Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz revela en un auto dictado ayer que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio pasado hasta alcanzar los 1,71 millones de euros. El magistrado señala, a partir de un informe de la Agencia Tributaria, que las obras de reforma de la planta baja, que se llevaron a cabo en 2006 -por lo que el delito fiscal podría haber prescrito-, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica “con fondos ajenos al circuito económico legal”.
Según el auto, solo una parte de estos fondos (184.000 euros) “habrían tenido reflejo” en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparece en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, “otra parte”, según el magistrado, “habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar”, tras lo cual se pudo aplicar “un descuento”.
En este nuevo auto, que es parte de la pieza separada del caso Gürtel en la que se investiga la contabilidad B del PP, Ruz apunta que la documentación incautada en la sede de Unifica presupuestaba las obras de la planta baja en 1.066.752,58 euros (IVA no incluido), mientras que la que se halló en Génova tras el requerimiento judicial de la sede reflejaba dos importes: uno por 586.709,38 euros (IVA no incluido) y otra que ascendía a 1.091.644,58 euros (1.066.752,58 de la obra y 24.892 más por el concepto “honorarios”).
El cotejo de la documentación requerida al PP y a la empresa que reformó su sede también constata “irregularidades” por parte de Unifica en la emisión de las facturas por las certificaciones finales de las obras de reforma en las plantas baja, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima. “La existencia de dos certificaciones finales para algunas obras de reforma, cuya diferencia no figura consignada en la factura, implicaría que no se repercutió sobre las mismas el IVA”, señala el juez recogiendo el informe de la Agencia Tributaria antes de apuntar que “las cantidades supuestamente percibidas fuera del circuito de facturación no se integraron en el resultado contable de los ejercicios considerados y, por tanto, no quedaron sujetas a tributación por el Impuesto sobre Sociedades”.
Facturas irregulares El informe de Hacienda que se incorpora a la causa también pone de relieve la “irregularidad” en la emisión de las facturas correspondientes a la reforma de las plantas segunda y séptima, en las que se han hallado “omisiones en la tributación por parte de Unifica”. El juez, que apunta en su auto que el delito fiscal sería atribuible al estudio de arquitectura, señala que el hecho de que la facturación se extienda a lo largo de varios periodos impositivos -unos que habrían prescrito y otros que no- hace que “en el momento actual” no resulte posible “cuantificar con carácter definitivo las cuotas tributarias en el Impuesto sobre Sociedades e IVA”.
Por eso, encarga un informe definitivo a la Agencia Tributaria en el que se determinen las “cuotas presuntamente defraudadas” por Unifica en relación con la liquidación por el Impuesto sobre Sociedades e IVA correspondientes a los ejercicios fiscales afectados por las obras.
Los hechos investigados, según recuerda el magistrado, podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, a la espera de los informes definitivos.
Cuenta en las Islas Bermudas Por otro lado, el juez Ruz ha ordenado el embargo de una cuenta abierta en el Butterfield Trust Limited de las Islas Bermudas que recibió, en agosto de 2009, una transferencia de 157.880 euros de una cuenta del Lombard Odier de Suiza relacionada con Bárcenas, aún encarcelado en la prisión de Soto del Real. Según explica el magistrado, el dinero fue transferido por orden del testaferro del extesorero del PP, Iván Yañez, desde una cuenta titularidad de su padre, Francisco José Yañez, y a la empresa Sun Secured Advantage. El magistrado ya había detectado en Estados Unidos el pasado marzo dos nuevas cuentas de Bárcenas, cuyas cuentas en el Estado español y Suiza están bloqueadas desde entonces. - E.P./Efe
En busca de pruebas. Los agentes policiales se llevaron cinco cajas de documentación del registro a la casa en Madrid del socio de Oleguer Pujol, hijo pequeño del expresident, y de la sede de la empresa Drago, de la que supuestamente se sirvió para blanquear, que ahora deberán analizar junto a todo el material informático extraído de los servidores de las quince empresas relacionadas con el hijo menor del matrimonio Pujol.
En torno a Drago Capital, de la que Oleguer fue socio hasta 2013, giran muchas de las pesquisas del juez Pedraz, ya que de esa sociedad se valió para varias operaciones investigadas, entre ellas la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander con un valor de 2.117 millones.
