MADRID. Martínez está imputado indiciariamente por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude por conceder contratos al empresario valenciano Alejandro de Pedro Llorca "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León", según detallaba un auto del magistrado.
Entre los contratos investigados se encuentra el de la gestión de la estación de esquí de San Isidro. Además, según Velasco, el presidente de la Diputación leonesa "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos". De Pedro, por su parte, era la "cabeza" de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por el empresario David Marjaliza, supuesto cabecilla de la red.
De Pedro prestaba, según el juez, "servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares". Estos trabajos le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían "la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros" en lugares como Murcia, León y Madrid.
SIETE EN PRISIÓN
En el marco de esta operación permanecen en prisión incondicional el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, los empresarios "conseguidores" David Marjaliza y Alejandro de Pedro; el director comercial de la empresa Cofely, Pedro García; Ana María Ramírez, empleada de Marjaliza; y el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza (PP).
También está en la cárcel bajo fianza de 60.000 euros el exalcalde de Serranillos del Monte (Madrid) Antonio Sánchez, de la Unión de Demócratas Madrileños (UDMA).
