Bilbao - Tres años después del suceso más grave en la historia de la Er-tzaintza, la muerte de Iñigo Cabacas como consecuencia del impacto de una pelota de goma, aún hay agentes que se encontraban en el lugar de los hechos portando una escopeta antes de que se produjera el disparo mortal que no han pasado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao que lleva el caso. Una circunstancia llamativa por el lapso de tiempo transcurrido, ya que el proceso judicial, aún en su fase previa de instrucción, acumula un gran retraso pese al largo tiempo transcurrido.
Fuentes que han tenido acceso al atestado de la noche del 5 de abril de 2012 aseguraron a DNA que, antes de que Cabacas cayera mortalmente herido -la primera llamada solicitando ayuda se realizó a las 23.40 horas, el dispositivo policial desplegado ante la herriko de la calle María Díaz de Haro como consecuencia de unos incidentes tras el partido entre el Athletic y el Schalke 04 contaba con una docena de ertzainas que tenían asignada una escopeta lanzadora de pelotas. Transcurridos tres años desde ese trágico suceso -el joven falleció cuatro días después, el 9 de abril-, no todos estos agentes han prestado declaración en sede judicial. Ello pese a que, según fuentes jurídicas consultadas, “el objetivo de este proceso penal debería ser identificar al autor del disparo” que acabó con su vida.
A preguntas de este periódico, la abogada que representa a la familia Cabacas como acusación particular, Jone Goirizelaia, afirmó que “a día de hoy, la mayoría de las personas que formaron parte del operativo, las que estuvieron allí directamente, han declarado en una condición o en otra. Yo llegaría a decir que prácticamente todos. Ahora es el momento de repasarlo bien, igual me equivoco, pero creo que prácticamente la mayoría sí que han prestado declaración”.
Tras hacer un balance del desarrollo del proceso, las fuentes consultadas atribuyen el alargamiento de la fase de instrucción a la carga de trabajo de la juez, que no ha sido liberada de otros casos, y a la actitud de las partes acusadoras, que son las encargadas de “impulsar el proceso penal”. Así, mientras la Fiscalía “tiene un papel muy pasivo, no asiste a todas las declaraciones y casi no ha propuesto ninguna prueba”, la acusación particular “demuestra un comportamiento errático” basado en la petición de pruebas que no tienen relación directa con el “objetivo del proceso penal” y de imputaciones genéricas que son sistemáticamente rechazadas y “provocan una mayor dilación en el proceso”.
Prueba de ello es que el primer paso de Gorizelaia fue reclamar los protocolos y grabaciones de la Brigada Móvil, pese a que esa unidad especializada no actuó en el lugar sino que se encontraba en San Mamés. Todos los agentes que acudieron a María Díaz de Haro eran de Seguridad Ciudadana y pertenecían a la comisaría de Bilbao.
Ya el 25 de abril de 2012, poco después de iniciarse la causa, la letrada pidió la imputación de unos 63 ertzainas, todos los que actuaron cerca del callejón. El 14 de mayo, la juez rechazó esa petición porque “entre los solicitados como imputados existen intervinientes que ni tienen cargo de responsabilidad que hubiera permitido ordenar acto alguno y ni tan siquiera en su actuación portaron arma alguna”. “No caben imputaciones genéricas sin un fundamento concreto”, agregó.
Esta misma situación se repitió el 24 de julio de 2013, con el escrito presentado para que se llamara a declarar como imputados a 40 ertzainas, incluyendo a los responsables de las furgonetas -en la actuación participaron seis de estos vehículos-, los agentes que portaban escopeta e incluso aquellos que llegaron al lugar después de que Iñigo Cabacas fuera alcanzado. El 6 de noviembre, la instructora respondió que “obviamente, no es un criterio penal de imputación tan solo haber portado escopeta aquel día o tener algún puesto de responsabilidad sobre otros”.
Las fuentes del ámbito jurídico consultadas explicaron que, para que se produzca una imputación, “tiene que haber indicios de participación directa”. Agregaron que cualquier iniciativa en otro sentido “prolonga el proceso penal”, ya que para el mismo “es intrascendente lo que sucedió después” del suceso objeto de investigación. La acusación particular ha actuado en gran medida por elevación, pidiendo que los agentes que participaron en la operación declaren como imputados y no como testigos “para que tengan sus derechos garantizados y puedan actuar en el procedimiento como les convenga”, según palabras de Goirizelaia.
La consecuencia de esta forma de proceder es que, hasta la fecha, solo han sido imputados cinco ertzainas: dos suboficiales y tres agentes. Se trata de los tres únicos escopeteros que han admitido haber disparado pelotas de goma esa noche en María Díaz de Haro y de dos responsables de otras tantas furgonetas, uno de los cuales reconoce que ordenó disparar, primero salvas y después pelotas de goma. Las fuentes consultadas agregaron que en este caso “se llevan a cabo acusaciones genéricas” cuando, “al igual que en cualquier proceso penal, hay que tener indicios de alguna responsabilidad”.
‘Ugarteko’ y Aldekoa Entre estas peticiones de imputaciones está la que la acusación particular realizó el 24 de julio de 2013 del agente que esa noche ocupaba el puesto de ugarteko en la comisaría de Deusto, es decir, que hacía las labores de coordinación. Una vez más, y en un auto del 28 de abril de 2014, la juez lo desestimó ante “la evidencia de que [ugarteko] no dio la orden concreta de disparar que produjo el fatal desenlace”. Esto se debe a que la frase de este suboficial que difundió Gara en abril de 2013, “entren en el callejón con todo lo que tenemos”, se produjo después de una llamada pidiendo una ambulancia porque Cabacas yacía en el suelo.
Otro ejemplo de reacción a una noticia en los medios tuvo lugar cuando, a finales de 2013, trascendió que el que fuera responsable de la comisaría de Bilbao cuando murió el joven de Basauri, Jorge Aldekoa, iba a ser propuesto como nuevo jefe de la Ertzain-tza. Pese a no haber aparecido hasta entonces en ninguna de las peticiones de pruebas, el 2 de enero de 2014 la abogada de la familia reclamó que se le citara a prestar declaración. La respuesta negativa llegó el 28 de abril cuando la juez contestó que “no puede tomarse como indicio de la existencia de un delito las manifestaciones de personas efectuadas en periódicos, máxime cuando muchas de las informaciones que se han publicado contrastan seriamente con otras diligencias que han sido practicadas”.
Ya en 2013, Goirizelaia intentó implicar a responsables políticos cuando, el 8 de febrero, pidió que se certificara si el exconsejero de Interior Rodolfo Ares conocía la operación. A ello se sumó la reclamación, el 24 de julio de ese año, de que el exjefe de la Policía vasca José Antonio Varela y el exviceconsejero de Seguridad Miguel Buen fueran imputados. Una vez más, la respuesta fue que ninguno de ellos participó en el operativo.
