MADRID - El Gobierno español ha dado un paso más para entorpecer e intentar bloquear la actuación de la jueza argentina María Servini de Cubria que investiga los crímenes franquistas. Así, la Fiscalía General de Estado, organismo dependiente del Ejecutivo del PP, ha pedido suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil pueden considerarse de lesa humanidad.

Esta directriz emanada de la Fiscalía General del Estado, y que señala que es de “obligado cumplimiento”, tuvo ayer su primera consecuencia cuando la titular del juzgado número 4 de Oviedo suspendió la declaración prevista del ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias. El exdirigente comunista fue el primer querellante asturiano en sumarse a la denominada “querella argentina” instruida por la jueza argentina por el principio de la justicia universal a raíz de la denuncia presentada en 2010 por más de cien asociaciones, entre las que destaca la Plataforma vasca para la querella contra los crímenes del franquismo.

El pasado 1 de abril, los abogados de las víctimas del franquismo denunciaron la falta de colaboración y respuesta del Ministerio de Justicia español ante la petición cursada por la jueza Servini para viajar al Estado español a tomar declaración a 19 ex altos cargos de seguridad durante la dictadura franquista. Entre los encausados a los que la magistrada quería tomar declaración se encuentran los exministros franquistas Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez; el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas; o el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.

Según el escrito que ha tramitado la Fiscalía del Estado a los diferentes juzgados para que se opongan a dar cumplimiento a la diligencia de auxilio judicial demandada por la jueza, se resalta que los hechos que se intentan investigar competen a la justicia española y no a la argentina, e incide además en que estarían “claramente prescritos”.

Ley de amnistía La Fiscalía General de Estado subraya que a los hechos que está investigando el juzgado de Buenos Aires les sería de aplicación la Ley de Amnistía de 1977 que fue, según afirma, “consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo”, así como una reivindicación “necesaria e indispensable dentro de la operación llevada a cabo para desmontar el entramado del régimen franquista”. Por ello, el Ministerio Público insiste en que la reconciliación que impulsó la Transición “exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo”. Así, incide en el hecho de que la Ley de Amnistía no fue una “normativa aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes”, y la Constitución sí derogó otras normas pero no ésta, al ser “un pilar esencial para superar el franquismo”. Dado que la Transición fue “voluntad del pueblo español, articulada en una ley” que continúa vigente y cuya derogación correspondería al Congreso, ningún juez o tribunal puede, según la Fiscalía, “cuestionar la legitimidad de tal proceso”.

La única vía para seguir adelante con la causa pasaría por que los testigos viajen a Argentina -algo complicado por su avanzada edad, en la mayoría de casos-, o por que algún fiscal o juez español dé un paso adelante a pesar de la prohibición de la Fiscalía General del Estado, algo también complejo.

indignación de iglesias El primer afectado por esta normativa, el ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias, se mostró “indignado, pero no sorprendido” por la suspensión, a petición de la Fiscalía, de la declaración que debía prestar ante un juzgado de Oviedo.

Iglesias había acudido al tribunal, acompañado por la abogada Ana Messuti, para cumplir así la petición formulada por la jueza María Servini de que se tomase declaración en diversos juzgados españoles a quienes se sumaron a la querella, aunque finalmente no pudo testificar ante la petición de la Fiscalía.

El ex dirigente comunista calificó de “impresentable e intolerable” la postura del Ministerio Público, mientras que su letrada anunció que trasladará esta decisión a los tribunales argentinos y estudiará un posible recurso.

Gerardo Iglesias mostró su convicción de que la decisión que ha adoptado la Fiscalía General del Estado viene motivada “por sugerencia del poder político” dado que este organismo “obedece a quien le manda y le nombra, que es el Gobierno”, una circunstancia que no considera extraña en un país donde, “tras cuarenta años, proliferan los actos de exaltación del fascismo y del sanguinario Franco”.

Suegro de Alberto Ruiz Gallardón, se acusa al exministro franquista de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte del anarquista catalán Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último ejecutado por garrote vil en el Estado español es una de las querellantes de la causa que lleva Servini.

Se investiga si Rodolfo Martín Villa fue responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos, la mayoría de ellos por armas de fuego.

Ex ministro franquista, se le acusa de haber convalidado con su firma los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Entonces fueron ejecutados los militantes del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sainz, y los militantes de ETA ‘Txiki’ y Otaegi.

Ex capitán de la Guardia Civil, está acusado de ser responsable de torturas en el cuartel de Zarautz. Muñecas participó en el intento del golpe de Estado del 23-F y fue quien se dirigió a la Cámara diciendo que estaban a la espera de la “autoridad competente, militar por supuesto”.