madrid - El Gobierno Vasco ha vivido en un estado de constante sobresalto durante los cuatro años de mandato de Mariano Rajoy, con recursos en los tribunales y conflictos para preservar el autogobierno. Con el Gobierno español ya en funciones, la tensión no ha bajado un ápice e, incluso, ha repuntado con conflictos que afectan a cuestiones del comer y que son tan nucleares como la educación vasca. Es más, en las últimas horas Madrid ha amenazado con un nuevo recurso que, en el caso de confirmarse, supondría un golpe especialmente doloroso y de gran alcance para las instituciones vascas. En concreto, ha solicitado la reunión de la comisión bilateral que congrega a ambos gobiernos para negociar la Ley Municipal vasca. Es el procedimiento habitual cuando se detecta un conflicto competencial y supone el paso previo a la interposición de un recurso en el Tribunal Constitucional en caso de no llegar a un acuerdo. Tienen seis meses para llegar a una solución consensuada. Si no hubiera pacto, la ley sería recurrida. Lo habitual en estos casos es que las normas sean suspendidas nada más admitirse a trámite el recurso, porque Madrid acostumbra a pedirlo como medida cautelar.

La Ley Municipal se ha aprobado este año en el Parlamento Vasco tras varios intentos fallidos acometidos en anteriores legislaturas y con notables esfuerzos para llegar a un acuerdo, de modo que el recurso sería particularmente sangrante porque hace tambalear lo conseguido. Para comprender el alcance del conflicto, hay que recordar también que la ley tenía por objeto poner fin a uno de los problemas más acuciantes de los ayuntamientos, que consistía en que sus competencias no estaban claras y muchas veces se veían obligados a poner dinero de su bolsillo para cargar a sus espaldas con servicios que no estaba claro qué institución debía asumir. La ley aclara las competencias de los ayuntamientos y trata de brindarles una financiación suficiente, dándoles presencia con voz y voto en asuntos de su competencia en el Consejo Vasco de Finanzas, donde se reparte la recaudación de impuestos entre el Gobierno, las diputaciones y las corporaciones locales. Fue aprobada por PNV y EH Bildu, y pone el broche final a la arquitectura institucional vasca. No en vano, era el proyecto estrella del Gobierno Vasco.

Las dudas del Gobierno español generan desconcierto. Cabe recordar que la ley se elaboró con la finalidad de ensanchar la autonomía local vasca aprovechando un acuerdo del PNV con el PP en Madrid, en virtud del cual los ayuntamientos vascos quedaban libres de someterse al control del Ministerio de Hacienda y la reforma local de Rajoy.

Quien ha puesto a la opinión pública sobre la pista del recurso ha sido el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. En un tuit publicado el viernes y que ha pasado inadvertido, explicaba que “el Gobierno español ha anunciado hoy su intención de recurrir la Ley Municipal y la de adicciones”. “¿De verdad quieren negociar?”, se preguntaba, en relación a una investidura de Rajoy. Ayer mismo, en la comparecencia para anunciar el voto contrario a dicha investidura, deslizó de manera críptica que “la semana pasada” tuvieron conocimiento de un nuevo conflicto. Según ha podido saber DNA, se trata de la Ley Municipal.