El ararteko censura la vinculación “infundada” de ayudas sociales y fraude

“El sistema vasco de protección social ha sido objeto de animado debate público. Se ha destacado la información relativa al origen nacional de las personas beneficiarias sobre otro tipo de consideraciones como es la situación de vulnerabilidad o las dificultades para encontrar empleo, y se ha creado una amalgama desafortunada e infundada que vincula prestaciones sociales con fraude”, dijo el ararteko en la presentación del informe anual correspondiente a 2014.

Lezertua informó de que en 2014 su oficina llevó a cabo 8.608 actuaciones relacionadas con el servicio a la ciudadanía y el control de las administraciones. Del total de actuaciones, 6.378 corresponden a quejas de los ciudadanos, también hubo 2.065 intervenciones en las que se ofreció información y orientación. Como contrapunto positivo, Manu Lezertua señaló ayer que “la administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en un porcentaje cercano al 92% de los supuestos. En la mayoría de los casos ni siquiera ha sido necesario adoptar una recomendación formal para que la administración implicada aceptara el planteamiento del ararteko” .

El año pasado el ararteko tramitó 2.203 expedientes de queja, de los que más de la mitad tienen relación con derechos sociales (educación, sanidad, inclusión social o vivienda). Más de la cuarta parte de los expedientes -el 27,42%- están relacionados con políticas y medidas de inclusión social. Según el informe anual del ararteko, en 2014 se redujeron las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social: 604 -frente a las 883 de 2013, y las 1.100 de 2012-. De los 604 expedientes de queja escrita, 576 (el 96%) se refieren a problemas diversos relacionados con el mal funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la RGI, así como de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Por áreas, el defensor contabilizó 386 expedientes de queja contra el departamento de Empleo y Políticas Sociales que están en tramitación y 281 cerrados.

La retirada de ayudas sociales o la reclamación de cantidades “indebidamente cobradas” son algunas de las actuaciones administrativas que dan lugar a quejas. En este sentido el ararteko señaló que “los motivos por los que se deniegan, se suspenden o se extinguen las prestaciones no están relacionados con la existencia de fraude, como se infiere del análisis de quejas que hemos tramitado. Los casos que han salido a la luz en los medios de comunicación son aislados y no reflejan la realidad de las personas que solicitan estas prestaciones, ni su situación de pobreza. La mayoría de las personas que han presentado queja ante el ararteko carecen, simplemente, de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades más básicas”.

Tras reconocer que Lanbide “ha ido mejorando su gestión” de la RGI y la PCV, Lezertua insistió en “la importancia de las garantías procedimentales previstas” y pidió que se “tipifiquen detalladamente” las conductas que dan lugar a infracciones y sanciones y se prevea un régimen de prescripción. En opinión del ararteko, “la suspensión o extinción del derecho a la prestación únicamente debería imponerse cuando haya una pérdida de requisitos, de tal manera que se garantice que la persona a la que se le suspende o extingue el derecho a la prestación dispone de ingresos para hacer frente a sus necesidades más básicas. El resto de los incumplimientos de obligaciones deberían ser objeto de sanción”.

los inmigrantes Sobre los colectivos sociales que se benefician de las políticas públicas, Manu Lezertua recordó que “la crisis financiera y económica ha tenido un fuerte impacto en muchos hogares, pero aún más en los hogares de inmigrantes que tienen miembros en paro o bien carecen ingresos. Las personas inmigrantes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en comparación con las familias autóctonas, sobre todo en los casos de familias monoparentales. Destaca como elemento emergente sumamente preocupante la pobreza infantil de los menores extranjeros”. Según el ararteko, “las políticas sociales deben tomar en consideración la situación de vulnerabilidad y dificultad o necesidad social, con independencia de otros factores como es el origen de las personas y la situación administrativa”.

En relación con los inmigrantes, el ararteko recomendó al departamento de Seguridad “que adopte medidas para prevenir y controlar la elaboración de perfiles raciales en la Ertzaintza”, ya que esa conducta “carece de justificación y tiene naturaleza discriminatoria”.

El ararteko aconsejó reforzar los programas y servicios de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar y consideró que es prioritaria “la identificación de aquellas realidades familiares que son merecedoras de especiales recursos o protección”. Puso como ejemplo el caso de las familias monoparentales.

En al área de educación, que también es motivo de numerosas quejas, Lezertua mostró su preocupación ante “las diferencias que mantienen los principales agentes educativos” con respecto a los proyectos del Plan Heziberri 2020 para la mejora del sistema educativo vasco, a lo que se suma el fuerte rechazo a la Lomce. Otro aspecto mejorable es el sistema de admisión del alumnado y “la utilización abusiva de los datos del Padrón”.

Actuaciones. En 2014 el ararteko realizó 8.608 actuaciones relacionadas con el servicio a la ciudadanía y el control de las administraciones, de las cuales 6.378 corresponden a quejas.

Quejas. El año pasado se registraron un total de 2.592 quejas escritas a instancia de la ciudadanía vasca. Además, se iniciaron 68 actuaciones de oficio. También hubo 4.926 quejas presenciales, de las que 1.205 se materializaron en expediente.

Afectados Al igual que en años anteriores, el Gobierno vasco fue la administración contra la que más reclamaciones escritas se presentaron (el 62,11%) y se incrementaron las referidas a actuaciones de ayuntamientos.