La amenaza de ETA a los ertzainas fue diaria y se extendió sobre sus familiares

El extenso documento está dividido en un apartado cuantitativo, que incluye datos objetivos aportados por el Departamento de Seguridad, y otro cualitativo formado por 15 entrevistas a ertzainas o sus familiares sobre los efectos de la violencia. En cuanto a las cifras puras y duras, ETA cometió 27 atentados directos contra la Policía vasca, con el resultado de 15 agentes asesinados, 11 de ellos dentro del periodo objeto del estudio, entre 1990 y 2011. En ese mismo lapso, los ertzainas y sus allegados sufrieron 1.335 acciones de kale borroka, con 1995 y 1996 como años “especialmente intensos y duros”. A partir de 1997 estos ataques empiezan a descender, con dos repuntes en 2001 y 2008.

Tal y como se explica en el informe, durante los años en que no se perpetraron atentados contra este cuerpo aumentaron los ataques de violencia callejera. Ello supone una “constante temporal en la presión ejercida sobre la Ertzaintza”, lo que se ve acrecentado por otro dato: ETA recabó información sobre 7.895 agentes, “la práctica totalidad del colectivo” -el tope está establecido en 8.000-. De ellos, la banda recabó información básica -nombres y apellidos- sobre la gran mayoría, 7.745, mientras que sobre 107 estaba semielaborada -con datos adicionales- y de 43 llegó a tener información elaborada, con datos cotejados que incluyeron croquis de sus domicilios o seguimientos.

Como consecuencia de ello, hasta 12 ertzainas tuvieron asignado un nivel de riesgo 1, por lo que fueron sometidos a un seguimiento exhaustivo con el fin de garantizar su seguridad. Otros 16 entraron en el nivel 2, en el nivel 3 fueron 20 y el resto estuvo dentro de un nivel 4 de riesgo, al tratarse de “un colectivo amenazado globalmente por ETA”. También dentro de las medidas específicas de protección, 650 agentes cambiaron su número profesional y 3.106 hicieron lo propio con las matrículas de sus vehículos.

Precisamente, las medidas más estrictas de autoprotección que se implantaron en 2001, y que aparecen recogidas en la Instrucción 53, han sido al final uno de los aspectos que más han minado el bienestar de los agentes y de aquellos que les son más cercanos. Uno de los autores del informe, José Ramón Intxaurbe, citó ayer como “elementos comunes” de las 15 entrevistas realizadas “el aislamiento social y la reclusión” porque “la primera medida de protección que adoptaban era invisibilizarse para pasar desapercibidos”. Esta situación, advirtió, terminó por “pasar un peaje de socialización muy deficiente” de los afectados, con “pérdida de arraigo” y, en muchas ocasiones, incluso la necesidad de cambiar de domicilio.

Intxaurbe insistió en que el “rigor extremo” en estas medidas, que se adoptaron porque la gran mayoría no contó con servicios de escolta, contribuyó a “la ansiedad y el estrés” y, en consecuencia, a “un deterioro de la salud” tanto en los agentes como en sus familiares. Estos últimos sufrieron una “presión notable”, sobre todo en “los hijos en edad de socializar y escolarizar”, lo que provocó que, en algunos casos, las relaciones familiares “se vieran verdaderamente dañadas”.

Difundir el sufrimiento El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, explicó que el objetivo de esta iniciativa es “retratar una realidad concreta” de forma exhaustiva con el fin de facilitar una “mirada crítica del pasado” y, de este modo, “leer la página para poder pasarla”. Enmarcó además el informe en tres principios: derecho a la verdad, empatía colectiva con los afectados y reconocimiento de la injusticia padecida. Este estudio es la segunda parte del informe que se presentó a principios de abril sobre las personas amenazadas por ETA en el mismo periodo, y tendrá continuidad en el que se está realizando sobre las torturas y que se presentará a finales de año. De forma previa salieron a la luz sendos estudios sobre los atentados no esclarecidos y los abusos policiales.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, afirmó que “todo el colectivo estuvo amenazado”, lo que acabó “minando sus capacidades de desarrollo social, las de su entorno y sus familias”. Instó a que “la sociedad vasca conozca y reconozca lo sucedido” y destacó que la Ertzaintza “contribuyó a la paz y la convivencia”, ya que “pese a las dificultades, se desplegó como policía integral”.

El estudio, que se distribuirá entre los propios ertzainas y estará disponible en diversas webs y en Gogora, concluye con una serie de sugerencias como difundir “el sufrimiento injusto padecido y la vulneración de derechos, como el derecho a la vida y a la integridad física y moral” y promover el reconocimiento público de las personas estigmatizadas.

15 asesinados. De los 27 atentados directos cometidos por ETA contra la Ertzaintza, con el resultado total de 15 personas asesinadas, 23 lo fueron en el periodo analizado por el informe, entre 1990 y 2011, con el resultado de 11 asesinatos.

1.335 ataques. El estudio recoge un total de 1.335 acciones de violencia callejera perpetradas contra agentes de la Policía vasca y sus familiares, en las que destacan los años 1995 y 1996 como “especialmente duros”, con dos repuntes en 2001 y 2008.

Un colectivo amenazado. ETA recabó información sobre 7.895 ertzainas, “la práctica totalidad del colectivo”. De ellos, la banda tenía información elaborada sobre 43 agentes, semielaborada sobre 107 y básica sobre 7.745.

Medidas de autoprotección. Entre los años 2001 y 2012, un total de 650 agentes pidieron cambiar su número profesional por motivos de seguridad, y 3.106 hicieron lo propio con las matrículas de sus vehículos.