MADRID. El embajador de España en Bélgica, Ignacio Jesús Matellanes Martínez, que llevaba en el cargo desde marzo de 2012, ha sido cesado a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de este viernes, 8 de abril, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este cese se produce tras una inspección interna a la Embajada de España en Bélgica que alertó este viernes al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre "anomalías muy graves" en el funcionamiento de la misión, entre las que destaca el "absentismo" del embajador y su abuso de autoridad "a través del miedo, la amenaza y el enfrentamiento".
Como consecuencia de las denuncias de personal de la Embajada y ante los indicios de que algo grave pudiera estar sucediendo en la misión, el departamento que dirige en funciones García-Margallo decidió llevar a cabo una inspección extraordinaria a la Embajada los días 9 a 11 de marzo pasados.
Tras las diversas entrevistas que la inspectora general mantuvo con el personal de la misión, elaboró un informe para el subsecretario del Ministerio, Cristóbal González-Aller, en el que alerta de "un conjunto de disfuncionalidades y anomalías muy graves".
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la inspectora sostiene que la Embajada "no parece cumplir las funciones que le son propias" como representación diplomática ante las autoridades belgas, situación "atribuible", dice, "al modo de gestión" del embajador Matellanes.
La gestión diaria de la Embajada está "paralizada y desactivada por el absentismo y la negativa a actuar del jefe de misión, el vaciamiento de competencias del personal diplomático, el aislamiento de la Embajada de los consejeros sectoriales y la total ausencia de coordinación interna".
El informe continúa llamando la atención sobre el clima de desconfianza que impera en la Embajada, donde hay "falta de comunicación" y se palpa la tensión "por el ejercicio de la autoridad por parte del jefe de misión a través del miedo, la amenaza y el enfrentamiento", lo que se ha visto reflejado en un "nivel inusualmente alto de bajas médicas por depresión".
La inspectora recuerda en su informe que, conforme al Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado constituye acoso laboral "la exposición a conductas de violencia psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada, metódica y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, actuando desde una posición de poder, con el propósito y el efecto de crear un entorno hostil y humillante que perturbe la vida laboral y personal de la víctima".
Este mismo viernes, el Ministerio señaló a Europa Press a través de una portavoz que "los informes de la Inspección General de Servicios son confidenciales" y declinó hacer cualquier otro comentario.
