Madrid - Han abierto vías a la comunicación. De hecho, Gobierno español y Generalitat siguieron profundizando en su etapa de deshielo tras largos meses de frías relaciones. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y su homólogo catalán, Oriol Junqueras, se citaron ayer en el Palacio de la Moncloa para seguir tendiendo puentes a un entendimiento que varios escollos pueden dinamitar. Pese a los llamamientos al entendimiento en aras al bien común, sin embargo aún persisten algunas discrepancias sobre el uso del Tribunal Constitucional (TC) y la financiación autonómica. Y en el horizonte está el mayor de los desacuerdos: el proceso soberanista que apuestan por abrir desde el Govern de Carles Puigdemont.

Sáenz de Santamaría y Junqueras se reunieron por espacio de una hora y cuarto como segundo round de la conversación mantenida la pasada semana entre los presidentes Rajoy y Puigdemont. Si algo evidenció la cita es que las aguas están más calmadas, si bien existen discrepancias de fondo que amenazan con formar nuevas marejadas entre ambos Ejecutivos. Es el caso de la presentación de recursos a diversas normativas catalanas. El clima de enfrentamiento se ha rebajado estos últimos días con acuerdos en cinco temas, pero las diferencias siguen manteniéndose. Y la vicepresidenta lanzaba un aviso al dejar claro que los recursos de inconstitucionalidad se basan en criterios competenciales y constitucionales, no políticos, por lo que acudir al TC es el mecanismo habitual de resolver esas diferencias.

En ningún caso se trata de pretender la suspensión de toda la ley recurrida, sino sólo de aquellas aspectos que vulneran el marco competencial, según recordó una Sáenz de Santamaría que ofreció un dato para avalar su mensaje: mientras el Gobierno ha presentado 32 recursos al TC, la Generalitat ha interpuesto 51. Con un frente abierto en ese ámbito, aún así el Gobierno español confía en llegar a cristalizar nuevos acuerdos que eviten la presentación de recursos a través de instrumentos como las comisiones técnicas bilaterales o las herramientas normativas previstas en el artículo 33 de la Ley del Tribunal Constitucional. Lo que aún se desconoce es qué sucederá con la ley catalana de desahucios y pobreza energética, que el Gobierno estudia recurrir. Junqueras, presente ayer en Madrid, reclamó expresamente que Moncloa no opte por la vía de enfrentamiento y se avenga a la negociación.

El capítulo de las discrepancias prosiguió con las quejas de Junqueras sobre la “injusta y arbitraria” distribución del techo de déficit. Se trata de un tema que no solo afectó a Catalunya -tan solo tres comunidades autónomas cerraron cuentas dentro de los límites fijados por el Gobierno de Rajoy-, si bien la administración dirigida por Puigdemont fue la que más alto alzó la voz. El vicepresidente volvió a hacerlo ayer al considerar que si hubiera una correcta financiación autonómica y “el Gobierno cumpliera sus obligaciones”, no serían necesarios mecanismos como el Fondo de Liquiedez Autonómica.

el ‘procés’, un escollo La mayor discrepancia entre ambos mandatarios giró en torno al proceso independentista a activar durante los próximos meses, una hoja de ruta que el partido gobernante Junts Pel Sí, ya ha anunciado por activa y por pasiva que será cumplida a rajatabla. Así lo asumió Junqueras después de la reunión con la vicepresidenta española al señalar que “ni yo he dejado de ser independentista ni la vicepresidenta se ha convertido en una apasionada defensora de la independencia”. Con semejante panorama, el dirigente de ERC citó que la “expectativa” de llegar a una posición común es “muy escasa”. Ahora bien, estas posturas diametralmente opuestas no son “un impedimento para alcanzar acuerdos en otras cuestiones”. - DNA/Agencias