Definición. Se denomina pobreza energética a la incapacidad económica para pagar la energía necesaria para desarrollar la vida en el hogar o mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Afectados. En Euskadi esta situación podría afectar a más de 159.000 personas. En el Estado español se calcula que 5,1 millones sufren esta pobreza.
CC.AA. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las regiones donde la pobreza energética tiene mayor incidencia, según ACA. En el lado opuesto están País Vasco, Asturias y la Comunidad de Madrid.
Euskadi registra el parque de viviendas más antiguo de España, con un 70% de pisos construidos antes de 1980 frente a la media del 50% en el resto de comunidades. De ahí que se apueste por labores de rehabilitación en las que debe primar la eficiencia energética.
vitoria - Hace cuatro años (en noviembre de 2012) el suicidio de Amaia E. en Barakaldo destapó en toda su crudeza el drama de los desahucios y de la pérdida de la vivienda ante la imposibilidad de pagar la hipoteca. Aquella muerte supuso un punto de inflexión para una sociedad que asistía diariamente a los desalojos de familias enteras y obligó a las instituciones a adoptar medidas. Esta semana ha muerto Rosa P. -de 81 años y vecina de Reus- por culpa de la pobreza energética y su caso, además de evidenciar que los protocolos locales y autonómicos no funcionan, puede convertirse en el impulso necesario para conseguir leyes que protejan a los ciudadanos vulnerables frente a las compañías suministradoras.
Ayer el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, anunció que el Gobierno Vasco está elaborando un nuevo decreto sobre las Ayudas de Emergencia Social (AES) que incluye un apartado específico para la atención a los gastos relacionados con la pobreza energética, una situación que, según sus cálculos, podría estar afectando a más de 159.000 personas en Euskadi. La nueva normativa, que está en fase de borrador, se aprobará a finales de este año o principios de 2017.
Preguntado por la muerte de Rosa, que falleció en un incendio causado por la vela que utilizaba para iluminar su casa desde que hace dos meses le cortaran la luz por impago, Toña dijo que este tipo de casos son “difícilmente evitables” cuando “son individuales y no son atendidos por los servicios sociales”, pero aseguró que en Euskadi no debería suceder lo ocurrido en Reus.
Varios convenios El consejero explicó que el decreto para combatir la pobreza energética “normaliza” las ayudas que ya se dan a través de las AES, pero incluye un apartado concreto en el que se establece como “prioridad” la atención a las necesidades básicas de suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza. En el mismo apartado también se regula como “prioridad” el pago de los impuestos básicos -como el IBI- con el objetivo de que “no se produzcan desahucios” en estos casos.
En la actualidad hay muchas personas que cubren las deudas generadas con las empresas suministradoras de agua, electricidad y gas y evitan la suspensión del servicio gracias a las AES -unas ayudas que gestionan los ayuntamientos con los fondos que aporta el Gobierno Vasco-, que cuentan con un apartado para “otros gastos para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento”. Según apuntó ayer Ángel Toña, en 2015 el 44% de los diez millones de euros presupuestados para las AES se destinó a este tipo de gastos.
Además de la cobertura que pueden aportar las AES, el Gobierno Vasco firmó hace un año un convenio con la Cruz Roja con una partida adicional y “específica” de 400.000 euros para atender a los colectivos que “por las razones que fueran” quedan fuera de la órbita de los servicios sociales municipales y sufren pobreza energética. A esto se suman los acuerdos marco suscritos por el Ejecutivo vasco con las empresas suministradoras de luz, energía, gas y agua para que las personas que no puedan pagar la factura por su situación de pobreza no sufran cortes de suministro “en ningún caso”. “Estamos en condiciones de decir que en Euskadi no debería suceder lo ocurrido en Reus, porque todos esos acuerdos y el trabajo de los servicios sociales garantizan que no suceda”, afirmó Ángel Toña.
ni frío, ni oscuridad La muerte de Rosa P. ha puesto el problema de la pobreza energética de actualidad, aunque es un tema que sido objeto de numerosos estudios y lleva años sobre la mesa de gobiernos e instituciones. Según el último estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), un 11% de los hogares del Estado español, con más de cinco millones de personas, no puede calentar sus hogares en invierno por incapacidad de pagar la factura energética. Esta cifra del 11% es superior a la media europea (10,2% ) y un 22% más alta que la del primer estudio que hizo ACA.
La tragedia de Reus ha desencadenado un cruce de acusaciones entre el consistorio de Reus, la Generalitat de Catalunya y Gas Natural, la compañía comercializadora que ordenó el corte de luz por impago. Todos acusan al otro de incumplir los protocolos establecidos y de no informar. Ayer, organismos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la APE afirmaron que esta muerte “se podía haber evitado si Gas Natural hubiera cumplido la Ley 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y la pobreza energética en vigor Catalunya desde agosto del año pasado, gracias al impulso de la iniciativa legislativa popular”.
