Bilbao - Los soberanistas avanzan hacia la independencia de Catalunya y aseguran que no podrá pararlos ni una sentencia del Tribunal Constitucional, al que están dispuestos a desobedecer. El presidente español, Mariano Rajoy, no ha ofrecido una solución intermedia que permita ensanchar el autogobierno catalán, no se reúne con el president Artur Mas desde el pasado año, e intenta articular un frente antisoberanista con el mayor número posible de partidos estatales para tratar de frenar todos los pasos del Parlament, fundamentalmente con Ciudadanos y los socialistas, según su plan. En ese contexto de choque de trenes, el lehendakari opinó ayer que “el frentismo con el único propósito de la confrontación no es, en el momento actual, la dirección correcta ante una realidad política que está pidiendo acercamiento y diálogo”.

Según fuentes del Gobierno Vasco consultadas por este diario, Urkullu se refería solo a Rajoy cuando hablaba de frentismo, y no aludía a los independentistas catalanes. Las mismas fuentes depositan la carga en el PP y se remontan al origen del conflicto. Recuerdan que el desapego y el ansia independentista se dispararon cuando el Tribunal Constitucional cepilló el Estatut en 2010, un texto avalado por el Parlament, negociado con el Gobierno de Zapatero y aprobado en referéndum, que había cumplimentado escrupulosamente todas las fases y se había guiado por el pacto; y fue sin embargo limado por un recurso interpuesto por el PP ante los tribunales. Un partido que sigue la misma senda ante el reto independentista, apelando a los tribunales como único recurso y articulando frentes políticos para frenar el proceso, de momento sin demasiado éxito en ese segundo propósito dada la disparidad de criterios sobre todo con Podemos e IU, pero también con unos socialistas que defienden una reforma constitucional.

No es ningún secreto que PNV y Gobierno Vasco apuestan por la vía del acuerdo en Euskadi y no por saltarse las reglas. Además, no están en la fase de la independencia sino en acordar un nuevo estatus de autogobierno en el Parlamento Vasco. Por otro lado, más que la vía catalana, el lehendakari prefiere una consulta independentista pactada como la que se celebró en Escocia el pasado año tras el acuerdo con Reino Unido. No obstante, justifican el camino emprendido por Catalunya en su situación de emergencia económica y en que Rajoy ha desechado todas las ofertas de acuerdo (desde un pacto fiscal semejante al Concierto Económico vasco hasta un referéndum independentista).

Los jeltzales creen que Rajoy se ha manejado con gran torpeza al no atender las ofertas de diálogo, tal y como hace con las iniciativas que le traslada Urkullu. No ha respondido a las propuestas de paz y autogobierno del lehendakari, la legislatura ha estado plagada de conflictos competenciales entre los gobiernos vasco y español, y Rajoy no se reúne con Urkullu desde septiembre del mes pasado. El hartazgo es tal que el lehendakari desea abiertamente que sea desalojado del Gobierno tras las elecciones generales de diciembre. Rajoy, por su parte, se reunirá con varios presidentes autonómicos en medio de su ronda de contactos con partidos y agentes sociales para abordar el reto catalán, aunque la ronda con presidentes se ha vestido como una simple toma de contacto con los nuevos mandatarios elegidos en las elecciones de mayo, nada más allá. Sea como fuere, de momento no ha llamado a Urkullu, según las fuentes consultadas. Sí ha llamado al PNV, pero el partido ya ha aclarado que no participará en un frente antisoberanista.

defensa del concierto En su discurso de apertura de las jornadas sobre Derecho Civil vasco, el lehendakari pidió ayer diálogo y no frentismo, pero también aprovechó para volver a defender el Concierto Económico, el sistema que permite a Euskadi recaudar sus propios impuestos y pagar a España solo por servicios como el Ejército y en concepto de solidaridad con otros territorios. Después de que barones socialistas y del PP hayan tachado de privilegio ese sistema, Urkullu insistió en su condición de “derecho histórico” amparado por la Constitución española y el Tribunal de Luxemburgo. “Las sentencias del Tribunal Constitucional declaran que el Concierto y el Cupo son un pacto entre administraciones y que el núcleo esencial de la garantía institucional de la foralidad reside en su carácter de pacto”, aseguró.