Bilbao - PNV y EA negaron ayer categóricamente haber cometido delito alguno en la contabilidad de sus partidos en el ejercicio de 2012, según supuestamente les atribuye el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, en su informe preliminar y que aún está a la espera de contraste por parte de los auditores de ese órgano fiscalizador. Estos supuestos delitos están basados en el informe “sobre los estados contables de los partidos políticos” del ejercicio 2012 que el Tribunal de Cuentas aprobó en junio pasado.
Los partidos aludidos por esas presuntas actuaciones que a juicio del fiscal podrían contener ilegalidades, PP, PSOE, PNV y EA -al cierre de esta edición, CDC y Unió, las otras dos formaciones que según González Soler habrían podido cometer delito, no se habían pronunciado-, desmintieron las acusaciones del informe provisional filtradas al diario El País y recordaron que respondieron a todas las dudas sobre su contabilidad en las alegaciones que presentaron en su momento al Tribunal de Cuentas.
Tras la publicación de las acusaciones, la fiscalía de dicho tribunal matizó que se trata de un documento interno, de “carácter preliminar”, y que el fiscal deberá valorar las respuesta de los auditores del Tribunal de Cuentas, por lo precisó que “todavía no se ha adoptado decisión definitiva alguna”.
En un comunicado, el PNV negó haber cometido “ningún delito de financiación ilegal ni de ninguna otra naturaleza, ni en 2012 ni en ningún otro ejercicio”, y recordó que el informe de Tribunal de Cuentas relativo a ese año y que fue aprobado el pasado junio “recoge y hace suyas las alegaciones presentadas” por los jeltzales.
En el texto del PNV se da respuesta a las tres presuntas irregularidades sobre las que el fiscal estaría investigando, según recoge el rotativo madrileño. Por lo que se refiere a la acusación de que el PNV no habría registrado ni declarado en su contabilidad unos ingresos de “4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca”, los jeltzales indican que hace referencia a la construcción en 2008 en Barakaldo, vía permuta, de un nuevo batzoki en el inmueble que ocupaba el viejo batzoki. “En la operación no hubo ningún intercambio de efectivo. La operación cuenta con todos los permisos y autorizaciones del Ayuntamiento de Barakaldo, gobernado por el PSE”, precisaron.
En alusión a lo que el fiscal califica de “maraña de sociedades mercantiles de cuyas operaciones puede derivarse un flujo revelador de financiación ilícita”, el PNV aclara que se hace referencia, entre otras, a las mercantiles que gestionan los batzokis en Iparralde y la creada -y ya disuelta- para comprar los terrenos de Foronda donde celebra el Alderdi Eguna. Los jeltzales explican que “el único fin de estas sociedades en las que participa radica en el sostenimiento de la actividad política, social y cultural del partido”.
Por último, y en referencia a la acusación del fiscal de que las cuentas del PNV “no son reales y no incluyen toda su actividad verídica”, los jeltzales argumentan tener “357 cuentas corrientes, con un saldo medio que no alcanza los 9.000 euros”. La formación de Sabin Etxea explica que se trata de las cuentas corrientes de los batzokis y de las Juntas Municipales que el PNV tenía en 2012. Además, recuerda que solo desde el 1 de enero de 2014 recoge la ley la obligatoriedad de incorporar a la contabilidad general del partido todas estas cuentas y contabilidades locales.
Ni pies ni cabeza Asimismo el secretario general de EA, Pello Urizar, afirmó que la atribución de delito fiscal por parte de este partido que hace González Soler “no tiene ni pies ni cabeza”. Según el fiscal, en las cuentas de 2012 de EA -integrado en la coalición Bildu desde un año antes- no figuran “todos los ingresos y los gastos”. Para Urizar estas manifestaciones son una “ligereza” cuyo objetivo es “querer meter” a su partido “en el mundo de la corrupción política”. Según aseguró, EA ha seguido “a pies juntillas” todos los dictámenes del Tribunal de Cuentas y en ninguno de ellos “se ha hecho mención a la posibilidad de que se haya cometido un delito fiscal”.
