El papel protagonista de la ciudadanía en el proceso catalán es indiscutible, y las multitudinarias manifestaciones de la Diada han servido para tirar del proceso y para apretar en aquellas ocasiones en que los políticos no parecían ponerse de acuerdo para pactar una hoja de ruta conjunta y preservar la unidad soberanista. “Los catalanes han sido el elemento de ruptura con la actitud victimista que caracterizó la política catalana durante muchos años”, destaca a este periódico Salvador Cardús, sociólogo y profesor de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. La ciudadanía ha sido la que ha marcado la hoja de ruta y, en muchas ocasiones, son los políticos los que se han visto en la obligación de cambiar su estrategia y modificar su discurso para no quedar fuera del debate. Pero movilizaciones ciudadanas ha habido durante muchos años y por muchos motivos, y pocas veces estas han tenido una consecuencia política real e inmediata. Este ha sido otro de los puntos de inflexión del proceso catalán. Cardús lo atribuye por una parte al volumen de asistencia pero, sobre todo, a un aspecto más personal de los liderazgos políticos del momento. Así, considera que han sido claves en este proceso las figuras de Oriol Junqueras, de ERC, y de Artur Mas, de CDC. El primero, por su talante independentista desacomplejado y, el segundo, por haber vivido en propia carne la humillación a la que las instituciones del Estado habrían sometido a Catalunya a raíz del Estatut.

Todos los expertos han coincidido en fijar en la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Catalunya en el año 2010 la gota que colmó el vaso. “Esa sentencia hirió a los catalanes, y no es para menos, después del vapuleo al que durante años fue sometido el texto de su Estatuto”, subraya Javier Elzo, catedrático emérito de sociología de Deusto. Fue entonces cuando la ciudadanía se puso en pie de guerra y cogió las riendas del que se sería bautizado años más tarde como el procés. Aquel verano Barcelona acogió en sus calles la mayor movilización conocida hasta el momento, aunque aquellas cifras se quedarían cortas año tras año. Bajo el lema Somos una nación, nosotros decidimos se conjuraron más de un millón de personas en las calles barcelonesas y los primeros vítores a favor de la independencia se empezaron a contagiar.

La ciudadanía empezó a marcar el ritmo a los políticos. Llegaron meses de diálogo, de reuniones, y de propuestas. Mientras algunos abogaban por la vía directa hacia la independencia, se abrieron líneas de negociación por una mejora del pacto fiscal. Pero Artur Mas regresó a Catalunya sin su anhelada mejora de la financiación autonómica tras un nuevo y sonoro portazo de la Moncloa. De nuevo, y como señalaba Cardús, Catalunya era humillada a través de su máximo representante, el president de la Generalitat. El portazo, explica Elzo, le recordó sobremanera al que se llevó Ibarretxe en su momento y señala que, si en algo coinciden las trayectorias vasca y catalana, es en los intentos fallidos de diálogo con el Estado por falta de voluntad de los líderes españoles.

el portazo al pacto fiscal En ese año 2012, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium habían convocado la primera gran manifestación que se llevaba a cabo un 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya. La gente volvió a responder y un millón y medio de personas coparon las calles de la ciudad condal. Tanta fue la afluencia que la manifestación ni siquiera pudo avanzar. Aquella fue la primera movilización que tuvo consecuencias políticas directas y es que, al cabo de dos semanas, el president Artur Mas, que para colmo acababa de recibir el portazo de Rajoy, convocó elecciones para dar la palabra en las urnas respecto al rumbo que Catalunya debía tomar. La convocatoria de un referéndum de autodeterminación se instaló en los programas electorales de las fuerzas políticas que estaban a favor el derecho a decidir. Y, efectivamente, alcanzaron una mayoría, pese a que la victoria electoral de CiU fue más ajustada.

