PNV y PSE acercan posturas para exigir competencias pero chocan en las pensiones

El ejemplo más claro lo encarnan las pensiones. El PNV quiere un sistema vasco, pero el socialismo entiende que el Estatuto solo habla de la “gestión económica de la Seguridad Social” (artículo 18.2). ¿En qué se traduce? El PSE interpreta que el Estado debe seguir fijando la cuantía de las pensiones y manejando la hucha de las prestaciones. La Tesorería de la Seguridad Social seguiría recibiendo las cotizaciones de los trabajadores. En ese marco, Euskadi podría contar con funcionarios y medios materiales para gestionar los trámites, pero nada más. No quieren partir la caja única de la Seguridad Social, y ahí chocan con un PNV que no quiere que Euskadi sea una mera ventanilla que gestione altas y bajas. Aunque las fuentes consultadas no entraron en más detalles, es posible que esas diferencias se repitan con competencias de alto voltaje político, como la transferencia de prisiones. Se coincide en el enunciado de las 32 materias, pero no en que deban transferirse “al cien por cien” en todos los casos.

El PSE detectó esa coincidencia genérica en la reunión de la ponencia de autogobierno celebrada ayer. Tras examinar en jornadas anteriores las propuestas de PP y UPyD, ayer le tocó el turno a la iniciativa socialista, con mayor recorrido por su aquiescencia en la necesidad de reforzar el autogobierno. La coincidencia es relevante, pero también lo es el desacuerdo sobre las pensiones, que es el traspaso de mayor alcance político y más estratégico para el PNV. En los informes remitidos por el Gobierno Vasco a la ponencia, ya se reclamaba la “inmediata” transferencia de esa competencia. Tal es su relevancia para los jeltzales que, en el marco de la asamblea general del pasado fin de semana, presentaron una propuesta detallada sobre la viabilidad de un sistema vasco, que pasaría por transferir las pensiones, nutrirlas a través de las cotizaciones de los trabajadores, y habilitar dos vías complementarias para financiarlas: impuestos y aportaciones de los trabajadores a planes de pensiones (EPSV de empleo).

diferencias Los jeltzales creen que los constantes recortes en el Estado y la precaria salud de la hucha de las pensiones hacen peligrar el sistema, pero los socialistas creen que esa situación es coyuntural y se debe a las lógicas tensiones en tiempos de crisis. El PSE ve más inviable un sistema vasco por el envejecimiento de la población y el déficit que habría acumulado en ese terreno Euskadi. Los socialistas han llegado a decir que esa competencia no se ha puesto sobre la mesa en las conversaciones con el PNV sobre la investidura de Sánchez. La parlamentaria socialista Isabel Celaá se mostró dispuesta ayer a “desencallar las competencias bloqueadas”, y defendió para ello la reforma constitucional en clave federal que propone el PSOE para aclarar cuáles son las competencias del Estado y cuáles de los territorios, pero rechazó romper la caja única. EH Bildu, que se alinea con el PNV en este debate, quiso poner en evidencia el “contrasentido” de los socialistas que, por un lado, defienden el autogobierno como herramienta para mejorar la calidad de vida pero, por otro, aceptan que las decisiones sobre los asuntos que afectan a ese bienestar se tomen en Madrid. El PNV no hizo valoraciones.

Celaá apuntó otras diferencias que ya se conocieron cuando el socialismo registró su propuesta en el Parlamento. Recordó que el PSE puede reconocer a Euskadi como nación, pero solo desde una perspectiva “histórica y cultural”, sin que suponga tener derecho a convertirse en un estado y abrir la vía hacia la independencia. Además, la mención quedaría relegada al preámbulo del Estatuto, sin valor jurídico. Tampoco quiere “abrir” la vía de los derechos históricos. Esas dos negativas chocan con la defensa del derecho a decidir por parte del PNV. Los jeltzales quieren que Euskadi sea reconocida como nación, con un ámbito de acción exclusiva sin intromisiones del Estado en competencias sociales como la educación o la sanidad (ahí pueden coincidir con el blindaje del autogobierno que propone el socialismo), pero también aspiran a que ese nuevo estatus que acuerden los partidos vascos en la ponencia sea respetado por Madrid. Proponen en concreto convocar una consulta habilitante para que ese texto sea votado por los vascos antes de ir al Congreso, se refleje su respaldo social, y el Estado se vea obligado a negociar. La consulta provocaría la obligación de negociar, no el derecho automático de aplicar a las bravas el nuevo estatus. Ese punto diferencia la propuesta jeltzale de la vía unilateral de la izquierda abertzale, que además plantea crear ya un Estado vasco. Ese matiz podría propiciar el acercamiento del PSE a la consulta del PNV.

Celaá solo descartó ayer el acuerdo con EH Bildu, “que juega en una liga que no es la nuestra”. Tampoco ese aviso es una buena noticia para el PNV, que busca un acuerdo plural con PSE y EH Bildu. Celaá ofreció a los jeltzales su disposición a llegar a acuerdos. “No sé si tendremos posibilidad de acuerdo. Esto hay que trabajarlo, pero voluntad sí tenemos”, dijo.

próxima cita Celaá apostó por el autogobierno para mejorar la calidad de vida, y propuso introducir en el Estatuto referencias a la renta de garantía de ingresos o el derecho a la vivienda. El PP insistió en mirar a Euskadi de puertas adentro, más que a su relación con España, y UPyD cree que la ponencia es un “utensilio de propaganda del PNV”. La próxima cita será el 9 de marzo y se abordará el texto de EH Bildu. El PNV pidió avanzar en reuniones paralelas al margen de la ponencia, aunque aún no se ha convocado ninguna. Esta legislatura, que acaba en otoño, solo se acordarán unas bases.