Gasteiz - El Consejo de Gobierno vasco autorizó ayer la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por la “injerencia ilegítima, indebida, innecesaria y desproporcionada” que cree que supone la Ley 15/2015 del pasado 16 de octubre, reforma que “permite al Tribunal Constitucional sancionar a quienes incumplan sus sentencias e intervenir en las autonomías, sin garantías”. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 17 de octubre la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para asegurar la ejecución de sus sentencias, lo que provocó las críticas de los grupos de la oposición.
El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, aseguró que el Gobierno español ha otorgado al Constitucional “un poder de tal magnitud que lo sitúa por encima del resto de órganos constitucionales”, algo que “va en contra del consenso constitucional de 1978 y que generaría una crisis sin precedentes al margen de los valores constitucionales”. Para él, la nueva ley “cambia absolutamente la configuración de las funciones que la propia Constitución española otorgó al tribunal, lo desnaturaliza y lo hace modificando de manera sustancial el sistema político y afectando al equilibrio entre poderes territoriales”.
Según explicó el portavoz del Gobierno Vasco, consideran “inconstitucional” la capacidad ejecutoria que el Gobierno español le da a este tribunal para multar, suspender o exigir responsabilidades penales a las autoridades o personal público que incumplan sus sentencias. También consideran que la reforma “vulnera la legalidad vigente en materia de aforamientos” y “obvia el principio de autonomía política de las comunidades autónomas y las garantías previstas en el artículo 155 de la Constitución española al facultar al Gobierno español a que intervenga, de manera directa y unilateral, sobre las Comunidades Autónomas”.
Erkoreka desvinculó la interposición de este recurso de la reunión que mantuvieron el pasado sábado Artur Mas e Iñigo Urkullu y explicó que una decisión así no se “improvisa” y requiere del estudio de los servicios jurídicos.
Asimismo, el Ejecutivo vasco recurrirá ante el Constitucional la normativa estatal que regula la salud laboral y la formación de los trabajadores del ámbito marítimo pesquero al considerar que “ningunea las competencias” de Euskadi en esta materia. Según Erkoreka, esta ley vulnera las competencias vascas en materia de asistencia sanitaria, seguridad y salud laboral, así como educación y formación profesional.
Una veintena de recursos Con los dos recursos anunciados ayer, son ya una veintena los interpuestos ante el Constitucional por cuestiones de competencias. Además, hay otros ocho choques competenciales. Por contra, la Comisión Bilateral ha llegado a once acuerdos totales y cuatro parciales, al tiempo que se están negociando otras cuatro leyes. - DNA/Efe
Una veintena. El Ejecutivo vasco ha interpuesto una veintena de recursos ante el Tribunal Constitucional. Además del anuncio de ayer de dos nuevos recursos, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha llevado también ante el alto tribunal de garantías, entre otras, la orden por la que se aprobó el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, el decreto que establece el currículo básico de la Educación Primaria, los Presupuestos del Estado de 2012 y 2013 o el decreto regulador del gasto público en el ámbito educativo.
Ocho. Junto a los recursos presentados, en este momento hay ocho choques competenciales de diversa índole. Entre ellos se encuentran las OPE de la Ertzaintza de 2014 y 2015, el decreto por el que se regula la tarjeta sanitaria individual o el abono de la paga extraordinaria a los trabajadores del sector público vasco.
Cuatro. En este momento la Comisión Bilateral negocia la Ley Vasca de Derecho Civil Vasco, la ley para la defensa de la calidad alimentaria, la ley de medidas adicionales de protección medioambiental del fracking y la Ley de Vivienda. Además, la Comisión Bilateral ha llegado a once acuerdos totales y cuatro parciales.
