Gasteiz - “Ha quedado indiciariamente acreditado y en grado de probabilidad la existencia de una trama organizada en torno a la figura del imputado don Alfredo de Miguel Aguirre, quien contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, alguno de los cuales tenía u ostentaba responsabilidades políticas y/o administrativas, lideró un entramado societario”. Arranca así la relación de hechos investigados el juez instructor Roberto Ramos en el auto que supone el cierre de la investigación del denominado caso De Miguel y el paso previo para la apertura de juicio oral. 26 imputados y once supuestos delitos -que van desde la prevaricación a la malversación, pasando por el cohecho o el blanqueo de capitales- son los principales trazos que dibujan la mayor trama de supuesto cobro de comisiones ilegales destapada en territorio alavés.
Un caso que estalló en marzo de 2010 y que supuso entonces un auténtico terremoto para el PNV alavés, entonces al frente de la Diputación foral. No en vano el epicentro de esa trama se sitúa en el diputado foral de Administración Local y aparecen implicadas varias personas ligadas o cercanas a la formación jeltzale en el territorio, como el también exburukide Aitor Telleria, el exgerente del Instituto Foral de Bienestar Social Koldo Otxandiano o Alfonso Arriola, exdirector del Parque Tecnológico de Miñano. Cinco años después, la finalización de la instrucción devuelve el caso a la primera línea de la actualidad política a apenas dos meses y medio de que se celebren las elecciones municipales y forales. Sin embargo, habrá que esperar aún algunos meses para el juicio oral -se especula incluso con que podría no tener lugar hasta 2016-, entre otras cuestiones por la magnitud de la causa, un auténtico macrojuicio para las dimensiones de la Audiencia alavesa. Por el momento, el juez ha dado a las partes veinte días para formular sus escritos de acusación o sobreseímiento, en un auto contra el que aún cabe impugnación.
Comisiones, adjudicaciones y contratos El juez Ramos considera que existen indicios suficientes para acreditar que De Miguel lideraba un entramado societario orientado “a obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV, ya fuera para su propia empresa Kataia Consulting S.L. o para terceras personas o empresas”, y cita a Errexal S.L. y Ortzi Muga S.L, “llegando a cobrar o percibir en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realmente efectuados”.
En segundo lugar, sostiene que esta trama societaria solicitó y llegó a obtener “el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos”, a través de Kataia Consulting y Errexal. Finalmente, el auto vincula el entramado con la solicitud y/u obtención “del pago de cantidades dinerarias en base a negocios jurídicos o contratos simulados que supuestamente enmascaraban el pago de comisiones abonadas por empresas relacionadas con la mercantil Construcciones Riera S.L. a otras empresas creadas por la trama específicamente para ello -Sidepur S.L., Kataia Consulting y Zerulur S.L.- con la finalidad de que se impulsara la tramitación del expediente de la novena modificación de la de las Normas Subsidiarias del Planeamiento del Ayuntamiento de Zambrana, referente a la creación del ámbito de suelo industrial S.A.U.1-2”.
Miñano y Zambrana El auto considera que hay indicios que acreditan que De Miguel, desde el e-mail que entonces utilizaba en la Diputación, exigió a finales de 2008 a una empresaria “en concepto de comisión” 100.000 euros a cambio de la adjudicación de un contrato para la amplicación del Parque Tecnológico alavés, presiones en las que la empresaria implica también a Telleria. Fue la denuncia de esta empresaria la que dio origen a la investigación que ahora concluye. El juez no duda en calificar de “pasiva u omisiva” la actitud que mantuvo Julián Sánchez Alegría, presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, a quien la empresaria llegó a mostrar los correos electrónicos recibidos de De Miguel.
El juez también considera susceptible de delito operaciones mercantiles desarrolladas en torno a la recalificación de suelo industrial de Zambrana. Este proceso se inicia en el Ayuntamiento en 2004 y ya a finales de 2005 entra en juego Construcciones Riera S.L., que planea promover un polígono industrial en la zona. En el marco de las negociaciones e intermediaciones realizadas, se realiza un pago de 130.541 euros a través de Sidepur y bajo el concepto “asesoramiento técnico Zambrana” a una cuenta a nombre de Kataia Consulting, sociedad creada solo dos meses antes, “careciendo de actividad, así como de experiencia, conocimientos e infraestructura para realizar cualquier trabajo de esa índole”. Según el auto, posteriormente se realizan dos nuevos pagos por esa misma vía: uno de 20.000 y otro de 30.000 euros.
El juez detecta otro pago de Sidepur S.L., esta vez a Eskalmelo S.L. -mercantil también relacionada con De Miguel- de 20.818 euros sin que exista, según el auto, “ninguna documentación que avale” el proyecto de huerto solar en Elvillar que presuntamente se iba a instalar en unos terrenos propiedad de Eskalmelo, que ingresaría otros 21.692 euros por el supuesto alquiler de esos mismos terrenos por parte de una mercantil del grupo Riera.
Otras Entre las adjudicaciones y los contratos estudiados, se detalla por ejemplo cómo Kataia Consulting fue adjudicataria de tres contratos del Departamento vasco de Cultura en 2007 por valor de 34.075 euros, sin que haya constancia de su realización. Ortzi Muga logró “cinco contratos menores” por valor de 57.715 euros, sin que tampoco conste trabajo alguno. Del mismo modo, se analizan diversas adjudicaciones de las cuadrillas de Álava a Errexal, así como de la Diputación a la propia Errexal y Ortzi Muga o el pago de una comisión del 4% a Kataia Consulting por la adjudicación de obra pública en Lapuebla de Labarca y Zigoitia, entre otras operaciones.
En total, 183 páginas de auto, que fue dictado el lunes, de las que el juez instructor dedica 108 a detallar las diversas operaciones que considera susceptibles de ser delictivas y en las que detalla -junto a nueve a gráficos anexos- el prolijo entramado de sociedades, personas y operaciones implicadas en la causa. Además de las 26 personas imputadas en el procedimiento, el auto establece la responsabilidad civil subsidiaria de cinco de las sociedades investigadas: Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga, Sidepur y Zerulur.
Sí ha decidido el juez instructor dejar fuera de la causa a dos de los hasta ahora imputados: a Pablo Jesús Larrabide, por considerar que no existen evidencias suficientes para mantener su imputación; y a Asier Aritz Arzalluz, por entender que no concurren los requisitos exigidos para ser imputado.
