Gasteiz - El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, presentó ayer en el Parlamento el nuevo Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, que pasa por tres ejes fundamentales de actuación. Se trata de la gestión de un final ordenado de la violencia, en lo relativo al pasado; la reorientación de la política penitenciaria para favorecer la reinserción de los presos de ETA, en lo relativo al presente; y la preparación para hacer frente a los nuevos retos en materia de convivencia, relacionados con la inmigración o la diversidad religiosa, mirando al futuro. Todo este trabajo, señaló Fernández, sin dejar de incidir en aquellos aspectos relacionados con la memoria, mediante el Instituto Gogora; poniendo así “todos los medios para que todas las víctimas se sientan atendidas y reconocidas”, y blindando el suelo ético aprobado por el Parlamento Vasco en 2012.

En el ámbito de la reinserción de los reclusos, el Ejecutivo vasco reclamará la transferencia de la política penitenciaria, una petición recogida en el acuerdo de gobierno sellado entre PNV y PSE al inicio de esta legislatura, y buscará reubicar a los expresos en la sociedad primando los casos de “mayor incidencia humanitaria”.

Fernández explicó ante los grupos que el gabinete de Iñigo Urkullu redactará un decreto para regular la reinserción “en línea con la corriente europea de justicia restaurativa”. Así, se buscará “la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción; una de cuyas consecuencias es el apoyo al traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar”, señaló el secretario de Paz y Convivencia.

Además, en lo relacionado con el presente, el Plan prevé seguir con las políticas de asistencia, reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, mientras que en el ámbito de la memoria Gogora presentará un nuevo plan que se basará en tres ejes: gestión, divulgación e investigación.

En lo relativo al pasado, Fernández explicó que el principal reto pasa por lograr el desarme de ETA, cuyo calendario apoyará el Gobierno Vasco si viene precedido de “una declaración de la organización sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución”. El segundo paso en relación al pasado es la elaboración de un documento que plasme una reflexión crítica sobre toda “vulneración de derechos humanos, legitimación de la violencia, o falta de sensibilidad hacia sus víctimas” que se haya producido en todos estos años. Un texto que debe salir adelante con “el consenso más amplio y transversal posible” y “sobre la base de un mínimo ético: la asunción del carácter indisponible de los derechos humanos”. Ello “conlleva el rechazo a su vulneración tanto en su proyección al presente y al futuro, como en el análisis sobre el pasado”.

Por último, el Plan de Convivencia y Derechos Humanos apuesta por clarificar dicho pasado mediante la confección de un “mapa de la verdad sin equiparaciones ni exclusiones”, para cuya elaboración será preciso poner en marcha un programa de investigación sobre las vulneraciones de los derechos humanos entre 1960 y 2010.

Diálogo interreligioso Por último, el abordaje de los retos de futuro pasará por buscar una gestión positiva de la diversidad, mediante un programa para el diálogo y colaboración interreligiosos que contempla la creación de un mapa de implantación de las diferentes confesiones, un registro de entidades religiosas y un consejo interreligioso. Además, se aprobará una ley de centros de culto, y se trabajará en medidas para promover la solidaridad. Así, se creará un órgano interdepartamental para detectar situaciones de alta vulnerabilidad en derechos humanos, y se redactará un documento marco para la gestión social, política e interinstitucional de la acogida a refugiados y migrantes. El objetivo es que al final de la legislatura se disponga de las herramientas necesarias para responder a estas situaciones. En materia educativa, por su parte, se actualizará el programa Adi-adian, de testimonios de víctimas en los colegios, y se promoverá la “empatía” frente a la injusticia y la exclusión.

Jonan Fernández quiso cerrar su intervención instando a los grupos políticos con representación parlamentaria a facilitar la consecución de “acuerdos básicos” para “contribuir al encuentro social, a una convivencia normalizada y conciliada”. Por otro lado, en la búsqueda de un enfoque integral, la Secretaría General de Derechos Humanos y Convivencia pasará a ser también de Cooperación, y se incorporarán a la misma la Agencia Vasca de Cooperación y la coordinación de la respuesta a la crisis de los refugiados.