BRUSELAS. "Un único acuerdo financiero debe garantizar que tanto la Unión como Reino Unido respeten sus obligaciones asumidas antes de la fecha de retirada", señala el borrador de las directrices de negociación del Ejecutivo comunitario, publicada por 'Politico', que dejan claro que éste deberá tener como base "el principio de que Reino Unido debe respetar su cuota de la financiación de todas las obligaciones asumidas mientras era miembro de la Unión".
Dicho acuerdo deberá cubrir las obligaciones con el presupuesto de la Unión y la terminación de la membresía de Reino Unido "de todas las instituciones y órganos establecidos por los Tratados", incluido el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones pero también su participación en fondos específicos como el Fondo Europeo de Desarrollo y el fondo para los refugiados en Turquía y, asimismo, deberá cubrir "plenamente" los "costes específicos" de "la relocalización de las agencias y otros organismos de la Unión" a otros países, como la Agencia de Medicamentos o la Autoridad Bancaria.
"El cálculo debe hacerse en función de los datos disponibles para la fecha de retirada o bien para el final del año de la retirada. Las obligaciones deben ser definidas en euros", precisa el Ejecutivo comunitario en el documento, en el que deja claro que el acuerdo sobre las condiciones del 'Brexit' debe definir "de manera precisa" cómo calcular estas obligaciones. La factura podría elevarse hasta los 60.000 millones de euros, según estimaciones de Bruselas, aunque en el documento evita avanzar ninguna cifra.
También se deberán acordar "las modalidades de pago" para "limitar el impacto de la retirada en el presupuesto de la Unión" y "un calendario de pagos anuales que deberá hacer Reino Unido", aunque no se descarta que la factura "global" pueda "ser objeto de ajustes técnicos anuales futuros".
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, PRIORIDAD
El Ejecutivo comunitario deja claro que "salvaguardar el estatus y derechos de los ciudadanos de los 27 de la UE y sus familias en Reino Unido y de los ciudadanos de Reino Unido y sus familias en los 27 Estados miembro de la UE será la primera prioridad en las negociaciones" y aboga por garantías "recíprocas" basado en el principio de "trato equitativo2 y no discriminatorio.
En el documento, pide que se cubran "al menos" el derecho de residencia como estipula la normativa europea --permanente tras un periodo de cinco años de residencia legal-- y que los documentos relativos estén sujetos a un procedimiento de emisión "simple y rápido", gratuitos o con un coste no superior al que pagan los nacionales por documentos similares, así como los derechos relacionados con las pensiones.
"Estos derechos deben ser protegidos como derechos conferidos a lo largo de toda la vida de aquellos afectados, directamente impuestos", señala el documento, en el que reclama cubrir tanto a las personas económicamente activas -asalariados y autónomos_como las inactivas que han residido en Reino Unido o los 27 "antes de la fecha de retirada" y sus familiares que se hayan reunido con ellos "en cualquier momento", antes o después de la fecha de retirada.
El Ejecutivo comunitario también reclama que el acuerdo sobre las condiciones del Brexit incluya "provisiones para garantizar la resolución de disputas" que surjan de la continuación en la aplicación del Derecho europeo, los derechos de los ciudadanos o por la aplicación e interpretación del acuerdo, incluida la factura o medidas que se adopten para responder a situaciones "imprevistas" y que "en estos casos" se mantenga la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y no descarta contemplar un mecanismo de resolución de disputas "alternativo" para interpretar y aplicar las disposiciones del acuerdo no relacionadas con el Derecho comunitario, siempre que garantice garantías "equivalentes" de independencia e imparcialidad del Tribunal europeo.
ACUERDO COMERCIAL Y DE TRANSICIÓN
El Ejecutivo comunitario mantiene que el acuerdo sobre la relación futura con Reino Unido sólo se podrá "finalizar y concluir una vez que Reino Unido se haya convertido en un país tercero" pero "un entendimiento global" sobre el marco de la misma se podrá identificar en la segunda fase de las negociaciones si los jefes de Estado y de Gobierno determinan que ha habido "suficiente progreso" en la primera fase de negociaciones.
Los acuerdos de transición, incluidos "puentes hacia el marco previsible de la futura relación", se determinarán sólo en la segunda fase de negociaciones y por ello la Comisión no recomendará su inclusión en las primeras directrices de negociación, que sólo se finalizarán una vez que los jefes de Estado y de Gobierno den luz verde a las directrices en la cumbre del 29 de abril. En todo caso, éstas se irán adaptando a lo largo de la negociación.
"Este enfoque permitirá una asignación eficiente del tiempo limitado que el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea imponen en la conclusión del acuerdo, evitando la necesidad de abordar la misma cuestión varias veces en diferentes fases de la negociación", señala el texto.
Según el diario británico 'Financial Times', las directrices se han endurecido en un texto revisado para rebajar las perspectivas de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Reino Unido tras el 'Brexit'. El texto inicial apuntaba a la disposición de la UE de comenzar a trabajar antes de 2019 en un "acuerdo de libre comercio ambicioso", mientras que el revisado habla de "un acuerdo sobre comercio".
La Comisión también ve necesario que el acuerdo clarifique la situación de los bienes que ya están presentes en el mercado antes de la retirada de Reino Unido del bloque para "evitar un vacío legal" y "soluciones flexibles e imaginativas" para responder al impacto del 'Brexit' en el caso "único" de Irlanda del Norte para no socavar el Acuerdo de Paz del Viernes Santo y evitar la vuelta de una frontera "dura" en la isla.
