Bilbao - Las prestaciones sociales establecidas en Euskadi para garantizar el mínimo vital de las personas más necesitadas y para ayudar a las familias protagonizaron ayer el pleno del Parlamento vasco. Una sesión en la que el lehendakari defendió la validez de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) pese a las críticas y la polémica actual por la devolución de cobros indebidos, y el consejero de Empleo y Políticas Sociales anunció el pago de los atrasos en ayudas a la conciliación familiar con cargo a los presupuestos de 2015 y posibles cambios para mejorar la efectividad de estas prestaciones.

Iñigo Urkullu y Juan María Aburto respondieron ayer en el pleno del Parlamento a varias preguntas sobre el control en el pago de ayudas sociales, las cartas remitidas por Lanbide a unos 10.000 perceptores para recuperar cantidades abonadas de más, el agotamiento de la partida destinada a la conciliación familiar y la dotación para Ayudas de Emergencia Social (AES). El consejero de Empleo y Políticas Sociales aprovechó su aclaración sobre la paralización -por agotamiento de la partida de 17,3 millones de euros consignada para este año- del abono de las ayudas a la conciliación para abrir una reflexión sobre sus criterios y objetivos. Aburto aclaró que el Gobierno Vasco no ha suprimido las ayudas a la conciliación, sino que, por una “carencia de recursos”, las solicitudes que no se han podido atender en 2014 se van a pagar con “retraso” y con cargo a la partida del próximo año.

El consejero cree necesario iniciar una reflexión sobre si las ayudas a las familias “deben ser en todos y cada uno de los casos y por todos y cada uno de los hijos”, ya que dijo tener “dudas” de que las ayudas por nacimiento del primer hijo sean “efectivas” para fomentar la natalidad. En su opinión, a finales de la legislatura Euskadi debería contar con una estrategia vasca de apoyo a la natalidad y a la familia.

la RGI Respecto a los requerimientos a perceptores de la RGI para que devuelvan más de 50 millones de euros que recibieron indebidamente en los ejercicios 2012 y 2013, el consejero de Empleo indicó que Lanbide ha recuperado en cuatro días 161.809 euros de los 53 millones en cobros indebidos de la RGI y ha pactado la devolución de otros 679.735 euros. Juan María Aburto especificó que 305 personas han devuelto a través de pagos únicos directos un total de 161.809 euros y otras 727 personas han acordado formulas de devolución como pago fraccionado o compensaciones en nómina. Hasta el momento algo más del 10% de los perceptores requeridos por Lanbide han respondido de manera satisfactoria.

También el lehendakari se refirió a este proceso de recuperación de dinero y aunque reconoció que “es necesario incrementar el control de las ayudas sociales porque supone más justicia social”, quiso dejar claro que no existe “fraude generalizado” en la RGI. En respuesta a una interpelación de Laura Garrido (PP) sobre lo que ella denominó el “fracaso” de la gestión de la RGI de Lanbide, Iñigo Urkullu censuró la “campaña” de “cuestionamiento general del sistema vasco de protección social” que, a su juicio, ha emprendido el PP vasco y dijo que “el Gobierno Vasco y Lanbide no van a bajar la guardia” y van a seguir trabajando “para aumentar el control y reducir los abusos si los hubiere, en un marco de colaboración con todas la instituciones”.

El lehendakari criticó las declaraciones de “altos responsables” del PP que establecen una relación directa entre el fraude en las ayudas sociales y la inmigración “sin aportar prueba o dato concreto que contribuya a atajar este fraude” y reiteró su apuesta por “mejorar el control de las ayudas y luchar contra el fraude” al tiempo que rechazó “reducir el Estado de bienestar y la cobertura social en Euskadi”. “Controlar las ayudas, sí; suprimir las ayudas, no”, afirmó en el pleno.

En respuesta a una pregunta formulada por la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, para que el Gobierno aclare si va a aumentar la partida ya agotada de las AES, Urkullu explicó que a diferencia de la RGI, estas ayudas no son subjetivas sino que se trata de ayudas complementarias que nacieron con una “vocación puntual” y recordó que en 2014, la partida de las AES asciende a 20,5 millones de euros, un 18,4% más que lo presupuestado hace dos años.

Reclamación. Lanbide envío cartas informativas a alrededor de 10.000 perceptores de RGI para reclamarles “cobros indebidos” realizados en 2012 y 2013 por unos 50 millones de euros.

Recuperados. Según dijo ayer Juan María Aburto, ya han sido recuperados 841.545 euros de los “cobros indebidos” en la RGI de 2012, cobros que se han realizado por pago directo bancario o un fraccionamiento en nómina.

El lehendakari recordó que en sus 25 años de vigencia el sistema “ha mantenido su espíritu” de “solidaridad y consenso político”.

El lehendakari la prometió, “siempre que tengamos capacidad presupuestaria para hacerlo”.

El decreto de ayudas a la conciliación continúa en vigor y el Ejecutivo responderá a las solicitudes presentadas este año.