Madrid - El debate de la ilegalización de partidos regresó ayer al Congreso, pero en esta ocasión, tres años después del cese de ETA, la disputa no se centró en la izquierda abertzale, sino en la extrema derecha. En los últimos tiempos, las formaciones catalanas han denunciado el auge de esos grupos, particularmente tras los incidentes violentos registrados en un acto de la Generalitat de Artur Mas, en la librería Blanquerna de Madrid durante la Diada de 2013. Varios ultras irrumpieron a empujones en el establecimiento, lanzando botes de gases y arrollando al diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, en presencia de los senadores jeltzales Iñaki Anasagasti y Jokin Bildarratz. Un año después, en puertas de la consulta del 9 de noviembre, Democracia Nacional y Alianza Nacional amenazaban con reventar el plebiscito. CiU ha terminado llevando el debate al Congreso al tener noticia de la inscripción de un nuevo partido que, a su juicio, es la gota que colma el vaso: una formación que se considera filial de la neonazi griega Amanecer Dorado consiguió incorporarse al registro de partidos políticos el año pasado. CiU no llegó a pedir que se ilegalice a esas formaciones, sino simplemente emprender una revisión administrativa para repasar quiénes están inscritos ahora, revisar los requisitos para la inscripción de partidos fascistas o totalitarios, y proceder a la expulsión de los ya registrados que expresen opiniones de esa índole, aunque la decisión final se dejaría en manos de los jueces. El PP votó en contra.

Los populares coincidieron en que esas actitudes deben contar con la “máxima repulsa”, y aseguraron que el PP aboga por la confrontación directa con los comportamientos xenófobos y totalitarios, pero se aferraron a la redacción de la propuesta de CiU para oponerse por aspectos formales. En la iniciativa de los catalanes se abogaba textualmente por instar “al Gobierno” a realizar esa criba aunque, en su exposición ante la comisión, el portavoz de CiU, Feliu Guillaumes, matizó que solo piden una revisión administrativa y que “luego sea la instancia judicial la que decida”. El PP se agarró a la redacción literal para asegurar que la propuesta pretende que el Gobierno actúe sin amparo judicial, lo que abriría la puerta a la arbitrariedad. Aunque el PSOE tampoco apoyó la iniciativa de CiU con ese mismo argumento, no fue tan lejos como para votar en contra y lo dejó en una abstención, mientras el PP se mostró más contundente e, incluso, en ciertos momentos a la defensiva, asegurando que “no se siente heredero” de nadie -por Franco- ni tiene “ningún complejo”. Llegó a mezclar el debate con la apuesta independentista de Catalunya, asegurando que el PP también ha sido atacado “por no compartir propuestas soberanistas”. “En la comunidad de la que usted proviene”, espetó al portavoz de CiU, llevando por unos segundos el debate al rechazo de todos los “nacionalismos extremos”.

Guillaumes precisó que no piden endurecer la Ley de Partidos, sino aplicarla con rigor y “para todos”. La propuesta alude a la inscripción de Amanecer Dorado en octubre de 2014. Comparte nombre con el partido griego de inspiración neonazi y racista, aunque la formación de Michaloliakos no reconoce a la española como filial. CiU repudia al partido griego porque “apuesta por colocar minas antipersona en las fronteras de Grecia para la inmigración ilegal”. Su presidente en el Estado español es Antonio Vicedo, quien a su vez procede de Alianza Nacional. Encabezó su lista por Alicante en las elecciones de 2008. Además, ya es un viejo conocido de la justicia. En 2001 fue detenido por colgar carteles ultraderechistas y pertenecía al Círculo de Estudios Indoeuropeos, ilegalizado en 2004. CiU denunció también las páginas de internet que están incitando “al asesinato del presidente del Gobierno y del president de la Generalitat”.

PNV y Amaiur El PP, que en el pasado no dudó en reclamar a la justicia públicamente que actuara contra la izquierda abertzale, ayer prefirió tomar distancias, aunque reconoció que también existe otra vía que pasa por que insten un procedimiento la Fiscalía o el Gobierno a instancias del Congreso. La iniciativa de CiU decayó con 23 votos en contra, 11 abstenciones y 5 a favor. El PNV la apoyó porque el Código Penal contempla el antisemitismo o la discriminación racial, de modo que un partido que defiende esos delitos no puede estar en el registro, según fuentes del grupo. Desde Amaiur explicaron a este diario que la izquierda abertzale no votó como tal, sino que llevó el voto delegado del Grupo Mixto, cuyos partidos le pidieron que avalara la iniciativa. Izquierda Plural votó a favor, y el PSOE se abstuvo por las garantías judiciales, aunque admitió que España ha sido “laxa” con la incitación al odio.