BARCELONA. Lo ha presentado en rueda de prensa tras el Consell Executiu la vicepresidenta, Neus Munté, que ha explicado que se recogen, entre otras cuestiones, los tres principales conflictos entre la Generalitat y el Estado de los últimos años: la reforma del Estatut, la propuesta de pacto fiscal y la consulta del 9N.
Con más de 100 páginas y el título 'Crónica de una ofensiva premeditada. Las consecuencias sobre las personas en Cataluña', el documento recoge lo que el Govern considera agravios en ámbitos que van desde las infraestructuras a la ley de dependencia y las cifras del déficit fiscal catalán.
Según Munté, el informe evidencia "la falta de voluntad de diálogo del Estado" en cuestiones clave para los catalanes, y también critica que la comisión bilateral Generalitat-Estado no se reúne desde hace cuatro años por decisión del Gobierno central.
La también portavoz del Govern sostiene que los incumplimientos del Estado han perjudicado a la economía y al bienestar de las personas, y ha avanzado que la Generalitat divulgará el informe entre el mundo local, en el ámbito internacional y entre las entidades sociales, económicas y profesionales de Catalunya.
Así, el informe "formará parte del material" que difundirán los órganos de representación de la Generalitat en el exterior --como las delegaciones-- y ha previsto que el presidente Artur Mas aborde su contenido en el viaje que realizará a Bruselas este miércoles.
DERECHO A DECIDIR
El informe se empezó a elaborar el 3 de marzo, lo ha coordinado la Conselleria de Presidencia que lidera Francesc Homs, ha tenido aportaciones de todos los departamentos, y concluye que una de las consecuencias de los agravios es que los catalanes quieren "decidir su futuro político".
Pese a que en el sumario del documento se acusa al Estado con términos como 'ahogo', 'ataque', 'menosprecio' y 'laminación', Munté ha asegurado que por parte del Ejecutivo catalán la voluntad de diálogo con el Gobierno central "estará siempre".
Munté ha puesto algunos ejemplos de los agravios que en el documento se citan: los 240 millones de euros que el Gobierno central adeuda a la Generalitat en concepto de dependencia y los 4.000 millones de euros en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut.
"Los 240 millones habrían permitido crear 13.000 plazas residenciales para gente mayor. Con los 3.967 millones de la disposición adicional tercera se hubieran podido hacer 20 lanzaderas ferroviarias entre Barcelona y El Prat", ha sentenciado.
19 RECURSOS AL TC
El documento también cita que en estos 10 años el Gobierno central ha presentado 19 recursos al Tribunal Constitucional (TC) sobre leyes o decretos del Parlament, como el decreto de pobreza energética, el modelo catalán de comercio o el impuesto autonómico sobre depósitos bancarios.
Munté también ha dicho que se detalla "el ataque contra el modelo de escuela catalana", además de cargar contra la voluntad recentralizadora del Estado, que ha buscado suprimir organismos propios de los catalanes como el Síndic de Greuges y la Sindicatura de Comptes, cita el informe.
