bilbao - Una vez culminado el desarme de ETA, el foco ha pasado a situarse en los otros dos grandes debates que le quedan por abordar a la organización para cerrar el ciclo de la violencia: su disolución y la posible apuesta de los presos por las vías legales de reinserción. El Gobierno Vasco defendió ayer con claridad que ETA debe enterrar sus siglas porque su existencia podría herir la sensibilidad de las víctimas, supondría legitimar a la organización, y no sería compatible con el ejercicio de una memoria crítica del pasado. En un mensaje coordinado, tanto el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, como el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, avisaron ayer en sendas entrevistas radiofónicas de que ETA “no tiene cabida” en la sociedad vasca. El Gobierno vasco, que ha permanecido en estrecho contacto con los agentes implicados en el desarme y se mantiene puntualmente informado del proceso, cree que la disolución caerá por su propio peso y que es un hito inexorable en la secuencia de acontecimientos.

Las especulaciones comenzaron a tomar cuerpo cuando el interlocutor de ETA, David Pla, anunció una reflexión para esta primavera. No habló de la disolución, pero todas las señales parecían apuntar en esa dirección. La izquierda abertzale ha lanzado algunos mensajes que apuntan en ese mismo sentido. Hasta hace unos meses, por el contrario, que la disolución fuera el siguiente paso al desarme no parecía estar tan claro porque la tesis era aguantar como mínimo mientras quedara un preso en la cárcel. El cometido de ETA sería convertirse en una organización asistencial para reivindicar la excarcelación, tal y como aventuraba el presidente honorífico de Aralar, Patxi Zabaleta. Eso supondría alargar su pervivencia unas cuantas décadas, porque en 2054 saldrá de la cárcel el último recluso. No obstante, ha habido un cambio en este discurso.

Que el Gobierno español haya condicionado cualquier movimiento en las cárceles a la disolución previa de ETA parece haber sido decisivo. Cabe recordar, además, que el colectivo oficial de presos, EPPK, está analizando dar libertad a los reclusos para que accedan a beneficios penitenciarios. En esa lógica de beneficios individuales, la cobertura de ETA no sería necesaria. Siguiendo esa tesis, primero debería zanjarse el debate de los presos, y después se daría luz verde a la disolución. De hecho, en la cuestión de los presos habrá un pronunciamiento el día 20 de mayo, con carácter inminente. Sobre la disolución, se desconoce si será total enterrando las siglas, o si se va a declarar a ETA como organización inactiva.

“lo mejor para todos” Jonan Fernández explicó ayer en ETB-1 su posición y la hilvanó con lo sucedido en los actos festivos del desarme, cuando hubo un punto de “escenografía y liturgia” que para las víctimas puede ser “muy doloroso y ofensivo”, y que puede repetirse en el futuro si se mantiene ETA. Según dijo, las víctimas se sienten heridas cuando se produce una “justificación y legitimación” de ETA, y ese punto hay que tenerlo en cuenta cuando se habla del futuro de la organización. “Por eso, yo digo una y otra vez que, en el futuro, la realidad de la sociedad vasca y la existencia de ETA no son para nada compatibles. Estamos construyendo una memoria crítica y, en esa memoria crítica, hay que tener en cuenta todas las vulneraciones de derechos humanos, y entre ellas están las de ETA porque ETA ha vulnerado muchas veces los derechos humanos. Eso es una realidad y, ante eso, esas siglas no tienen cabida en la sociedad”, zanjó.

Erkoreka, por su parte, coincidió en Cadena Ser en que ETA está “abocada inexorablemente a desaparecer y disolverse” porque no tiene sentido que “viva, ni tan siquiera como organización civil”. “Nosotros no lo vemos. En una sociedad como la vasca, en la que se está construyendo una memoria crítica del pasado, una realidad de este tipo sería incompatible con la subsistencia de una organización como ETA”, sentenció. Tanto el portavoz del Gobierno Vasco como Jonan Fernández pusieron el acento en la disolución como aportación para la convivencia y la memoria, pero también recordaron a los presos que el fin de la organización es lo mejor que puede pasarles teniendo en cuenta las condiciones que ha fijado Madrid para cambiar la política aplicada en las cárceles. Erkoreka dijo que la disolución sería “lo mejor para todos, incluidos los integrantes de la banda”. Fernández coincidió en que “sería lo mejor para todos, para toda la sociedad, para toda la política, para la izquierda abertzale y para los presos”.

En concreto, se asume que la disolución de ETA traerá consigo el final del alejamiento de los presos, aunque este mensaje se ha matizado mucho en las últimas semanas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, porque ahora también añade la exigencia de la petición de perdón y la colaboración con la justicia. Todas estas exigencias se están produciendo en un contexto en el que Madrid intenta escenificar que no habrá un precio político por el reciente desarme, lo que está complicando que haya gestos inmediatos en las cárceles. También se espera que la disolución contribuyera a flexibilizar la política aplicada a los presos gravemente enfermos. Para el resto de cuestiones, como los permisos de salida, la ley sí exige que haya un reconocimiento del daño causado.