciones, interrogatorios e ingresos en prisión que no se veía desde los momentos álgidos de Gürtel, los papeles de Bárcenas y Púnica. Sobre todo ello sobrevuela además la desconfianza en las instituciones del Estado, principalmente los Ministerios de Justicia e Interior, por su actuación frente a este mar de corrupción.

Ya hay voces que apuntan a que la presencia del actual inquilino de Moncloa en sede judicial -aún está por decidir el formato en el que prestará declaración- puede suponer un torpedo en la línea de flotación de un gobierno que lleva toda la legislatura dando evidentes síntomas de debilidad por su situación de minoría en el Congreso. El fantasma de un nuevo adelanto electoral, latente en las últimas semanas a raíz de las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, podría volver a surgir con fuerza. Mientras, Rajoy ha tratado de dar una pátina de normalidad a su citación. Cuando Esperanza Aguirre anunció su tercera renuncia en cinco años, esta ya la definitiva, el presidente español estaba de visita oficial en Brasil.

A la espera de que se vayan sustanciando los distintos procesos judiciales en curso, el argumentario levantado por el PP en los últimos tiempos para tratar de impermeabilizarse frente a este chaparrón empieza a resquebrajarse. En primer lugar, porque el tribunal del caso Gürtel justificó la citación de Rajoy por la falta de cooperación de su partido en este proceso, lo que echa por tierra el mantra de la colaboración constante con la Justicia tantas veces repetido por los populares. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN ha lamentado que el PP “se negó a prestar ninguna declaración respecto a los hechos juzgados” en la vista oral que juzga la primera época de actividades de Gürtel, entre 1999 y 2005.

En el debe del PP también aparece en un lugar muy destacado el hecho de que las presuntas actividades ilícitas del anterior gobierno de la Comunidad de Madrid, que desencadenaron la operación Lezo, no le cogieron precisamente de nuevas. Muy al contrario, tuvo conocimiento directo de los tejemanejes de Ignacio González, ex mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como han admitido esta misma semana dirigentes populares como Carlos Floriano. Tanto el extesorero del partido Álvaro Lapuerta en 2009, como el exalcalde de Leganés y actual diputado en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez en 2014, informaron a nivel interno de una presunta comisión de 1,4 millones de euros pagada por la constructora OHL a González, a través de un banco con sede en Suiza, por la adjudicación de una línea férrea entre Móstoles y Navalcarnero. No obstante, el PP creyó en todo momento a González, que negó la acusación que ahora le ha llevado a prisión, y apartó a Gómez de la candidatura a la Alcaldía de Leganés.

Este cúmulo de actuaciones fraudulentas con epicentro en Madrid saltó por los aires el día 19 con la detención de 12 personas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La operación Lezo investigaba el supuesto desvío de fondos públicos a través de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, mediante la compra de sociedades en Latinoamérica por un precio muy superior al de mercado. Ignacio González pasó a disposición judicial dos días después y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la causa, decretó su entrada en prisión sin fianza después de que el acusado negara de forma sistemática los hechos que se le imputan.

La implicaciones de Lezo dieron mucho más de sí y se produjeron registros en empresas como OHL, Indra, PriceWaterhouse Coopers (PwC) y Saerco por presunta financiación ilegal del PP mediante la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. En la noche del jueves fue detenido Javier López Madrid, consejero delegado de la constructora OHL. Tras interrogarle, Velasco le puso en libertad sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros. Esta marea no parece tener fin y el juez amplió la investigación al exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno español entre 2002 y 2004, Eduardo Zaplana. Se basa para ello en las llamadas de González intervenidas por la UCO en las que plantea a Zaplana crear una estructura financiera opaca en el extranjero para el blanqueo de capitales, propuesta que no llegó a fructificar.

Pero aún tenía que ser cobrada la pieza más grande de estas dos semanas de pasión del PP. Tan solo dos días después de la detención de Ignacio González, Esperanza Aguirre declaró como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel y no dudó en apuntar al PP estatal por las actividades de la trama liderada por Francisco Correa en la Comunidad de Madrid. A su salida, estuvo al borde de las lágrimas cuando calificó como “un palo” y “muy lamentable” lo sucedido con González, su delfín en el Gobierno de la región. La situación de Aguirre se convirtió en insostenible, y pese a que no hubo llamamientos explícitos desde el PP para que asumiera responsabilidades, en Génova se apostaba por su salida y la lideresa anunció el lunes su renuncia a la portavocía del PP y a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Con un mensaje soterrado a sus compañeros de filas: “La corrupción es un tema central de la política española y la acción de la justicia, siempre rigurosa pero demasiado lenta, no es suficiente”, dijo.

No ha habido día sin sobresaltos para el PP, y 24 horas después la Fiscalía anunció actuaciones que afectaban al ministro de Economía, Cristóbal Montoro, y la delegada del Gobierno español en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por sus actividades pasadas. Ambos negaron cualquier implicación, y en el argumentario distribuido a sus portavoces Génova achacó los casos de corrupción a “comportamientos individuales” incontrolables.

Las sombras se ciernen también sobre importantes cargos institucionales como el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que intentó vetar el registro de una empresa de la trama madrileña, lo que provocó la rebelión de los fiscales de la operación Lezo. A ello se suma el mensaje de móvil enviado en noviembre por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Ignacio González en el que le deseó que se acabaran “los líos”; o la reunión que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, mantuvo el 8 de marzo en su despacho con el hermano de González, Pablo, también en prisión por el caso de corrupción en el Canal de Isabel II.