bilbao - Las elecciones generales de junio abrieron ante el PNV el escenario que llevaba esperando cinco años: un gobierno español sin mayoría absoluta y necesitado de apoyos, más receptivo a negociar las reivindicaciones vascas. Mariano Rajoy está tanteando a la oposición para aprobar los Presupuestos del próximo año, incluido el PNV, pero el cortejo se halla en una fase muy preliminar. El compromiso más concreto ha salido por boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha apostado por aminorar los recursos contra leyes vascas, aunque sin pasar de momento de las palabras a los hechos. Los jeltzales se dejan cortejar porque ven una oportunidad en ese cambio de tono, pero ayer dejaron ver que la clave radica en que comiencen a sustanciarse actuaciones concretas. Solo así empezarán a negociar las Cuentas de 2017.
En los últimos días ha quedado fijada con claridad la posición del PNV en torno a tres demandas concretas. Todos los portavoces del partido que han tomado la palabra han incidido en las mismas materias. Esas condiciones son las que debería cumplir el PP con carácter más inmediato, en los próximos días, si quiere empezar a hablar con el PNV. En una intervención en el consejo anual del Partido Demócrata Europeo, Andoni Ortuzar pidió un “cambio de tono” y citó el fin de los recursos contra las leyes vascas, el impulso al tren de alta velocidad, y la negociación del Cupo, el dinero que se paga al Estado por los servicios que presta en suelo vasco y en concepto de solidaridad con otros territorios.
Un día antes, el portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, había coincidido en citar el fin de los recursos contra leyes vascas (haciendo hincapié en las ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza), y la convocatoria de la Comisión Mixta para negociar el Cupo, en lugar de emplazar al PNV al Consejo de Política Fiscal y Financiera que congrega a las comunidades de régimen común.
El PNV ya no afronta la negociación presupuestaria con el esquema clásico de la petición de inversiones para Euskadi o el traspaso de competencias. Ahora cree que existe un problema más acuciante: la necesidad de que el Estado tenga una relación de igual a igual con Euskadi que suponga respetar sus leyes y no recurrirlas para poner la zancadilla al autogobierno casi semanalmente. Esa relación bilateral es una petición de mayor simbolismo y fondo político. El PNV también planteará a lo largo de la legislatura a Rajoy que respete el nuevo estatus de autogobierno que alumbre el Parlamento Vasco y no lo tumbe. Estas demandas han tomado cuerpo en los últimos cinco años, después de que Rajoy haya puesto en la picota leyes como la municipal, la que busca reparar los abusos policiales desde 1978 a 1999, o las ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza. También es acuciante la negociación del Cupo, cuya ley venció en 2011 y está prorrogada; y resolver las discrepancias en su aplicación, donde el PNV entiende que se le deben unos 1.500 millones a Euskadi. Lo que hace el PNV planteando estas demandas como requisito previo a la negociación es recoger el guante de Madrid y demostrar que está dispuesto a entrar en el tira y afloja, pero siempre que se cumplan esas condiciones antes.
estabilidad Ortuzar fijó la posición de su partido. “Hay muchas materias en las que el PP tiene que cambiar el chip. Si lo hace, el PNV estará dispuesto a hablar y negociar las Cuentas e intentar llegar al mejor acuerdo para todos. A nosotros nos gusta la estabilidad. Nos gusta tenerla en Euskadi y nos gusta que la haya en otros lugares. No tenemos inconveniente en contribuir a que en España haya estabilidad, pero necesitamos al otro lado, para empezar, una actitud muy distinta que la que hemos encontrado hasta ahora”, insistió ayer, tras ser reelegido como vicepresidente del Partido Demócrata Europeo. El presidente de la ejecutiva jeltzale lamentó la “dejación de responsabilidades” de Rajoy en relación a Euskadi en los últimos años.
PNV y PP han tenido contactos exploratorios, donde los jeltzales han expuesto sus condiciones previas. Esas conversaciones se han visto acompañadas por un ritual de guiños en público, como la asistencia de Sáenz de Santamaría a la toma de posesión del lehendakari Urkullu y su dedicatoria en el libro de visitas, en la que apostó por la lealtad y el entendimiento. La creación de su propio cargo, ministra de Administraciones Territoriales, se ha interpretado como un guiño a Euskadi y Catalunya.
El Gobierno español no ha entrado en la fase decisiva de la negociación presupuestaria, sino que ahora mismo está centrado en el techo de gasto, que presentará mañana tras el Consejo de Ministros. Los votos del PNV serían determinantes si el socialismo votara en contra del proyecto presupuestario.
Sáenz de Santamaría, por su parte, insistió ayer en su “voluntad” de “reducir la conflictividad” y de “reanalizar” algunos de los recursos contra leyes vascas y navarras. “Algunos de esos recursos pueden ser negociados con los consiguientes cambios actualizados”, dijo. La vicepresidenta se expresó en esa clave en la sesión de control del Congreso a preguntas de EH Bildu. Oskar Matute le había pedido que retire los recursos y, aunque la popular mostró su disposición, también justificó la actitud de los últimos años al asegurar que Madrid recurre “en defensa” de sus competencias y “en beneficio de todos los españoles”. Negó que el Gobierno español se guíe por “cuestiones identitarias ni sociales”. “Señor Matute, no vea fantasmas”, le espetó.