MADRID - El caso Bárcenas ha tomado impulso en el peor momento posible para Mariano Rajoy, en plena ronda de contactos del rey con los partidos para determinar si tiene los apoyos necesarios para someterse a la votación de investidura. La titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid propone sentar en el banquillo al PP, su tesorera, su asesor jurídico y su informático por el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas con la intención de destruir los datos que allí se contenían, y que podrían haber resultado determinantes en la investigación de la presunta caja opaca del partido. El auto acrecienta la soledad política de Rajoy y la sensación de que el apoyo a su candidatura es algo a evitar porque puede contaminar a sus socios y tener un alto coste político. En estas circunstancias, el voto a favor de Ciudadanos parece más lejano, máxime teniendo en cuenta que en los últimos días ha pedido un candidato alternativo a Rajoy como gesto de regeneración. Sobre todo, se complica la abstención socialista, que resulta clave para la investidura.

Con estos mimbres, cobra fuerza la idea de que la votación se retrasará hasta la segunda o tercera semana de agosto como mínimo. La sensación de que el bloqueo puede ir para largo es cada vez más intensa. El PP recurrirá la decisión y acusa a la juez de creer a pies juntillas las acusaciones que ha lanzado Bárcenas sin ninguna prueba. El partido se va a aferrar a ese punto, y previsiblemente también se agarrará a alguna errata o eventual falta de rigor del auto, como la confusión del abogado acusado en esta causa con el que defiende a uno de los encausados del caso Gürtel.

El caso Bárcenas es el que más ha preocupado al partido en los últimos años. Salió a la luz con la publicación de los papeles manuscritos del extesorero del partido, donde supuestamente se reflejaba una contabilidad paralela y ocultada a Hacienda, con donaciones empresariales que después se destinarían a pagar sobresueldos en negro a cargos del partido o las obras de la sede central del partido. La Audiencia Nacional lleva ese caso y ha emitido varios autos considerando probado a nivel de indicios que el PP tuvo una caja opaca durante casi dos décadas, aunque no lo acusa y solo lo considera responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por sus gestores económicos. El auto de ayer se refiere al borrado de los dos ordenadores de Bárcenas, que según el PP estaban vacíos. La juez Rosa María Freire, sin embargo, ha terminado la investigación y, lejos de archivar la causa, ha propuesto juzgar al partido como persona jurídica. En el caso de que terminara sentándose en el banquillo, sería un hecho sin precedentes porque, hasta la fecha, ningún partido lo había hecho. Es una nueva posibilidad abierta por la reforma del Código Penal.

El auto ve delitos de daños informáticos y encubrimiento, y procesa al PP, a su tesorera Carmen Navarro, al informático José Manuel Moreno y al abogado Alberto Durán por la destrucción de los discos duros “a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”. La juez asegura que Durán ordenó la destrucción y que la tesorera conocía la custodia de dichos soportes y permitió que Moreno ejecutara la orden. Al PP lo culpa de no haber establecido un adecuado protocolo interno de seguridad para impedir esos delitos. En cuanto al delito de encubrimiento, se lo endosa al abogado y la tesorera porque conocían la investigación judicial en curso sobre la presunta financiación irregular del PP, y el borrado pretendía impedir que salieran a la luz los datos de la contabilidad opaca.

En concreto, según el auto al que tuvo acceso Efe, la juez ve encubrimiento “por la determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas guardaba en los ordenadores portátiles (...) pudiesen acceder a la investigación, acordando su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer (...) lo que se almacenaba en su interior”.

bárcenas fue “coherente” La juez realiza varios apuntes demoledores para el partido, al considerar que los archivos eliminados “podrían ser muy relevantes” y ese extremo “no podría pasar desapercibido para los responsables del PP”. De hecho, llega a decir que el relato de Bárcenas sobre los archivos de su disco duro fue “coherente, firme e incluso meticuloso” y no vio “contradicciones palmarias”.

La querella nace de una acusación popular liderada por IU, mientras que la Fiscalía y las defensas del PP y los empleados pedían el archivo. Tendrán diez días para pedir el sobreseimiento o la apertura de juicio oral. El PP recurrirá la decisión porque se basa en “meras acusaciones sin prueba” del extesorero, que la magistrada habría creído de manera “acrítica”.