gasteiz - La ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999 salió ayer ilesa del trámite de las enmiendas a la totalidad, que en el caso de haber sido aprobadas hubieran supuesto dar carpetazo al proyecto y devolverlo al cajón del Gobierno Vasco. Superada esa votación, donde PP y UPyD se quedaron solos en la defensa de sus vetos, el proyecto entra en su fase decisiva con la negociación en ponencia y con la mirada puesta en el pleno del 28 de julio, donde el PNV espera poder aprobarlo definitivamente. En una muestra de la relevancia que otorga el Gobierno Vasco a las políticas de memoria y convivencia, el lehendakari fue el encargado de subir al atril para defender el texto frente al cuestionamiento de su rigor por parte de PP y UPyD, unas quejas minoritarias pero que coinciden en su letra y espíritu con las que ha verbalizado el Gobierno español de Mariano Rajoy, que amenaza con recurrir la iniciativa en los tribunales. La izquierda abertzale y los socialistas plantearon sus propias objeciones, pero se atisbó un amplio margen para el consenso. En el caso de EH Bildu fue patente, puesto que Julen Arzuaga llegó a defender el proyecto de algunos ataques de UPyD y PP y, en uno de los momentos más clarificadores del debate, reconoció que la izquierda abertzale quiere que haya ley aunque la hubiera redactado de manera muy diferente. Cabe recordar que al PNV le bastaría con la abstención de EH Bildu y PSE, aunque persigue un consenso más amplio.
El lehendakari no se fue por las ramas y citó varios casos concretos de víctimas, con nombres y apellidos, para poner cara a ese sufrimiento y retar a los parlamentarios a responder si es cierto o no que existieron esas víctimas, y si están o no reparadas esas vulneraciones. Ante la evidencia del desamparo, consideró una “obligación” subsanar esa anomalía. Aludió a los jóvenes Lasa y Zabala, torturados y asesinados por los GAL; al matrimonio Barandiaran-Aguiriano, alcanzado por cuatro impactos de bala cuando circulaba en su vehículo; o a Gladys del Estal, fallecida en una protesta antimilitarista. “Es un imperativo ético y democrático crear un instrumento para el reconocimiento de estas víctimas que existen, tienen derecho a la verdad, justicia y reparación y no han sido reconocidas por la legislación vigente”, remachó.
Las intervenciones de PP y UPyD fueron un calco, sobre todo al considerar que el proyecto se entromete en las competencias judiciales y puede echar por tierra sentencias absolutorias de las fuerzas de seguridad implicadas, que verían dañado su derecho al honor y a la presunción de inocencia. UPyD cuestionó que la comisión de valoración de las denuncias pueda otorgar la condición de víctima sin todas las garantías. La nota de color la puso el popular Carmelo Barrio, quien provocó el más absoluto desconcierto entre los presentes cuando echó en falta en el proyecto a las víctimas de las acciones de kale borroka o las amenazas de ETA, y cuando vio más oportuno redactar uno abierto “al conjunto de las vulneraciones de derechos humanos”. Su apuesta era más propia del lenguaje de la izquierda abertzale y, desde luego, abiertamente contradictoria con la negativa del PP a mezclar y equiparar víctimas. PNV y EH Bildu se lo recordaron.
Urkullu avisó de que el objetivo es reconocer a las víctimas y repararlas, un proceso administrativo en el que las instituciones vascas tienen plenas competencias y donde no se buscan responsabilidades penales. Citó varios artículos del Estatuto de Gernika sobre la asistencia social para respaldar su tesis. Como mensaje final, apostó por asentar la convivencia desde el reconocimiento de que “matar estuvo mal y no puede volver a suceder”. Su gabinete ha celebrado tres homenajes diferenciados para reconocer la injusticia y el desamparo sufrido por las víctimas del terrorismo, las de abusos policiales y las del franquismo.
dudas del pse Desde el socialismo, Patxi Elola avisó de que comparte el contenido de las enmiendas a la totalidad, pero añadió que quiere dar una “última oportunidad” a los jeltzales en la negociación del proyecto. No cabía esperar una intervención tan taxativa con tono de ultimátum, ya que las enmiendas del PSE plantean unas dudas que ha contrarrestado públicamente el Gobierno Vasco con argumentos jurídicos. La idea más extendida pasa por que el socialismo no va a obstaculizar el proyecto, ya que el anterior decreto que cubre los abusos durante el franquismo fue aprobado por el Gobierno de Patxi López.
EH Bildu quiere una ley sin límites temporales, que se remonte a los fusilamientos y los campos de trabajos forzados, pero ayer Arzuaga dijo que, aunque su actitud sea más “ambiciosa”, piensan que “debe haber ley para instaurar la verdad y la justicia”. Salió en defensa del proyecto al avisar de que “esta ley no se arroga ninguna atribución de la jurisdicción penal”.
