MADRID - El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dio ayer diez días al PP para que abone 1,2 millones de euros en concepto de fianza como responsable civil subsidiario por el caso Bárcenas sobre la supuesta caja B de la formación de Génova, en vista de que otros acusados no han pagado las suyas. En el caso de que el PP no haga frente a esta fianza, el juez anuncia que se procederá al embargo de los bienes de la formación popular.
El magistrado de la Audiencia Nacional ordenó al PP abonar esta cantidad al comprobar que no han sido satisfechas la totalidad de las fianzas reclamadas como responsables civiles directos a los principales acusados -los extesoreros del PP Luis Bárcenas (8,9 millones de euros), Álvaro Lapuerta (8,9) y Cristóbal Páez (7,4)- y tampoco lo ha hecho el despacho de arquitectos Unifica, el que reformó la sede del PP en la calle Génova y que debía pagar 4 millones. Ayer, un abogado designado por el PP compareció ante De la Mata y, según informaron fuentes de la formación, el magistrado le dio el plazo de diez días para cubrir esa cantidad.
Según indicaron fuentes jurídicas, la formación liderada por Mariano Rajoy tendrá que pagar los 1,2 millones de euros que el juez había fijado como fianza solidaria en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas, ya que lo que han dejado de pagar los acusados iguala o supera esa cantidad. La fianza de 1.245.154 euros al PP se basa en los 220.167 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y en el millón de euros que no pagó por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.
El juez De la Mata acordó estas fianzas en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas que dictó en mayo de 2015. Según decía el juez en ese auto, el PP pagó con fondos procedentes del circuito opaco de donativos la reforma de su sede y consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar “el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política”. Parte de esas donaciones las habría destinado “al pago parcial de la cantidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial”.
El PP lo niega todo La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, aseguró que su partido depositará la fianza que le solicita el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación con cajas B del PP, pero recordó que no es una multa ni una condena y que la formación popular sigue negando los conocidos como papeles de Bárcenas que dan lugar al caso. “Este juicio se dirime en base a unos papeles aportados por el señor Bárcenas que nosotros hemos negado. Tendrá que demostrar que son auténticos y que los datos contenidos allí lo son”, aseguró Levy en rueda de prensa.
A partir de esta afirmación, la portavoz popular no quiso hacer más valoraciones sobre el contenido del requerimiento del juez y sobre la existencia de cajas B en su partido desde 1990 hasta “al menos” 2008, según se afirma en el documento. “Eso debe dirimirse en el juicio oral”, aseguró. Por su parte, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, aseguró que la decisión adoptada por el juez De la Mata “ se enmarca en el normal funcionamiento de la Justicia”, por lo que el responsable de Justicia del Ejecutivo de Rajoy mostró su “respeto absoluto a las decisiones que toman los jueces y al ejercicio legítimo de derecho de defensa de las partes”.
Pendiente de juicio Además de las explicaciones de Andrea Levy, el PP emitió un comunicado para “precisar” la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional. La formación de Génova aseguraba en la nota que “el procedimiento se inició en su día y ha continuado hasta la fecha sobre la base de las acusaciones formuladas por determinadas formaciones políticas contra el PP construidas exclusivamente sobre la confianza absoluta de esas acusaciones en las afirmaciones realizadas por una persona como Luis Bárcenas en unos supuestos apuntes manuscritos de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona”.
En un segundo punto, el PP afirmaba que aparece en esta pieza como posible responsable civil subsidiario de posibles delitos fiscales cometidos por otras personas, “lo cual significa, por un lado, que no es el partido el que está acusado, y por otro, que solo responderá si existe delito y si los autores del mismo carecen de bienes suficientes”. En cuanto a que haya existido delito en su actuación, el PP aseguraba que “ni el Ministerio Fiscal ni la Hacienda Pública entendieron que existiera delito en relación con los hechos de los que se pretende hacer responder subsidiariamente al PP. Por lo demás, el asunto se encuentra pendiente de celebración de juicio ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por lo que los hechos no han sido todavía enjuiciados”.
El PP manifestaba su extrañeza por el hecho de que se le exija garantizar por entero las posibles responsabilidades cuando no se conoce si los directamente afectados por este auto, son insolventes para responder a las mismas. Anunciaba, por último, que se defenderá “de las infundadas acusaciones formuladas” contra él y ejercitará “todas las acciones” que considere oportunas, para aclarar su “falta de responsabilidad de cualquier tipo en los hechos que se enjuician”. - Efe/E.P.
