donostia - El equipo formado por los médicos Paco Etxeberria, Carlos Martín Beristain y Benito Morentín, y la jurista Laura Pego, presentó ayer las conclusiones de la primera fase de la investigación de la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013, estudio encargado por el Gobierno Vasco en el que se han recogido hasta la fecha 3.587 denuncias que en la segunda fase se van a verificar.

Las décadas con más denuncias de las 2.820 analizadas hasta el 31 de diciembre son las de los 80 y los 90 (con 914 y 687, respectivamente), y los cuerpos policiales más señalados son la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la Ertzaintza en tercer lugar a gran distancia de las dos fuerzas españolas (1.317, 1.114 y 271 casos, respectivamente). Por ahora se trata de una lista de casi 3.600 casos que, según adelantó Etxeberria, se incrementará en las próximas fechas “con toda seguridad”. La cifra de las denuncias, de las cuales 1.183 han sido ratificadas mediante declaración jurada de los denunciantes, contrasta con el número de sentencias firmes (20), el de personas condenadas (49) y el de víctimas reconocidas judicialmente (31).

El informe se ha basado, además de en testimonios más o menos prolijos, en otros 140 trabajos de instituciones como Amnistía Internacional, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, el Comité de la ONU contra la Tortura, el Ararteko, ayuntamientos y Lakua. Igualmente, han obtenido datos a través de asociaciones, colegios de abogados, Fiscalía, médicos y policía.

A partir de ahora, un grupo de psicólogos analizará la “consistencia y credibilidad” de las 3.587 denuncias y las nuevas que puedan llegar. Estos expertos, que trabajarán a lo largo de 2015, someterán los testimonios al Protocolo de Estambul. Como dijo ayer el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno, Jonan Fernández, “es muy difícil” probar la veracidad de las torturas. Para elaborar el informe se ha trabajado según una definición de la ONU de 1984. Aun así, para las conclusiones jurídicas definitivas y observar qué posibles delitos podrían haber prescrito ya, habrá que esperar al primer o el segundo trimestre de 2016, que es para cuando se espera que concluya finalmente el trabajo de investigación. Ayer se presentó simplemente el censo de denuncias, sin nombres y apellidos y sin entrar a valorar la verosimilitud de los casos.

Llamamiento Estos datos provienen de la primera fase de la investigación que lidera Paco Etxeberria, cuyo informe ha sido remitido al Gobierno Vasco y al Parlamento. El objetivo del estudio, que se basa en fuentes documentales, testimoniales y periciales, es “desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi y establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar”. Por esta razón, realizó un llamamiento a presentar su testimonio a aquellos que no lo hayan hecho “ni siquiera a sus hijos, porque no quieren recordar”. El médico forense reconoció el volumen bajo de denuncias de la época tardofranquista, el comienzo del periodo analizado, puesto que posibles víctimas ya han fallecido.

“Cada persona tiene su tiempo, hay personas que han podido quedar afectadas psicológicamente y no han sabido explicarlo ni en casa ni a los hijos. Quizás estemos en condiciones de rescatar esa información y no posponerlo a dentro de 50 años, cuando será imposible todo”, dijo Etxeberria, quien reconoció que “todo el mundo ha comprendido que hay una oportunidad de la mano del Gobierno Vasco para reunir esa información. Después habrá que pensar”.

Etxeberria contrastó dos ejemplos durante su intervención. Por un lado, el testimonio de un abogado que fue torturado en julio de 1975 e indultado tras la muerte del dictador Francisco Franco ese mismo año. Tal y como reveló el médico forense, únicamente ha podido recabar su propio testimonio, que lo envió al tener conocimiento de la investigación abierta en junio del año pasado.

Frente a esto, Etxeberria mostró una carpeta con prolija documentación, incluso con recortes procedentes de la prensa: “Es de una persona que fue torturada en 1981. Ya ha fallecido, pero dejó escrito para que un día se pueda saber la verdad. Esta persona fue un sacerdote torturado que él mismo se preocupó de recoger toda la documentación que existe, incluyendo los recortes de prensa y cartas que recibió de amenazas de muerte por denunciar las torturas tras ser detenido y ser puesto en libertad por la Audiencia Nacional sin cargos”.

De las 3.587 denuncias recogidas -entregadas al Gobierno Vasco y enviadas al Parlamento Vasco-, casi 3.000 habían sido clasificadas en las bases de datos el 31 de diciembre. A estas se están añadiendo las restantes hasta las 3.587, así como las nuevas que este equipo reciba. 1.183 afectados han ratificado su denuncia mediante una declaración jurada.

Territorio de detención

Gipuzkoa1.475

Bizkaia968

Araba151

Por cuerpo policial

Ertzaintza271

Guardia Civil1.174

Policía Nacional1.319

Policía Francesa21

Brigada Político Social11

Policía de México2

Mossos d’Esquadra2

Presentación judicial16

Policía Municipal3

Policía Militar1

Total2.820

Por décadas

1960138

1970474

1980914

1990687

2000540

201067

Total2.820

Más testimonios. El equipo que lidera Paco Etxeberria hizo un llamamiento a quienes aún no han dado a conocer su testimonio: “Dentro de 50 años, como pasa ahora con la memoria histórica, será imposible”. Los interesados lo pueden hacer en el teléfono 943 01 83 81 o en el correo electrónico torturaproiektua.ivac-krei@ehu.es.

El informe, disponible. En la siguiente dirección: http://www.irekia.euskadi.net/uploads/attachments/5899/Memoria_Proyecto_tortura_2014-3.pdf?1423217777