vitoria - Los presos encuadrados en el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en euskera) han decidido emprender la vía judicial para solicitar su traslado a cárceles vascas y denunciar lo que consideran “vulneración” de sus derechos humanos y penitenciarios. Los reclusos emprenden este camino judicial para acabar con la dispersión después de que Instituciones Penitenciarias denegara sus anteriores peticiones de traslado realizadas ante la dirección de las prisiones en las que se encuentran recluidos. Según señalaba ayer Europa Press, los presos recurrirán a un acuerdo adoptado por los jueces de Vigilancia Penitenciaria en 1994 que permite a los magistrados decidir dónde deben cumplir condena los reclusos cuando se demuestre que su traslado a otras cárceles -en este caso las alejadas de Euskadi- obedece a una “sanción encubierta”.
Los primeros recursos serán formalizados de forma individualizada por medio centenar de reclusos que presentarán sus escritos ante el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, en los que solicitarán su traslado a la cárcel alavesa de Zaballa.
Según afirmaron fuentes próximas a los presos, al emprender esta vía judicial consideran que tienen más posibilidades de ver atendidas sus peticiones que en la anterior ocasión en la que sus reclamaciones tuvieron como destino Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Además, al tomar la decisión de recurrir a la vía judicial, que no administrativa, en caso de que sus demandas sean rechazadas, los presos podrían recurrir a instancias superiores e incluso llegar hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, como sucedió con el caso de la doctrina Parot, derogada por este tribunal de Estrasburgo. En las peticiones individualizadas cada recluso explicará su “actual situación y su historial de dispersión”, especificando los diferentes traslados que han tenido a lo largo de su condena a cárceles alejadas de su lugar de origen.
La decisión ahora adoptada por los presos supone una segunda fase en sus demandas tras la emprendida el pasado mes de febrero. Entonces el EPPK anunció que iba a poner en marcha una campaña para pedir el acercamiento de los reclusos a través de peticiones individuales ante la Administración penitenciaria. A partir de entonces, comenzaron a plantearse las solicitudes, empezando por los reclusos enfermos y los que llevaban más años en la cárcel, para proseguir escalonadamente hasta extenderse a los casi 500 reclusos internos en cárceles de los Estados español y francés. Sin embargo, las peticiones realizadas ante los directores de las prisiones fueron todas ellas denegadas bajo el argumento de que ETA no se ha disuelto, a pesar de haber puesto punto final a su actividad armada y que los presos seguían “vinculados” en prisión a la organización armada. Los abogados de los reclusos adelantaron la posibilidad de que estos acudieran a la vía judicial, en concreto ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Paso positivo Tras conocerse la decisión adoptada por los reclusos, a juicio del portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, si finalmente se confirmara significaría un “paso positivo”. Entrevistado en el programa Araba Gaur, Erkoreka abogó por mantener la cautela hasta ver qué tipo de escritos presentarán los presos puesto que advirtió de que cabe la posibilidad de que remitan a los jueces más denuncias por su situación que solicitudes.
El portavoz del Ejecutivo de Gasteiz recordó que los presos ya anunciaron en diciembre del pasado año la asunción de la legalidad penitenciaria y su compromiso de actuar en ese marco e iniciar un proceso de solicitud de beneficios individualizados. No obstante, señaló que ahora el juez tendrá que analizar los escritos de forma individual y ver si, aunque sean individualizados, son iguales o no entre ellos.
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga valoró también de forma positiva la decisión adoptada por los presos y afirmó que a los partidos les toca ahora “acompañar los pasos de este colectivo desde una clave de proceso de paz y proceso democrático”. A juicio de Arzuaga, los presos cumplen de este modo con la palabra dada -en alusión al comunicado el EPPK de 2013- y recordó que la Cámara vasca se ha pronunciado en varias ocasiones contra la política de dispersión del Gobierno español. “Nos tenemos que bregar en derogar precisamente esa legislación de excepción que sustenta la propia dispersión porque es lo que una mayoría de este pueblo nos está demandando”, afirmó.
