BILBAO. El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha considerado que el Tribunal Supremo debió haber consultado a Estrasburgo antes de decidir no computar a los presos de ETA las penas cumplidas en Francia.
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Calparsoro ha remarcado que actuar de este modo hubiese sido "más prudente" y ha recordado que para eso están las cuestiones prejudiciales.
Preguntado por la decisión del Tribunal Supremo de no computar conjuntamente las penas que se cumplen en España y Francia, Calparsoro ha recordado que la decisión no ha sido unánime, sino que ha habido "un división", lo que genera una expectactiva a ver "qué razones y fundamentos
tiene la decisión tomada".
"Por un lado es conforme a la posición mantenido por la Fiscalía del Supremo y, por otro, es verdad que hay una discusión, un espacio común de seguridad y justicia, y parece que las jurisdicciones de todos los países de la Unión Europa y las sanciones que se impongan en vía penal deben tener una consideración común", ha recordado.
En esta línea, Calparsoro ha recordado que España forma parte de la Unión Europea, donde hay "normas jurídicas que tienen obligatoriedad". "Si un estado no aplica una norma obligatoria para eso existen tribunales... estamos en un estado de derecho hay división de poderes y el legislativo tiene unos límites", ha incidido.
Por ello, y respecto a la posibilidad de que la decisión del Supremo se vea enmendada por los tribunales europeos, ha considerado que no hubiera venido mal "plantear una cuestión prejudicial", algo que está previsto en el tratado de la Unión Europea cuando "hay dudas de interpretación sobre una norma europea", y que, a su juicio, "hubiese sido más prudente".
JUZGAR EL TERRORISMO EN EUSKADI
Juan Calparsoro ha opinado hoy que todos los delitos que se cometen en Euskadi deberían ser juzgados en la Comunidad Autónoma, incluidos los de terrorismo, y ha recordado que la competencia de la Audiencia Nacional en ese asunto se fijó de manera "excepcional" y "transitoria".
Así, ha calificado de "llamativa" la operación de la Guardia Civil que se saldó con la detención de 12 abogados que defienden a presos de ETA, si bien ha dicho que, "si hay un procedimiento judicial, con la intervención de un fiscal" en la Audiencia Nacional hay que "confiar en su correcta actuación".
A su juicio, la queja del Consejo General de la Abogacía por esas detenciones es "lógica" para tratar de defender a los letrados que representa, pero ha pedido "esperar hasta ver qué delitos se les imputan a esas personas y qué pruebas hay contra ellos".
El fiscal Superior del País Vasco ha defendido que, una vez "desaparecida la presión" que representaba la amenaza terrorista de ETA, "parece lógico" que sea "el juez natural" -el órgano judicial que está más próximo a la comisión del delito-, el que resuelva esos casos y se logre así "un enjuiciamiento más justo".
Ha recordado que la competencia de la Audiencia Nacional respecto a los delitos de terrorismo "tiene un carácter de excepcionalidad y transitoriedad" y ahora, ha constatado, ya no existe la amenaza de ETA, "que en su día pudo justificar la competencia de ese tribunal".
De esa manera, ha concluido que los jueces y los fiscales que ejercen en el País Vasco están preparados para recibir ese tipo de causas.
