GAsteiz - Era una decisión que estaba cantada. Tal como lo había anunciado, al fiscal Anticorrupción Pedro Horrach apenas le bastaron 24 horas para presentar un recurso de 63 páginas contra la imputación de la infanta Cristina por su implicación en el caso Nóos. A juicio de Horrach, la decisión del José Castro -juez instructor del caso, otrora fiel aliado suyo- de mantener la imputación de la hermana del monarca español está basada en meras conjeturas, por lo que considera que el auto emitido por el magistrado sufre “una contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación”.
Desde el mismo momento en que Castro anunció su intención de imputar a la mujer de Iñaki Urdangarin, el fiscal Anticorrupción mostró su posición contraria y anunció la interposición de un recurso si finalmente Cristina de Borbón aparecía como imputada. El juez Castro cerró el pasado miércoles la instrucción del caso con la imputación de 16 personas, entre ellas la infanta Cristina, a la que acusa de dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo, lo que podría acarrear una pena de 16 años de prisión. Apenas 24 horas después, Horrach presentaba el recurso, que solo afecta a la hermana del rey.
Para el fiscal Anticorrupción, el juez ha construido un “andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez” porque, a su entender, basa la imputación en tres circunstancias que considera de “nulo valor incriminatorio”: que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa, que poseen al 50%. El fiscal defiende que no hay testimonios que involucren a la infanta en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran en torno a Urdangarin y su socio Diego Torres, por lo que asegura que considerar a la infanta Cristina administradora de hecho de Aizoon es “una especulación puramente teórica y retórica”.
Interferencias mediáticas Recalca el fiscal en su recurso que en el ejercicio del derecho penal “no cabe admitir ningún tipo de presunción de participación por la mera convivencia conyugal”. En relación a los dos delitos fiscales, Horrach critica la ambigüedad, indefinición y contradicciones de esta imputación. También niega que existan datos para atribuirle a la infanta un delito de blanqueo por las cantidades que pudo gastar derivadas de delitos fiscales de su esposo, ya que los fondos son de escasa cuantía y pueden corresponder a los ingresos legítimos de Urdangarin.
En el escrito, el fiscal Pedro Horrach acusa al magistrado de actuar influido por las conjeturas de la prensa. En concreto, señala que el juez Castro vierte en el auto insinuaciones “que son un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental”. El fiscal va más allá e ironiza con la actuación del magistrado al señalar que “la realidad no vende” por lo que , a su entender, “la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias resulta anodino a efectos comerciales”. Además, otra de las graves acusaciones que se vierten en el escrito del fiscal hace referencia al hecho de que el magistrado José Castro se ha convertido en juez y parte al mantener la imputación de la infanta. “Es material e intelectualmente imposible instruir y no prejuzgar, instruir sin convertirse en parte; es imposible instruir y simultáneamente ser el órgano valedor de las garantías de los derechos de las partes”, subraya.
Fácil de preparar Tras presentar el escrito de recusación, el fiscal mostró su total confianza en que la Audiencia Provincial de Baleares revoque la resolución judicial del juez Castro. “Por supuesto que confío en que la Audiencia estime mi recurso. Decidirá lo que tenga a bien”, remarcó Pedro Horrach, quien manifestó que el recurso lo presentó solamente 24 horas después del auto del magistrado, “era muy fácil de preparar porque las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento por el juez han ido encaminadas hacia el mismo sentido”.
Por su parte, el magistrado se dio por enterado del recurso presentado por la Fiscalía, pero se negó a realizar ningún tipo de valoración pese al acoso mediático al respecto.
