Brasilia - Brasil estrena un período atípico con dos presidentes: Dilma Rousseff, separada temporalmente del poder, y el interino, Michel Temer, que deberá enfrentar una colosal crisis política y económica que mantiene al país en la incertidumbre. El “impávido coloso”, como su propio himno define a este país, está sumido en la profunda resaca que ha dejado la semana más convulsionada de su historia política reciente, que condujo a un cambio radical de Gobierno al menos durante los próximos seis meses.
Michel Temer asumió el poder en forma interina este jueves, después de que el Senado decidió iniciar un juicio político con miras a una posible destitución de Rousseff, quien estará suspendida del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso. El nuevo presidente, sin embargo, ha dado como un hecho que el Senado pondrá fin al mandato de Rousseff y que permanecerá así en el cargo hasta el 1 de enero de 2019, cuando acaba el actual período.
“Quiero que, al dejar la Presidencia, me miren y digan por lo menos: ese sujeto arregló el país”, dijo en una entrevista concedida a la revista Época y en la que advirtió de que no podrá “hacer milagros en dos años”. En su primer día efectivo de Gobierno, sus ministros anunciaron las líneas maestras de su gestión, que pasan por un fuerte ajuste fiscal, una reducción del tamaño del Estado y una revisión de los programas sociales implantados desde 2003 por Rousseff y su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Ni esos anuncios de corte liberal han despertado hasta ahora a las fuerzas de la izquierda, aletargadas tras ser desplazadas de la noche a la mañana del poder y que hasta ahora han mostrado una muy tímida reacción a lo que califican de “golpe”.
Desde el pasado jueves, cuando Rousseff dejó el cargo, pocos y minúsculos grupos han realizado algunas protestas en diversos puntos del país, que ayer se repitieron en una carretera del sureño estado de Paraná, bloqueada por decenas de partidarios de la mandataria.
Fuerte ha sido, al menos en cuando a declaraciones, la reacción de los sectores empresariales frente a la posibilidad de que haya un aumento de la carga tributaria, como sugirió el flamante ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, que se perfila como el “hombre fuerte” del nuevo Gobierno. “Nadie acepta pagar más impuestos en este país, en el que ya se paga bastante”, declaró Paulo Skaf, presidente de la influyente Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), organismo empresarial que apoyó abiertamente el proceso contra Rousseff.
También se plantó ante esa posibilidad la Asociación Brasileña de la Industria Textil (Abit), cuyo presidente, Fernando Pimentel, dijo que crear nuevos impuestos o aumentar los existentes “sería mas de lo mismo” y que “no es para eso que llegó un Gobierno nuevo”.
Las dudas que aún se mantienen respecto a las próximas decisiones del Gobierno en el área económica han alimentado la incertidumbre que existe desde hace meses en el mundo de los negocios y eso se reflejó este viernes en la Bolsa de Sao Paulo, que perdió un 2,7%. Pero además del frente económico y la peor recesión que el país sufre en décadas, Temer debe atender el flanco político, desgastado tras un proceso para un juicio político que ha dejado heridas. Temer dijo estar consciente de eso en la entrevista, en la que manifestó plena confianza en su muñeca política. “Fui presidente de la Cámara de Diputados tres veces y sé bien lo importante que es y cuánto es necesario mantener el diálogo con los parlamentarios y ser respetuoso con las ideas diferentes”, declaró. También indicó que “no es fortuito que tantos líderes partidarios se hayan comprometido” con el nuevo Gobierno, en alusión a los once partidos que finalmente ha convencido a respaldar su gestión y a los que ha otorgado sendos puestos en su gabinete.
Primer problema exterior Además de los numerosos problemas internos, Michel Temer afronta desde ayer su primer problema en el frente externo, tras la decisión de Venezuela de llamar a Caracas a su embajador en Brasilia por lo que califica de “golpe” contra la mandataria suspendida, Dilma Rousseff.
La decisión del Senado brasileño, que el jueves instauró un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, separó a la mandataria del cargo durante 180 días y llevó al poder al hasta ahora vicepresidente Temer, que se encontró con una fuerte reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En un discurso en cadena de radio y televisión, Maduro afirmó que la suspensión de Rousseff, que calificó abiertamente de “golpe”, es una “canallada contra ella, contra su honor, contra la democracia, contra el pueblo brasileño”. También anunció que había pedido regresar a Caracas al embajador en Brasilia, Alberto Castellar.
Casi al mismo momento en que Maduro hacía su anuncio, sin aclarar si era una “llamada a consultas”, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, emitía las primeras dos notas. La primera fue dirigida a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, a los que acusó de “propagar falsedades” sobre el proceso político brasileño, del que dijo que “se desarrolla en un cuadro de absoluto respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución”. El segundo comunicado se refirió al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien consideró que el proceso contra Rousseff podía violar “el principio de separación de poderes”, al otorgar al Parlamento “la posibilidad de criminalizar actos administrativos”.
