bilbao - Despejada desde este fin de semana la espina del desarme en el alambicado camino hacia el final de ETA, los siguientes y postreros estadios son su disolución y, previamente, la situación de sus presos. La política penitenciaria es el siguiente foco político y mediático a dirimir una vez resuelta la cuestión de las armas. La organización ahora desarmada parece descabezada y en desbandada y el principal activo de lo que queda de ella ahora mismo son sus alrededor de 340 presos diseminados en las cárceles de España y Francia.
Desde el pasado mes de diciembre, el EPPK, autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos, debate en las cárceles si se abre a que cada preso decida de manera individual si quiere ajustarse a la legalidad penitenciaria española vigente para progresar grados y acceder a los beneficios penitenciarios que contempla la legislación actual y que el colectivo ha vetado a sus presos durante décadas, calificando de traidores a los pocos que se saltaron la consigna, salvo contadas excepciones por razones de causa mayor. La mayoría de los presos se inclina por aceptar la fórmula que plantea el documento base presentado por la dirección del Colectivo oficial de presos que ha sido dirigido a todos los reclusos de la banda, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras del debate.
Estas mismas fuentes aseguran que hay otro número significativo de reclusos de ETA que no estaría por la labor de doblegarse a esas condiciones establecidas en la legislación española. Una minoría de este grupo está encuadrada en los planteamientos del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, también conocido como ATA, que rechaza las vías intermedias que propugna la oficialidad de la izquierda abertzale y el propio Colectivo. El resto también disiente de las salidas individuales y legales pero se mantiene en las filas del EPPK.
Entre estos un número importante serían reclusos que tienen un horizonte de cumplimiento de pena corto y que en cuatro o cinco años será puesto en libertad. Sin embargo, alrededor de la mitad del total de los presos tiene un horizonte mucho más largo, que llega hasta el año 2040 e incluso en algún caso más allá del 2050.
El debate es complicado porque los presos están desperdigados en 42 cárceles españolas y unas veinte francesas, lo que dificulta la comunicación entre la dirección del Colectivo y los reclusos. La discusión aún no ha terminado y todavía tiene recorrido por delante. Tampoco hay un plazo establecido para su final pero todo apunta a que debería quedar finiquitado antes de que ETA acometa el debate sobre su disolución, que podría arrancar este verano tal y como insinuó a principios de año el interlocutor de la banda David Pla.
Actualmente hay alrededor de 340 reclusos vascos condenados por delitos vinculados de una manera u otra a ETA. Unos 260 se encuentran dispersados en cárceles españolas, mientras que otros 75 están en centros de reclusión franceses. Ya sea en un país u otro, la mayoría está en prisión ubicadas a varios cientos de kilómetros de sus hogares, cumpliendo así con los viejos preceptos de la política de dispersión. Además, hay tres detenidos a la espera de extradición en Suiza, Reino Unido y Portugal.
El documento planteado por la dirección del Colectivo “propone utilizar las diferentes posibilidades existentes en el ámbito jurídico, diferentes en función de cada persona presa, que decidiría por sí misma aunque siempre que esta propuesta sea aprobada colectivamente”. El debate pretende establecer si cada preso puede decidir si quiere o no ajustarse a la legalidad con las líneas rojas del perdón y la delación. Si finalmente la denominada vía Rufi -en referencia al histórico dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria, junto con Antton López Ruiz, alias Kubati, la cara más visible entre los que impulsan la aceptación de las vías legales- sale adelante y es aprobada en la consulta a los presos, estos podrían acceder a los mismos beneficios penitenciarios que recoge la ley para el resto de internos.
La mayoría de los presos de ETA están calificados en primer grado y para progresar al segundo y, por tanto, disfrutar de permisos penitenciarios, y al tercero, que les permitiría acceder a la libertad de lunes a viernes durante el día, deberían de repudiar a la organización armada en la que militaron, rechazar la utilización de la violencia, reconocer el daño causado y comprometerse a la reparación y la responsabilidad civil respecto de sus víctimas, así como colaborar en su caso en el esclarecimiento de atentados pendientes. En la práctica, vienen a ser los requisitos que se implantaron en la fórmula de reinserción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en lo que se conoce como vía Nanclares.
El debate de los presos también plantea la situación de los presos enfermos de gravedad -actualmente son una docena-, así como la dispersión. En el documento de la dirección del EPPK se apuesta por el acercamiento y sitúa a la cárcel alavesa de Zaballa como el centro de reclusión adecuado para su traslado, aunque el Ministerio del Interior mantiene de momento su negativa a terminar con la dispersión, pese al final de la violencia hace cinco años y medio y al reciente desarme de ETA.
La disolución de la banda, que algunos analistas anticipan que podría producirse incluso este año, daría margen al Gobierno de Rajoy para abrir una nueva dinámica y mover su política penitenciaria, empezando por el acercamiento y los presos enfermos.
Presos. Hay alrededor de 340 presos de ETA. Unos 260 cumplen su pena en prisiones españolas y cerca de 75 en cárceles francesas. Otros tres están en Suiza, Portugal y Reino Unido.
El debate en las cárceles. El EPPK anunció el debate en diciembre de 2016 y propuso un documento en el que aboga por poner fin al veto que hasta ahora se les imponía en los beneficios penitenciarios y progresión de grados y plantea que sea cada preso el que de manera individual decida si quiere acogerse a la legalidad penitenciaria vigente.
El debate en las cárceles. La mayoría se alinea a favor de la propuesta del EPPK, mientras que entre los que la rechazan hay afines a ATA y también otros que se mantienen en el Colectivo oficial.
