gasteiz - Dos años después de recoger en un informe las vulneraciones de Derechos Humanos padecidas en Euskadi desde 1960, el Gobierno Vasco pretender ampliar esta labor de “clarificación del pasado” situando la lupa ahora sobre los amenazados por ETA. Según las previsiones que maneja la Secretaría de Paz y Convivencia, para finales de este año dispondrá de sendos informes en los que, por un lado, se recogerán desde “perspectivas cualitativas y cuantitativas” los efectos que tuvieron las amenazas de la banda armada desde 1990 hasta 2011, fecha en la que cesó la actividad de esta organización terrorista. Por otro lado, un segundo documento se centrará exclusivamente en el impacto que la amenaza de ETA provocó en la Ertzaintza.
Así lo anunciaron ayer en Lehendakaritza el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y la directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Monika Hernando. Ambos comparecieron ante los medios de comunicación tras el encuentro que mantuvieron con Zaitu, la asociación de reúne a personas amenazadas por la organización terrorista, y Aserfavite, la Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo.
Estos agentes compartieron la necesidad de investigar y recoger esta información en un documento cuya elaboración se encargará al Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Pero antes de acometer el proyecto era necesario situar unos parámetros sobre los que trabajar y acotar el estudio.
En este contexto, Fernández explicó que el primer paso ha sido fijar el marco temporal del estudio. El límite de 2011 era una referencia obligada al ser este año el que marcó el final de la actividad de la organización terrorista tras cerca de medio siglo. Aclarado este punto, los responsables de la iniciativa eligieron 1990 como punto de partida, una fecha que determina el inicio de “la etapa de la socialización del sufrimiento”, según matizo el secretario general de Paz y Convivencia.
La segunda característica para el estudio de ámbito general es la vinculación de la amenaza con un análisis policial que, en su momento, determinó la necesidad del incremento de seguridad. Por lo tanto, el informe se ceñirá a las amenazas que soportaron las personas que disponían de escolta. “Hay que delimitar el estudio porque si no sería inabarcable”, puntualizó Fernández, quien no obstante aseguró que también se hará mención a los amenazados sin escolta.
En el tercer apartado, el correspondiente al informe estricto sobre la Ertzaintza, afirmó que este estudio abordará la amenaza “difusa” sobre el conjunto de la Policía autonómica y los casos “de persecución explícitos” que padecieron agentes de este cuerpo. Como resultado de la investigación encargada al Instituto Pedro Arrupe, desde la Secretaría General de Paz y Convivencia destacaron que, además de ofrecer el número de amenazados, se ofrecerá una clasificación dividida por los sectores de actividad que ocupaban estas personas. El segundo apartado, centrado en la vertiente cualitativa, encierra mayores complicaciones para los encargados del estudio. Y es que su reto consistirá en describir el impacto que sobre la libertad conlleva una vida amenazada y escoltada, un objetivo que desde el Gobierno Vasco resumen en que “se trata de conocer el costo humano en la vida de las víctimas”. En este capítulo, la previsión es detallar algunos de los casos más emblemáticos que han sucedido a lo largo de las dos décadas a las que estará sujeto el estudio.
Como resultado final, Fernández resumió que el trabajo pretende “clarificar parte de nuestro pasado” desde el punto de vista de la vulneración de Derechos Humanos que supuso. De este modo, las recomendaciones que se deriven del informe servirán de base para proponer una reparación, “cuando menos moral”, del sufrimiento padecido por las víctimas de la amenaza de ETA.
El excoordinador de Elkarri destacó que el origen de este proyecto planteado en el Plan de Paz y Convivencia reside en Informe de Constatación de Vulneraciones de Derechos Humanos alumbrado en junio de 2013, un estudio redactado por la ex jueza Manuela Carmena, el ex director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jon Mirena Landa, el obispo emérito de Donostia Juan María Uriarte y el ex concejal del PP Ramón Mugica, que “puso de manifiesto” la existencia de “un impreciso número de personas amenazadas y escoltadas”, así como “la penuria de datos existente”.
