gasteiz - A punto de cumplirse tres años desde que el Parlamento Vasco aprobara el dictamen de la Comisión que abordó las presuntas irregularidades políticas cometidas en el caso De Miguel, la Cámara autonómica volvió ayer a pronunciarse sobre este asunto para demandar al Gobierno Vasco que antes de que finalice en julio el actual periodo de sesiones, Lehendakaritza remita un informe en el que ponga de manifiesto el grado de cumplimiento de las recomendaciones sugeridas desde el Legislativo.
En este informe, las bancadas parlamentarias instaban al Ejecutivo a intensificar sus controles para una correcta administración de los recursos políticos y, entre otros aspectos, se le demandó que activara la recuperación de los fondos públicos abonados a empresas implicadas en esta presunta trama pendiente de ser juzgada.
En nombre del PNV, María Eugenia Arrizabalaga aseguró que la respuesta del Gobierno Vasco a las demandas de los grupos parlamentarios será “francamente buena”, aunque matizó que el plazo exigido por la Cámara, dos meses y medio, supone una “premura excesiva” para culminar estos trabajos.
Arrizabalaga también aprovechó su paso por el atril de oradores para destacar que, “por casualidad”, el cierre de la instrucción judicial que deja el caso a expensas de la apertura de juicio oral se ha producido a las puertas de las elecciones forales y municipales que tendrán lugar el próximo 24 de mayo. Además, matizó que el auto del juez instructor contiene párrafos copiados de las conclusiones de la Comisión de investigación habilitada en el Parlamento Vasco.
Desde el PP, Carmelo Barrio afirmó que la sociedad quiere que los poderes públicos “reaccionen” ante este tipo de casos, mientras que el parlamentario de la coalición soberanista Igor López de Munain acusó al PNV de “no ser sincero” al negar que conociera las supuestas prácticas del que fuera teniente de diputado general de Álava, Alfredo de Miguel. Por parte del PSE, José Antonio Pastor, diferenció la vertiente judicial de la política o administrativa que reclaman al Gobierno. - A. Abaitua