PALMA. El recurso registrado en el juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear es de apelación, directamente ante la Audiencia de Palma, si bien el juez no decidirá si lo admite a trámite y lo traslada al tribunal provincial hasta la próxima semana, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El abogado Jaume Riutord ha acudido al juzgado a presentar el recurso de 24 páginas e informar personalmente al juez Castro de que ha sido registrado.
"Se ha presentado recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral y no voy a hacer ningún comentario en relación con el contenido del escrito", ha asegurado Riutord a su salida de los juzgados de Palma.
En cuanto a si Castro deberá pronunciarse o no sobre el contenido del recurso, Riutord ha asegurado "dependerá del juez instructor".
El juez Castro acordó el pasado 22 de diciembre abrir juicio contra 17 acusados del caso Nóos, incluida la infanta Cristina porque considera que hay indicios de que formó parte del presunto entramado corrupto en torno al Instituto Nóos.
El magistrado decidió la apertura de juicio contra doña Cristina solicitada por la acusación de Manos Limpias, que ejerce la acción popular y a quien considera legitimada para hacerlo aunque la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de la duquesa de Palma hayan reclamado el sobreseimiento de la causa para Cristina de Borbón en atención a la llamada doctrina Botín.
Castro argumentó en su resolución que, como había sugerido la Audiencia de Palma al mantener la imputación de la hermana del Rey, el caso difiere del que libró de juicio al banquero Emilio Botín porque la acusación pública y la representación de la Agencia Tributaria sí acusan al marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres de delitos fiscales.
En su opinión, considerar que solo Hacienda es perjudicada por el delito fiscal "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos".
El juez entiende que el delito contra Hacienda atenta contra un bien jurídico colectivo de interés general, como la propia Agencia Tributaria pone de manifiesto con lemas como "Lo que tú defraudas, lo pagamos todos", y que por tanto la acción popular está legitimada para sostener la acusación en un juicio.
La defensa de la infanta anunció el mismo día 22 que recurriría ante la Audiencia de Palma la decisión del juez porque, aunque el instructor la declaró firme, cree que su argumentación va más allá de lo que sería un auto propio de apertura de juicio oral.
