Mas apelará al Tribunal de Estrasburgo si la Justicia española lo inhabilita

“Nos querían arrodillados y nos encontrarán de pie”, señalaron gráficamente Mas, Rigau y Ortega, que se enfrentan a penas de inhabilitación de hasta diez años por delitos de prevaricación y desobediencia al Constitucional. Tanto es así que se mostraron decididos a acudir a Europa si son condenados al considerar que la consulta no se trató de un acto de rebeldía o desobediencia, sino de un proceso participativo en el que dos millones de catalanes “dieron una lección de democracia y sentido de futuro ante Catalunya, el conjunto de España y todo el mundo”. Sin embargo, Estrasburgo suele tardar años en adoptar resoluciones en estos casos, por lo que los tres imputados podrían verse inhabilitados por la Justicia española en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dicte sentencia.

El proceso judicial supone otro obstáculo al procés y puede dejar al PDeCAT en una situación delicada en caso de que el expresident sea finalmente inhabilitado, ya que el partido podría verse sin un cabeza de lista con tirón para afrontar las elecciones catalanas previstas de aquí a un año. Carles Puigdemont ya ha anunciado su intención de abandonar la primera línea política y no presentarse, por lo que la elección natural sería Artur Mas. Pero si Mas es condenado, la antigua Convergència tendrá complicado encontrar un sustituto a la altura y puede verse abocada a un fracaso electoral ante la pujanza de la ERC de Oriol Junqueras, al que todas las encuestas sitúan como hipotético futuro líder del Govern.

El actual presidente del PDeCAT y las dos exconselleras argumentarán durante el juicio que no hicieron más que obedecer como mandatarios una demanda mayoritaria de la sociedad catalana de poder decidir sobre su futuro político. Según explicaron ayer, “mucha gente se movilizó a fondo para que Catalunya pudiera expresar libremente su opinión” y el Govern actuó para canalizar esa reivindicación. “El 9 de noviembre, Catalunya perdió el miedo a aquel Estado español que actuaba para silenciar nuestra voz. El día que pierdes el miedo eres más libre y el 10 de noviembre Catalunya era más libre que antes de poner las urnas”. No obstante, Mas lamentó que, al haber realizado el proceso participativo de forma unilateral, el Estado español ha pretendido aplicar un castigo ejemplar a sus promotores. “Chocamos contra un Estado intolerante, de talante poco democrático, de ordeno y mando, que no tolera la discrepancia”. A pesar de reiterar de que afrontarán sin miedo el proceso judicial que comienza hoy, declaró que ni Ortega, ni Rigau, ni él, buscan ser inhabilitados, porque no son “ni mártires ni héroes”.

Por su parte, Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat en el momento de la consulta, explicó que el 9-N demostró su compromiso con Catalunya y con el expresident, y que fue el día en el que más honró su condición de servidora pública. “Lo que acabarán juzgando es el alma del 9-N. Ninguna inhabilitación parará la voluntad de ejercer un derecho fundamental”. Finalmente, Irene Rigau, exconsellera de Enseñanza, reveló que fue el propio Artur Mas quien le pidió abrir los institutos para colocar las urnas y permitir que el proceso participativo tuviera lugar.

Está previsto que más de 40.000 personas arropen hoy por la mañana a los procesados frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en una protesta convocada por organizaciones independentistas como la ANC u Òmnium. Sobre este asunto y en sentido contrario a las recientes declaraciones efectuadas por agrupaciones de jueces o desde el PP y elPSC, Mas rechazó que las movilizaciones organizadas sean una manera de presionar al poder judicial. En todo caso, el juicio “puede ser un acelerador para que más gentes se suban al tren para decidir”, según se reafirmó.

DOS DELITOS En cuanto a las acusaciones presentadas contra los procesados, la Fiscalía pide para el expresident diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y de funciones de gobierno como autor de un delito de desobediencia grave y otro de prevaricación. Según el ministerio público, Mas, que ha asumido toda la responsabilidad en la organización del 9-N como “único promotor político”, desatendió “intencionadamente” el mandato del Constitucional que dejaba sin efecto la convocatoria para la consulta. En ese sentido, recrimina al líder del PDeCAT que omitiera su deber de cursar las órdenes correspondientes para detener la preparación de la votación.

Respecto a Joana Ortega e Irene Rigau, la Fiscalía pide para ellas nueve años de inhabilitación por los mismos delitos de desobediencia y prevaricación. El fiscal acusa a Ortega de impulsar directamente las actuaciones administrativas para preparar la consulta y de garantizar su desarrollo, pese a la suspensión ordenada por el TC. En el caso de Rigau, se le procesa por ordenar a los directores de enseñanza secundaria que acondicionaran los institutos para celebrar la votación.

Aunque no han desvelado si contestarán o no a todas las preguntas de la Fiscalía, Mas, Rigau y Ortega revelaron que seguirán una misma estrategia de defensa. Los tres se escudarán en que el proceso participativo quedó en manos de voluntarios cuando el Tribunal Constitucional lo suspendió, por lo que no tienen “ninguna conciencia de haber desobedecido”. El ponente del tribunal será Jesús María Barrientos -presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya-, que estará acompañado por los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez.