bilbao - Suele decirse que después de la tempestad llega la calma, pero la disputa entre el PNV y el sindicato ELA no termina de amainar y parece agravarse por momentos. La central dirigida por Adolfo Txiki Muñoz emitió ayer una declaración con vistas al Aberri Eguna del domingo plagada de críticas contra los jeltzales y el lehendakari Urkullu. Los acusa de adormecer el debate del nuevo estatus de autogobierno poniendo en marcha la enésima ponencia parlamentaria y apostando por un acuerdo con el Estado español a sabiendas de que no se va a producir. Además, asegura que las críticas del PNV a sus posicionamientos públicos suponen un ataque grave a la democracia y a los derechos fundamentales, y viene a decir que esta situación no se daba desde la dictadura de Franco. La mención a la “escasa raigambre democrática” de los jeltzales eleva un peldaño más la escalada de tensión entre ambas partes y caldea los ánimos en puertas del Aberri Eguna.

La relación entre el PNV y ELA no atraviesa por su mejor momento. Los jeltzales creen que el sindicato pretende actuar como contrapoder y liderar la oposición al Gobierno Vasco, lo que a su juicio supone una injerencia en la política. Creen que está inmerso en una dinámica de acoso y derribo, presionando incluso a EH Bildu para que no apoyara los Presupuestos y manteniendo posiciones intransigentes en la negociación colectiva. Han llegado a invitar a Muñoz a que funde su propio partido o se afilie a la izquierda abertzale. ELA, por su parte, defiende su autonomía para denunciar la deriva neoliberal en la que cree que ha caído el Gobierno de Urkullu.

La singularidad de esta disputa radica en que a PNV y ELA les une un vínculo sentimental porque el sindicato se gestó en 1911 en círculos de trabajadores nacionalistas. Algunos cuadros jeltzales como el propio presidente Andoni Ortuzar están afiliados a él. No obstante, ELA es un ente autónomo. Se nutre de las cuotas de sus militantes para evitar cualquier subordinación a las instituciones, aunque algunos de esos afiliados son del partido jeltzale. El distanciamiento se remonta a los años noventa, a la época de José Elorrieta al frente del sindicato, y está recrudeciéndose en los últimos meses. Hace unos días, el expresidente del PNV, Xabier Arzalluz, apostaba por reconsiderar su posición ante ELA en vista del cariz que estaban tomando los acontecimientos.

ELA no se retracta y sigue reivindicando su autonomía. En un documento de cuatro páginas donde la mitad se centra en cargar contra el PNV y donde no hay críticas tan expresas contra el Gobierno español, ELA zanja que “la bilateralidad no existe”, y que el lehendakari quiere conceder derecho de veto a las fuerzas españolas para que el nuevo estatus no incorpore el derecho a decidir. De Urkullu también dice que goza de buena prensa en España, lo que a su juicio es la prueba más evidente de que pretende adormecer las reivindicaciones vascas para preservar los intereses de los poderes económicos y financieros. Además, lo acusa de cuestionar el derecho de ELA de opinar sobre política, “un atentado grave contra los derechos fundamentales”. “Resulta lamentable que tengamos que hablar en estos términos 41 años después de la muerte del dictador. Pero esa forma de pensar se está manifestando sin complejos hoy en Euskal Herria, de la mano del principal partido político de la CAPV”, asegura el sindicato en su declaración. A su entender, la “derecha representada por el PNV, con el coro de importantes medios y representantes patronales”, está cuestionando el derecho del sindicato a opinar e influir en las decisiones políticas que afectan a los ciudadanos, lo que supone un atentado contra los derechos fundamentales y una prueba de “escasa raigambre democrática”.

La declaración del sindicato aborda también otros asuntos como el desarme de ETA o la creación de la mancomunidad de Iparralde, cuestiones que valora en un tono positivo. También hay elogios para el Gobierno navarro, aunque echa en falta un impulso más decidido del autogobierno y realiza una breve mención a su política “neoliberal”. En el caso del PNV y el gabinete de Urkullu, ELA no hace concesiones con su gestión ni en el plano económico ni en el autogobierno. Tampoco en su relación con los sindicatos, donde le reprocha una falta de atención a la pluralidad de agentes sociales en un inciso dentro del apartado dedicado a Nafarroa, donde también se cuela de ese modo una crítica al Gobierno vasco. Se da la circunstancia de que ELA es el sindicato mayoritario en la comunidad autónoma, con un 40,25% de representación y una hegemonía indiscutible, lo que propicia que la disputa con el Gobierno Vasco tenga mayor alcance.

desmontar la bilateralidad La enmienda de ELA a las políticas jeltzales es absoluta en materia de autogobierno. A su juicio, es “incomprensible” que el PNV se empeñe en acordar un nuevo estatus con Madrid cuando el Gobierno de Rajoy ha recurrido leyes aprobadas por el Parlamento Vasco. El sindicato cree que es “un discurso fundacional de la Gran Coalición formada por PNV, PSE y PP que sustenta los Presupuestos” y que se plasma en que cualquier modificación del marco jurídico tendrá que hacerse con el apoyo de al menos una de las dos fuerzas españolas. “Esta condición es una concesión de partida inaceptable, porque es un derecho de veto a las fuerzas españolistas para que un eventual nuevo marco no incorpore el derecho a decidir”, sentencia la central, que se sitúa así en la clave de los tiempos de Lizarra.

En una lista pormenorizada de reproches al lehendakari y al PNV, también recrimina a Urkullu su posición respecto a Catalunya y la movilización ciudadana, donde “ha reaccionado diciendo que me alarma que movimientos sociales sin responsabilidades condicionen Cataluña”. “A nuestro principal gobernante parece no gustarle la sociedad civil”, zanja. ELA propone reconocer el derecho a decidir y la libertad “para irnos” del Estado.

En su escrito, también considera agotado “el credo político expresado en la metáfora de Maltzaga”, que dice que para conseguir un cambio en el estatus es preciso partir de un acuerdo básico entre los abertzales. “Es cierto que un acuerdo de mínimos entre todos los soberanistas para confrontar democráticamente con el Estado sería del todo deseable; pero cuando hay fuerzas que explicitan claramente su negativa a ese acuerdo, el soberanismo no puede sentarse a esperar, y debe tratar de fortalecerse y hacer camino”, argumenta, en lo que podría ser un guiño hacia la izquierda abertzale.

El cruce de reproches entre ELA y el PNV llevó al expresidente jeltzale, Xabier Arzalluz, a preguntarse en voz alta durante la reciente Asamblea Nacional del partido si no sería conveniente replantear la relación con el sindicato, en vista de que se concibe a sí mismo como una “organización político-sindical”. El lehendakari se sumó a las críticas asegurando que ELA pretende tener el estatus de oposición, y que él lo rechaza. El sindicato salió al paso de las críticas avisando de que no iba a rectificar y poniendo en valor su autonomía como “un tesoro”. Desde entonces, no se habían producido mayores cruces dialécticos entre ambas partes y, de hecho, Muñoz había asegurado que no pretendía “cargarse” al PNV, sino criticar las políticas que merecieran su rechazo. Pocas horas después de pronunciarse en esa clave, llegaba el manifiesto del Aberri Eguna, en un tono muy crítico con los jeltzales y acusándolos de vulnerar derechos fundamentales.