La Diada de 2013 sacó a la calle a 1.400.000 personas que realizaron una cadena humana a lo largo de los 400 kilómetros que separan el Pertús, en la Catalunya Nord francesa, y Alcanar, el límite con la comunidad valenciana. Esta acción clave llamó la atención de numerosos medios de comunicación internacionales que empezaron a situar a Catalunya en el mapa y el conflicto con el Estado en su agenda informativa. Tras el éxito de aquella movilización, Carme Forcadell, la entonces presidenta de la ANC, exigió a todas las fuerzas políticas que fijaran una fecha y una pregunta para celebrar la consulta sobre el futuro de Catalunya. El acuerdo, que no estuvo exento de acaloradas discusiones y escenificaciones mediáticas, fijó el 9 de noviembre de 2014 y una pregunta algo compleja pero que aseguraba la implicación de fuerzas políticas como Iniciativa per Catalunya-Verds.

A lo largo del año 2014, la ciudadanía no dejó de hacer oír su voz con diferentes actos y movilizaciones pro 9-N. El objetivo era doble. Por un lado, mantener la presión sobre los partidos para que no se echaran atrás, pese a las amenazas del Estado sobre las consecuencias de realizar una consulta que ellos consideraban ilegal y, por otro, que los ánimos entre los catalanes no decayeran y no se desmovilizaran. La Diada de 2014 volvió a convertirse en un hito histórico de participación. La ANC y Òmnium movilizaron a 1.800.000 personas que formaron una gran senyera a lo largo y ancho de dos de las arterias más importantes de Barcelona, la Diagonal y la Gran Vía, formando una gran V. Forcadell, en un enardecido discurso, soltó el ya legendario “president ponga las urnas”. El 9 de noviembre llegó, y en un acto claro de desobediencia hacia las advertencias del Estado, algunos institutos y colegios abrieron sus puertas para acoger a los miles de personas que quisieron expresar de forma democrática sus aspiraciones para Catalunya.

Aquel día dejó el proceso en suspensión. Durante los meses posteriores, los líderes de las plataformas ciudadanas asistieron con desasosiego a las disputas políticas entre CiU y ERC y a su imposibilidad de llegar a un acuerdo para una candidatura conjunta, en esencia por la negativa de los republicanos. El siguiente paso era dotar de legalidad al hecho de que los catalanes se pronunciaran y el único recurso que quedaba en manos de los partidos pro independencia era convocar unas elecciones autonómicas de carácter plebiscitario, que se enredaron durante semanas en esa candidatura conjunta. Las elecciones tendrían lugar el 27 de septiembre, y finalmente habría lista conjunta entre CDC y ERC. La CUP, que también forma parte del bloque independentista, queda fuera de la lista conjunta pero anuncia un pacto de no agresión entre candidatos con el objetivo de sumar el máximo de votos para el bloque del sí. La última palabra, de nuevo, está en manos de la ciudadanía. Unió se bajó del carro por rechazar la independencia unilateral.

¿y en la cav? Javier Elzo atribuye la desmovilización en la CAV al agotamiento de la sociedad vasca. “Durante muchos años, la CAV ha peleado activamente, y a ello hay que sumar el factor ETA, que supuso durante los años más duros un factor determinante en la política y en la relación con el Estado” explica. Elzo también señala que la conciencia política de los vascos ha estado, históricamente, mucho más presente que la catalana. Rescatando los datos de un estudio que él mismo lideró en Barcelona en 2010, recuerda que en un período de poco más de diez años, la conciencia independentista catalana dobló sus cifras: pasó de un 20% a más del 40% de la ciudadanía que se mostraba favorable a la secesión.

Elzo ubica el desenlace de la negociación del Nuevo Estatuto Político propuesto por Ibarretxe como el momento clave que desencadenó el agotamiento vasco y su desmovilización. Si bien iniciativas como Gure Esku Dago han tratado de prender la mecha y seguir la estela catalana, no logran todavía movilizar y entusiasmar a un grupo suficientemente amplio como para iniciar un proceso similar al de Catalunya. Además, el nuevo Gobierno Vasco, con el lehendakari Urkullu al frente, ha demostrado un talante pactista y conciliador y ha abogado por otra vía basada en el acuerdo. Propone acordar un nuevo estatus desde el Parlamento Vasco entre los partidos, pactar también con el Estado, y someterlo a referéndum entre la ciudadanía vasca.