gasteiz - A falta de un mes para las elecciones municipales y forales, el Gobierno Vasco y la oposición han sido incapaces de limar diferencias de cara a cubrir el vacío legal que supone la ausencia de una Ley de Administración Pública, desavenencias que desde Lakua achacan a la proximidad de la cita con las urnas y que en la oposición enmarcan en la falta de voluntad negociadora del Gabinete Urkullu.

Tal y como adelantó ayer este periódico, el lehendakari reunió a primera hora de la mañana a sus consejeros para retirar el proyecto de ley que perseguía, por un lado, dotar al entramado legislativo vasco de la norma llamada a regular el funcionamiento del sector público, y, por otro, regular la transparencia administrativa. El fracaso en las negociaciones dejaba visto para sentencia el destino del proyecto de ley, que con la oposición de EH Bildu, PSE y UPyD -los tres grupos habían presentado sendas enmiendas de totalidad- iba a decaer en el debate incluido en el orden del día del pleno que ayer acogió el Parlamento Vasco.

El Consejo de Gobierno optó, en convocatoria extraordinaria, por retirar el proyecto apenas unos minutos antes de que diera comienzo la sesión plenaria en Gasteiz y aplazar a una nueva tentativa que llegará tras las elecciones del 24 de mayo su intento de alumbrar, tras casi cuatro décadas de vacío legal, la Ley de Administración Pública.

Así las cosas, el futuro de esta norma dependerá de las gestiones que a partir del próximo curso político lleven a cabo las partes implicadas. Pero ayer también tocaba echar la vista atrás y analizar qué es lo que ha fallado para que el Gobierno Vasco se viera obligado por segunda vez a renunciar a un proyecto de ley, después de que hace dos años decayera, también por falta de apoyos, los primeros Presupuestos diseñado por Lehendakaritza esta legislatura.

La razón que ha llevado a la oposición a actuar de esta forma, según el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, no guarda relación ni con el fondo ni las formas de la iniciativa, sino que se limita a una “estrategia calculada” cuyo fin es “debilitar” al Gobierno Vasco y al PNV a las puertas de unos nuevos comicios. El también consejero de Administración Pública argumentó su teoría desvelando que en la negociación previa los jeltzales llegaron a garantizar a “un grupo” -el portavoz del PNV en la Cámara, Joseba Egibar, desveló horas más tarde que se trataba de EH Bildu- todas sus enmiendas parciales a cambio de la retirada de la petición de devolución del proyecto.

Ni así se pudo cerrar una alianza que hubiera resultado determinante en la aprobación de la citada norma y cuyo principal aspecto discordante ha sido limitar su aplicación a la esfera autonómica, en lugar de ampliarla a la Administración foral y local, como en un principio recogió el texto. Erkoreka matizó que para lograr este objetivo y que la nueva ley afectara al personal de los ayuntamientos y las diputaciones hubiera sido necesario reformar el Estatuto de Autonomía y puede que incluso también la Constitución española.

Esta versión no convenció a los aforados de la oposición, que en los pasillos del Parlamento respondían al Gobierno con sus mismas acusaciones y veían en la intención de aprobar el proyecto de ley a las puertas del 24-M una táctica electoral. En los discursos en sala de prensa, EH Bildu negó que la oferta del PNV hubiera llegado a copar la totalidad de sus propuestas alternativas, aunque el portavoz de la coalición soberanista, Unai Urruzuno, remarcó que dadas las “diferencias” del proyecto el no de su grupo se hubiera mantenido “aun aprobando el 100% de las enmiendas parciales”.

Por parte del PSE, José Antonio Pastor acusó al Ejecutivo de falta de capacidad para fraguar acuerdos en esta materia, lo que enmarcó en la “nula voluntad negociadora” con la que los jeltzales han acompañado a un “mal” proyecto para la regulación del sector público. En una línea argumental muy similar se pronunciaron desde el PP y UPyD. Los primeros, representados por Borja Sémper, eran los únicos que no habían presentado una enmienda de totalidad al proyecto y su intención era abstenerse en la votación, una posición que a la postre hubiera resultado intrascendente dada la mayoría parlamentaria que supone la suma de EH Bildu y PSE si a sus 37 escaños se añade, como iba a ser el caso, el único voto de Gorka Maneiro (UPyD).

A falta de debate en el salón de plenos, el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, se encargó de completar la ronda de declaraciones que acogió la sala de prensa en relación a este asunto, una intervención en la que el dirigente nacionalista sostuvo que las encuestas electorales “activan los nervios” de las formaciones en liza, pero en la que también hubo espacio para la autocrítica: “No hemos acertado”, concluyó.

Egibar desligó las desavenencias que en el proyecto de ley han mantenido el Gobierno Vasco y el PSE del trabajo en común que ambas partes han desarrollado a lo largo de la legislatura y que, entre otros aspectos, ha posibilitado la aprobación en los dos últimos ejercicios de las Cuentas autonómicas. “Esto no estaba acordado”, reiteró ante los medios de comunicación.